domingo, 11 de marzo de 2018

¿Solo Vizcarra salvará al Perú? Vacancia presidencial abrirá debate de fondo

Si PPK ya está 'quemado', el truco es dejar la posta a Martín Vizcarra para salvar el modelo económico.

Marzo 2018: por segunda vez el Frente Amplio propuso vacar al presidente peruano por mentirle al país.

Por: Fernando Gutiérrez
11 de marzo, 2018

Ahora resulta que todo el debate generado en torno a la segunda moción para vacar a Pedro Pablo Kuczynski (PPK), se resume en la necesidad de convencer al primer vicepresidente, Martín Vizcarra, para que no renuncie y asuma la conducción del país hasta el 2021.

El más incisivo en este pedido (que más parece ruego) es César Hildebrandt, quien le dice: “Usted es un hombre de clase media que va a llegar al poder porque su presidente defeccionó. Usted no le debe nada ni a la izquierda ni a la derecha. Haga el gobierno moderado que le salga de los forros. Moderado y limpio.”

Qué es para Hildebrandt un gobierno “moderado y limpio”? Que Vizcarra se aparte de los empresarios corruptos y también de los “caviares”, cuyo “voluntarismo confuso” los lleva a la “antiminería fanática”. Le recomienda que dialogue para encarar los conflictos sociales pero que también imponga autoridad y mande a la cárcel a quienes protestan bloqueando carreteras.

En otras palabras, Hildebrandt quiere que Vizcarra sea un “PPK honesto”, un presidente neoliberal de centro, firme y sin “anticuchos”. Esa es la receta que se está vendiendo en los medios de comunicación, en ciertas esferas empresariales y en el propio Congreso ante la eventualidad de que vaquen a Kuczynski.

SALVAR EL MODELO

Aunque son antípodas políticos, César Hildebrandt y Keiko Fujimori coinciden en el asunto Martín Vizcarra. Es obvio que la “primera dama de la dictadura” quiere castigar al presidente por encono, pero sin renunciar a salvar el modelo privatizador y extractivista que inició su padre. Y Vizcarra debe servir a ese doble propósito.

Un plus para Keiko sería que Vizcarra ayude a congelar las investigaciones por lavado de activos que comprometen a toda la llamada “clase política” y a sus partidos.

Sin embargo, la procesión va en otro sentido en el espíritu de las mayorías marginadas del país. 28 años de la receta neoliberal ya hartaron a un gran sector de la ciudadanía, eso es lo que expresan las tres últimas elecciones presidenciales.

Con el destape de la corrupción Odebrecht, este hartazgo se ha convertido en indignación generalizada, al punto que tres nuevas frases se van posicionando en el imaginario popular: “caiga quien caiga”, “que se vayan todos” y “adelanto de elecciones”. Y no es para menos si consideramos que el pueblo sabe ahora que los seis últimos presidentes del Perú y casi todos los políticos conocidos fueron “comprados” por transnacionales brasileñas.

Por ello, la crisis política actual no es solo de gobierno. Lo que está haciendo agua por todos lados es el marco jurídico neoliberal y el régimen que lo sustenta. Amplios sectores populares cuestionan la Constitución de 1993 y la alianza de fuerzas políticas, empresariales, mediáticas, religiosas y militares que dan soporte al modelo ha perdido credibilidad.

Más de lo mismo no es el camino para resolver los problemas acumulados en las tres décadas recientes, pese a los altos rangos de 'crecimiento' alcanzados y que ya no se repetirán.

El esfuerzo por investigar y sancionar a los cinco ex presidentes y al actual, por ser parte de la corrupción de Odebrecht, tampoco bastará para restituir credibilidad y estabilidad al modelo económico y al régimen.

En este marco, algunos sectores de la derecha neoliberal y del empresariado que entienden la magnitud del desastre político en ciernes, apelan al viejo truco de acusar a quienes promueven la vacancia de pretender hacer estallar el “sistema democrático”.

Otros, más hábiles, tratan de entonar con este adverso estado de ánimo ciudadano y se suman al pedido de vacancia o le solicitan públicamente a PPK su renuncia (Keiko Fujimori). El congresista Roberto Vieira, por ejemplo, hace campaña para que renuncie PPK y se adelanten las elecciones, sus tuits en internet logran miles de likes.

LEGITIMIDAD ES LA CUESTIÓN

En lo que respecta a la continuidad o no de PPK como presidente de la república, algunos analistas como Carlos Chipoco han logrado poner el dedo en la llaga: se trata de la legitimidad del gobierno ppkausa. El gobierno actual no solo ya perdió la confianza ciudadana por la incapacidad demostrada sino que, además, está cuestionado moralmente por las mentiras descubiertas a PPK. Y, por tanto, lo que corresponde es devolver el protagonismo a la ciudadanía para que esta solucione el problema de falta de legitimidad de la representación nacional con nuevas elecciones generales.

Entonces, el verdadero sentido de la vacancia de PPK consiste en poner fin a un gobierno ilegítimo. Y devolver a la ciudadanía su derecho a elegir un nuevo gobierno que realmente represente los intereses populares y del país. Insistir en que Vizcarra asuma la presidencia hasta el 2021, es ponerse de espaldas al derecho ciudadano a ser bien representado.

SALIDA DE FONDO

La población necesita acceder a un debate sobre las causas de fondo que han llevado a la actual corrupción y a la no atención, por décadas, de reclamos sociales de todo tipo, en especial contra proyectos extractivos que dañan las fuentes de vida, por los bajos salarios y la falta de empleo, por la mala calidad de la educación y de los servicios de salud, la ausencia de previsión ante los desastres climáticos, contra la corrupción, la inseguridad y por el no castigo a violadores y corruptos, entre otros.

El adelanto de las elecciones generales abriría un proceso de protagonismo popular y ciudadano muy propicio para debatir el asunto de fondo: el cambio de Constitución y de modelo de desarrollo.

De ese modo, la propuesta de elegir una asamblea constituyente plurinacional para aprobar una nueva Constitución de todos los pueblos, adquiriría un gran potencial revolucionario de cara al cambio climático y frente al predominio de las transnacionales, empalmando con las nuevas rebeliones sociales que sacuden el actual orden capitalista-colonial global en varias regiones del mundo.

viernes, 30 de septiembre de 2016

Comunidades afectadas por Las Bambas demandan diálogo directo

Foto: Gonzalo Castañeda.

Por: Fernando Gutiérrez
47 comunidades quechuahablantes de Cotabambas y Grau, en la región Apurímac, reclaman por los daños ambientales y económicos que les está ocasionando el megaproyecto minero Las Bambas de la empresa transnacional china MMG Limited.
Los problemas se han agudizado con el inicio de la fase de explotación y el transporte del mineral cobre en pesados camiones que levantan polvaredas infernales y atraviesan los territorios comunales sin permiso de los campesinos.
BURLA A LA CONSULTA PREVIA
El malestar de las comunidades se debe también a los cambios que se hicieron al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Las Bambas sin cumplirse con el requisito de la consulta previa.
El gobierno de Ollanta Humala creó la figura del “Informe Técnico Sustentatorio” con el propósito de evadir la consulta y aprobar, en tiempo récord, los pedidos de cambio a los EIA que presenten las empresas dueñas de concesiones extractivas.
Una de las cuatro modificaciones solicitadas por Las Bambas, autoriza el traslado de la construcción de las plantas de molibdeno y de filtros de Espinar a Cotabambas, con lo cual crece el riesgo de contaminación ambiental en esa provincia.
Otro cambio importante cancela la construcción del mineroducto que iba a servir para enviar el concentrado de cobre hacia el Cusco (Espinar). Ahora unos 300 camiones de gran tonelaje cruzan, casi a diario, los caminos comunales sin asfaltar, contaminan el aire y alteran el apasible paisaje rural.
A nueve meses de haberse iniciado la fase de explotación del proyecto, las familias del distrito de Challhuahuacho denuncian que la mina está contaminando el río del mismo nombre y disminuyendo su caudal, afectando al ganado y a las cosechas.
16 familias del caserío de Taquiruta, de la comunidad de Fuerabamba que ya fue trasladada a Nueva Fuerabamba, se niegan a salir hasta que la empresa les pague “lo justo” por sus mil hectáreas de terreno.
Las familias campesinas están acostumbradas a vivir en casas distantes unas de otras, en medio del campo y en construcciones semi enterradas para evitar los vientos helados a 3,800 msnm. Sin embargo, han sido llevadas a residir en bloques de casas de cemento de dos pisos, expuestas a las bajas temperaturas y alejadas de sus chacras, pastizales y ganado.
La población tiene que soportar las explosiones diarias que construyen el tajo abierto Ferrobamba, en Fuerabamba, que crece y devora cerros, campos, cultivos, corrales, caminos y nacientes de agua. El proyecto contempla otros dos tajos más: Chalcobamba y Sulfobamba. La concesión minera cubre un total de 35 mil hectáreas.
DAÑOS NUNCA IMAGINADOS
La multimillonaria inversión que supone el proyecto minero Las Bambas había despertado grandes esperanzas en esta región ubicada en el sur alto andino del Perú, una zona de pobreza endémica y abandono estatal centenarios.
Pero los pobladores nunca pudieron imaginar los daños que ocasiona una mina de enorme envergadura. Al parecer, se estaría produciendo un cambio sustantivo en el sistema de vida de estos pueblos, debido al corte abrupto con sus fuentes de subsistencia tradicionales y la alteración de su base cultural y social.
La mina ha significado un veloz crecimiento urbano de Challhuahuacho y un movimiento comercial y elevación de precios inusitados, que hacen inalcanzables para muchas familias y jornaleros los productos de primera necesidad. La salud, educación y movilidad también se vienen encareciendo.
Las fiestas costumbristas han sido transformadas en eventos comerciales por la empresa minera, cuyos gerentes contratan orquestas de moda, regalan cientos de cajas de cerveza y traen prostitutas para los solteros.
En Fuerabamba, Qoylluqui, Tambulla, Chuicuni y otras comunidades de Challhuahuacho es notoria la división que alienta la empresa minera, enfrentando a comuneros contra comuneros, lo cual debilita la organización social y daña su espíritu colectivista y solidario.
REEVALUAR LAS BAMBAS
Ante esta complejidad de serios problemas, el Estado tiene que asumir la protección de los pueblos originarios y reevaluar la continuidad de Las Bambas en diálogo directo con las comunidades. Sin embargo, hasta ahora el gobierno nacional actúa de espaldas a los reclamos desesperados que vienen desde las alturas de Cotabambas y Grau.
En el último lustro tanto el Ejecutivo como el Parlamento han venido aprobando nuevas normas para facilitar el ingreso y despojo de tierras por parte de los grandes inversionistas. Los dueños de Las Bambas están entre los principales beneficiados por estas nuevas medidas que buscan “atraer la inversión extranjera”.
Las autoridades judiciales han puesto en práctica un plan incriminatorio contra centenares de comuneros por haber dirigido o participado de las protestas, pese a que el artículo 149 de la Constitución les reconoce funciones jurisdiccionales “dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario”.
En junio de este año la Sala Penal Liquidadora de Abancay abrió juicios contra 34 comuneras y comuneros de Cotabambas y Grau, para quienes el fiscal pide 35, 30 y 6 años de cárcel, según el caso, por las protestas realizadas hace cinco años en Challhuahuacho, acusándoles de secuestro, disturbios, entorpecimiento de servicios públicos, daños al Estado y robo agravado.
Unos 300 comuneros más están siendo citados para abrirles procesos judiciales por los acontecimientos luctuosos del 2015, que dejaron tres personas muertas y numerosos de heridos por disparos de bala de la policía.
DIÁLOGO DIRECTO
Las 47 comunidades solicitan al Ejecutivo la apertura del diálogo directo, el cese inmediato de los daños ambientales, reparaciones económicas, la anulación de los cambios inconsultos al EIA de Las Bambas y el corte de todos los procesos judiciales.
La Mesa de Diálogo formalizada por el gobierno central el 8 de setiembre con la resolución ministerial Nº 187-2016-PCM, no garantiza la participación plena de las comunidades como sujetos de derecho e identidad propia; las disuelve en el rubro “sociedad civil organizada”, lo cual constituye una actitud discriminatoria y de rebelión contra las normas internacionales de pueblos indígenas.
Un soplo de democracia viene desde la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, que preside María Elena Foronda Farro, de la bancada del Frente Amplio. La Comisión sesionará el 11 y 12 de noviembre en el departamento de Apurímac, para escuchar a las comunidades y poblaciones en conflicto con el proyecto Las Bambas, así mismo se informará en directo de la situación real de la minería ilegal y de las carencias que existen en agricultura, agua, saneamiento, salud y educación.
Para el caso del Perú, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que forma parte del cuerpo constitucional peruano desde 1995, ordena la consulta previa, el consentimiento informado, la participación permanente, la compensación justa por daños y el desarrollo de las comunidades como objetivo supremo de todo proyecto que el Estado planee ejecutar en territorios comunales.
Ninguna norma de menor jerarquía puede evadir, impedir o desconocer el ejercicio de estos derechos que asisten a las comunidades campesinas y nativas y son parte del sistema de derechos humanos universales avalados por las Naciones Unidas.
Lima, 30 de setiembre de 2016


miércoles, 23 de diciembre de 2015

Hugo Blanco: el Frente Amplio debe atraer el voto de quienes están contra el sistema, no conciliar con este


Hugo Blanco en taller de trabajo con dirigentes ronderos de Chota.

La borrachera electoral

Por: Hugo Blanco Galdós


Cada 5 años el sistema capitalista que nos oprime, nos aparta de nuestra lucha defensiva para que, supuestamente, elijamos a quienes nos van a gobernar.

Esto naturalmente que es falso. Quienes gobiernan el mundo son la grandes compañías transnacionales a través de sus sirvientes: presidentes, mayorías parlamentarias, Poder Judicial, Ministerio Público (fiscales), Policía, Fuerzas Armadas, grandes medios de comunicación, etc.

Jamás van a permitir suavemente que el pueblo les arrebate el poder.

A veces, cuando el pueblo se rebela contra los opresores, estos permiten que entren gobiernos llamados “progresistas” (Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina), que recortan privilegios de las grandes empresas gobernantes, pero garantizan la continuación del sistema; luego de un tiempo, como no se puede hacer una revolución a medias, estos gobiernos se desprestigian y vuelve la derecha, sirviente leal del gran capital, a gobernar. Esto lo estamos viendo en Venezuela y Argentina.

En el Perú todavía estamos muy lejos de sacudimientos populares como los que hubo en Venezuela, Bolivia, Ecuador. Por lo tanto, las empresas transnacionales no tienen que aceptar un gobierno “progresista”.



Pueblo de Pomalca, guiado por los trabajadores azucareros, lucha contra el Grupo Oviedo que se apropió de gran parte de sus tierras ahora privatizadas.

Las encuestas muestran que el pueblo no confía en el gobierno, ni en el parlamento, ni en jueces, ni fiscales.

También muestran que la mayoría no sabe por quién votar.

El próximo gobierno será uno de los corruptos conocidos: Fujimori (si gana Keiko, saldrá de la prisión al Palacio de Gobierno), Alan García (quien, entre muchas otras cosas, masacró al pueblo en Bagua y otros lugares y dio libertad a narcotraficantes que pagaron millones). Kuczinski (norteamericano yerno de un jefe de la CIA, organismo yanqui encargado de buscar y matar luchadores antimperialistas). Toledo (que inexplicablemente se hizo de millones durante su gobierno). Y otros por el estilo.

FRENTE AMPLIO

Jorge Agurto, director del valioso periódico virtual indígena, Servindi, manifiesta: “La única opción ante tanta corrupción del sistema es el Frente Amplio”.

Estoy de acuerdo con él, creo que tenemos que esforzarnos para que obtenga la mayor votación posible, para ello debemos colaborar todos, principalmente, la candidata Verónika.

Señalo mis discrepancias con sus posiciones, que precisamente debilitan la firmeza de rebeldía ante el sistema corrupto que debe tener. Debe mostrarse contraria al sistema, no complaciente con él.

En primer lugar, una opción anti sistema tiene el deber de señalar claramente que este no será derrotado por la vía electoral, que la vía para desplazarlo es la lucha social. Eso no es contradictorio con la participación electoral, señalo el ejemplo de cuando fui candidato a la Asamblea Constituyente: no usé el espacio gratuito que teníamos los candidatos para hacer propaganda electoral, para todo lo contrario, para señalar que la vía para responder al ataque que hizo el gobierno de Morales a la economía popular, debía ser respondido por el esfuerzo para que el paro convocado por la CGTP fuera exitoso, que votaran por cualquiera, pero la unidad debía darse en el terreno de la lucha. Como muestra de que ese llamado indignaba al sistema, a las pocas horas estuve preso y fui enviado con otros opositores al gobierno, a un cuartel antisubversivo de Argentina para que nos liquidaran (si eso no se realizó fue gracias a que un periodista publicó la foto del avión militar peruano en una base antisubversiva argentina).

Precisamente fue mi posición anti electorera la que logró que fuese el izquierdista más votado, estando yo en el exilio.

La fundamental tarea de la campaña debe ser la educación del pueblo.



La lucha por el agua y la vida en Cajamarca tiene como objetivo poner fin a la megaminería y a los proyectos hidroenergéticos sobre el río Mantaro.













¿Cuál es la situación actual?

Hay un ataque fuerte de las empresas transnacionales mineras a la naturaleza y a la población peruana, la gente lucha en defensa del agua y la vida. No basta una declaración genérica de que desde el gobierno del Frente Amplio se revisará la política minera. Sé que la gente del Frente Amplio en las zonas afectadas trata el tema. Verónika Mendoza debe estar en las manifestaciones de Cajamarca exigiendo ¡Conga no va! Debe ir a Islay a declarar ¡Fuera Tía María!

Precisamente Servindi señaló que el gran tesoro peruano es su biodiversidad.

El tesoro explotado por Costa Rica es su naturaleza (mucho menos variada que la nuestra), por eso en ese país está prohibida la minería a cielo abierto. También en algunas provincias argentinas existe esa prohibición

¿Por qué? Porque la minería a cielo abierto es destructora: consiste en explosionar 4 toneladas de roca para extraer un gramo de metal usando grandes cantidades de agua con cianuro. Esa agua envenenada ya no sirve para el uso directo, ni para la agricultura o ganadería. Por lo tanto no podemos decir “Cuando estemos en el gobierno veremos”, hay que condenarla desde ya. Es el principal ataque al Perú actual. Es un honor que nos llamen anti mineros. A los únicos que beneficia la minería a cielo abierto es a las grandes empresas y a sus sirvientes, las autoridades.

El compañero Marco Arana me informa que los pueblos Awajún y Wampis, víctimas de la masacre de Bagua, han decidido en asamblea, postular a uno de sus apus al Congreso por el FA de Amazonas. Me parece excelente. Inmediatamente debe ir Verónika donde ellos y desde ahí manifestar públicamente que apoya la decisión de los Wampis de declarar gobierno autónomo. Eso es estar contra el sistema, su actitud le atraería el repudio de los medios del sistema, pero atraería más votos de la gente de abajo.



Los pueblos originarios Awuajún y Wampis buscan autogobernarse.




















La agroindustria, en manos de empresas transnacionales, ataca fuertemente a la naturaleza, pues aplica el monocultivo, a diferencia de la agricultura familiar que practica la rotación de cultivos y los cultivos asociados. Además la ataca con el uso de fertilizantes químicos, insecticidas y herbicidas químicos. Quita agua de la agricultura familiar que trabaja para alimentarnos en forma saludable, para cultivar alcachofas y espárragos que envía a Europa y Estados Unidos. Las autoridades a su servicio han emitido una ley en favor de la agroindustria que quita derechos a los obreros agrícolas.

Verónika dice que no tiene nada en contra de ella. El pueblo peruano en general y los campesinos en particular, sí tienen mucho en contra de la agroindustria depredadora, ladrona del agua y opresora del proletariado agrícola. Los miembros del Frente Amplio de Huancavelica exigen, al igual que yo, que Verónika condene la agroindustria, pues les quitaron el agua. El uso del agua de sus ríos por ellos, es considerado delito, pues esa agua debe ir para la agroindustria de Ica.

La privatización de las pensiones que eran una función estatal la impuso en Chile la dictadura de Pinochet, impuso las AFP. Esa maniobra neoliberal la copió el Perú. Verónika Mendoza las acepta, no plantea que vuelva a ser una función estatal. Eso debilita el apoyo popular al Frente Amplio.



Los "Espartambos" en Islay alientan la resistencia de su pueblo agrícola al proyecto Tía María.











Otro aspecto que debilita la candidatura mostrándola complaciente con la corrupción, es manifestar que desde el interior corrupto de la dirección policial surja una comisión para combatir su corrupción, además de aumentar el sueldo de los policías.

Lo que debemos plantear es que sean las rondas campesinas y rondas urbanas, juntas de vecinos, o como se llamen, quienes se ocupen del orden interno.

Me refiero a que sea la propia población quien designe de su seno, a los encargados del orden interno. Sabemos que a veces se cometen arbitrariedades, precisamente la única garantía para que ellas no sucedan, será la sociedad organizada y vigilante.

En el congreso del Frente Amplio estuvieron ronderos exigiendo que se les tome en cuenta, desgraciadamente eso no sucedió. Como señalé fue el candidato derechista quien habló de las rondas.

El pueblo peruano sabe y repudia la corrupción de jueces y fiscales. Precisamente debido a ese descontento el FA debiera plantear que los jueces y los fiscales sean elegidos por el pueblo y revocados por él. Ese planteamiento democrático haría que suba la votación por el Frente Amplio. El planteamiento de Verónika debilita el apoyo popular al Frente.

Respondo al compañero Agurto que mi empeño es lograr diferenciar al Frente Amplio de todo el charco electorero. No ha de lograr mayor votación metiéndose en él, sino precisamente diferenciándose de él.

Otra de mis discrepancias es organizativa:

El congreso del Frente Amplio debió haber servido para debatir y decidir el programa. Además para señalar la forma de elección de los candidatos. También para debatir el problema económico, sobre la financiación de la campaña.

Sin embargo lo único que se votó fue que el candidato a primer vicepresidente sea el compañero Marco Arana.

Todo lo demás lo decide la todopoderosa Comisión Permanente, compuesta por personas que poco o nada tienen que ver con las luchas sociales. La burocratización ha hecho mucho daño a los movimientos sociales, debemos desterrarla, sustituirla por la democratización. Como dicen los zapatistas, los de abajo mandan, los elegidos para representarlos, obedecen.

(Nota.- Escribí algo para los miembros del Frente Amplio esperando que lo debatieran internamente. Alguno de los compañeros le dio a Fernando Gutiérrez y él, sin mi autorización, lo hizo público. Mi hija, que maneja mi facebook lo puso en él).***

Una de las cosas que criticaba era el requisito de dar MIL SOLES para ser precandidato, con lo cual se impedía que los luchadores sociales que lograron la inscripción de Tierra y Libertad fuesen candidatos. El compañero Marco Arana aclara que ese dinero es para la campaña. Es coherente que cada candidato (no precandidato) pague su campaña, pero no se entiende por qué tendrá que pasar por manos de la “Comisión Permanente”.

Hay otro obstáculo adicional: se ha dispuesto que en el transcurso de una semana, en estas fiestas navideñas, los precandidatos de Lima reúnan 500 firmas de respaldo hasta el 28 de diciembre.

Temo que la capitulación programática y los mencionados obstáculos tengan como objetivo abrirse a la alianza con sectores no revolucionarios.

Estoy en contra de eso, considero que el Frente Amplio debe ser coherente con su proposición de ruptura con el neoliberalismo y atraer el voto de quienes estamos contra el sistema, no conciliar con este.

Diciembre de 2015

Texto tomado de <http://servindi.org/actualidad/146159>


***Aclaración: el texto que titulamos "Hugo Blanco: en la campaña de Vero no he escuchado una palabra de denuncia a la minería depredadora" no lo recibimos de ninguna persona, fue tomado de una página de facebook, cuya fuente citamos como corresponde. Al ser tomado de una página pública no creímos necesario solicitar permiso al autor para republicarlo.

domingo, 20 de diciembre de 2015

Hugo Blanco: en la campaña de Vero no he escuchado una palabra de denuncia a la minería depredadora

El Frente Amplio debe usar la campaña electoral para decirle al pueblo que solo su propia lucha colectiva logrará su liberación
Por: Hugo Blanco

Hugo Blanco y Máxima Acuña.

Asistí como invitado al congreso del Frente Amplio [FA]. Como simpatizante de él, aporté con mis opiniones en un volante. En él manifestaba que, en mi opinión, su principal tarea era usar la campaña para educar al pueblo acerca de que la forma de liberarse de la opresión no eran las elecciones, sino la lucha social directa realizada por la gente oprimida en su conjunto.

jueves, 1 de octubre de 2015

Ollanta Humala acumula setenta muertos en su haber por conflictos con la minería

Ni un muerto más
El megaproyecto minero Las Bambas ya empezó a mostrar las garras. El conflicto generado por cambios inconsultos al Estudio de Impacto Ambiental de esta concesión extractiva, fue respondido con la brutal represión policial y militar que dejó cuatro muertos y una treintena de heridos.
El gobierno de Ollanta Humala suma cuatro casos más a su larga lista de asesinatos a manos de las fuerzas del orden por problemas con la actividad minera en el país. La cifra total se acerca a las setenta víctimas fatales y a casi dos mil heridos.