Insurrección de los 'choros' en La Victoria

Por: Fernando Gutiérrez

Quienes en la vida hemos tenido la oportunidad de educarnos y contar con un ingreso regular, bien ganado por cierto (no incluyo a los corruptos y explotadores), debemos saber mantener una actitud ética ante la vida.

Toda muerte nos debe doler, como a nuestro poeta César Vallejo. No debemos dejarnos envilecer por quienes justifican las muertes desde uno u otro lado.

Los ‘choros’ justifican hasta su propia muerte porque no tienen autoestima, por ello están dispuestos a matar al prójimo para robarles. Los políticos corruptos y empresarios ambiciosos igual, como lo hemos visto en Cajamarca, aceptando la muerte de campesinos en nombre del orden y el principio de autoridad, cuando en realidad lo aprueban para asegurar sus negocios privados.

La experiencia personal ingrata que uno haya podido tener con los delincuentes explica que se les tenga rechazo y hasta odio, pero ese sentimiento justificado no es un argumento válido para desearles la muerte y menos alegrarse por ello.

Esta vez los policías felizmente no sufrieron ninguna pérdida irreparable, aunque es repudiable el ensañamiento que hemos visto contra los que cayeron de sus caballos.

La delincuencia es producto de la vileza del sistema económico y social que las elites dominantes mantienen y recrean para perpetuar su poder sobre el conjunto de la sociedad. Si no se toma en cuenta esto, entonces preparémonos para ver de nuevo, una y otra vez, hechos de violencia como los acaecidos en La Parada.

La oportunidad para empezar a cambiar gradualmente esta situación se abrió ahora. Todo el Perú ha puesto sus ojos en La Victoria, ha visto la enormidad del problema delincuencial, una especie de 'levantamiento', que no es popular porque tenía por finalidad el saqueo y el trabajo sucio al servicio de comerciantes inescrupulosos, quienes por su parte no tuvieron reparos en mostrar ante cámaras su militancia política en la campaña de revocatoria contra Susana Villarán.

Este es el momento de empezar a encarar el endémico problema social que significan los bolsones que cobijan a la delincuencia. Las autoridades tienen que elaborar de inmediato políticas y dictar medidas hacia ese fin. No solo la alcaldesa sino también el gobierno central. Nuestras energías hay que dirigirlas a exigir a los gobernantes una solución de fondo a la delincuencia e inseguridad, en nuestras ciudades sobre todo.

En La Parada, la policía defendió a la ciudadanía frente a la delincuencia. En Cajamarca defendió a la empresa minera Yanacocha contra los pueblos cajamarquinos. En el primer caso, me ubico al lado de la policía; en el segundo, decididamente al lado de los campesinos, comuneros y pobladores que luchan para defender el agua y la vida.
Las cosas no son tan simples y hay que saber diferencias situaciones e intereses, tratando de no pensar con el hígado.

Belúnde bombardeó a los matsés para construir la carretera Marginal en la selva

Los falsos recuerdos sobre Belaúnde

Por: Wilfredo Ardito Vega

Ayer, 7 de octubre, fue el centenario del nacimiento de Belaúnde, en homenaje al cual se vienen convocando concursos escolares, exposiciones fotográficas y otras actividades conmemorando a un mandatario recordado por la afirmación de los valores democráticos, pero criticado por su debilidad frente al terrorismo.

Es curioso que esta versión esté tan extendida, puesto que durante el régimen de Belaúnde las violaciones a los derechos humanos tuvieron un carácter sistemático e indiscriminado, causando la muerte de miles de campesinos ayacuchanos. No se salvaron los pastores evangélicos de Huaychao, quienes predicaban que los senderistas seguían los mandatos del demonio, ni los niños de Putis, asesinados con sus padres y enterrados en la fosa que ellos mismos habían sido obligados a cavar. En Umasi, las víctimas fueron decenas de escolares secuestrados por los senderistas y los militares violaron a las niñas antes de matarlas.

De hecho, las violaciones de campesinas por policías y soldados eran durante el gobierno de Belaúnde un hecho rutinario y en aquellos años, el Perú ostentaba además el trágico primer lugar en desaparecidos a nivel mundial, superando a Guatemala, Irán o China. Sin embargo, pese al clamor internacional, Belaúnde se jactaba de que arrojaba “al tacho de basura” las cartas de Amnistía Internacional, hablando como si fuera un dictador irracional.

A esto se añade, en 1983, el asesinato de los nueve periodistas y su guía en Uchuraccay, a raíz de lo cual, nunca más la prensa se atrevió a salir al campo. La masacre, por lo tanto, resultó funcional a una estrategia contrainsurgente que no quería testigos incómodos. Y también corrían peligros los periodistas que permanecían en las ciudades: Jaime Ayala, corresponsal de La República en Huanta, desapareció en las instalaciones militares de dicha ciudad.

El régimen de Belaúnde otorgó protección legal a todos estos crímenes, disponiendo que torturas, violaciones, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales fueran simples “delitos de función” que implicaban penas mínimas.

A mi modo de ver, el recuerdo favorable sobre Belaúnde es parte de un proceso en que los peruanos procuramos olvidar algunos recuerdos incómodos sobre el periodo de la violencia política. Ese pacto de olvido fue secundado por García y Fujimori, pues beneficia naturalmente a quienes cometieron crímenes desde el Estado, sosteniéndose que fueron “necesarios para derrotar al terrorismo”. En realidad, ninguna de las masacres contribuyó a la derrota de los terroristas, sino a deslegitimar al Estado, que en los años ochenta se comportó como un sanguinario ejército de ocupación en Ayacucho

Otros grandes beneficiarios del pacto del olvido fueron los partidos políticos, comenzando por Acción Popular. Curiosamente, pese a que los dos gobiernos de Belaúnde concluyeron en el más profundo descrédito, muchos jóvenes ahora creen que fueron gestiones exitosas.

Precisamente, un hecho de su primer gobierno permite comprenderlo mejor: el bombardeo por la Fuerza Aérea de los matsés, un grupo indígena amazónico, como parte del proceso de colonización que Belaúnde impulsaba. Yo estoy convencido que para él los nativos amazónicos no eran ciudadanos peruanos o al menos no en la misma categoría que su aristocrático entorno familiar. Por eso es que Belaúnde también avaló la muerte de miles de campesinos, aunque no estuvieran involucrados en ningún hecho de violencia, como precio que había que pagar para garantizar la pacificación. Considero por ello que el gobierno de Belaúnde era un régimen dual, como lo fue el de Sudáfrica durante el apartheid: democrático para unos, pero autoritario y violento para otros, cuya vida no valía nada, fueran, mujeres, niños pequeños o ancianos.

El pacto del olvido beneficia también a los cómplices de Belaúnde, es decir a los buenos limeños que fueron indiferentes frente a los crímenes... Aunque ellos no mataron a nadie, su actitud encarna un problema totalmente actual: el racismo que les permitía pensar que la vida de sus compatriotas no valía nada.

De hecho, mientras las dictaduras de Argentina y Chile secuestraban, torturaban y asesinaban a los opositores políticos, el régimen de Belaúnde actuaba de manera indiscriminada, tomando en cuenta sólo los rasgos físicos. Los perpetradores ni siquiera entendían a muchas de sus víctimas, porque no hablaban quechua. El racismo explica también los asesinatos de bebés y niños pequeños, lo que ni siquiera hacían los militares argentinos, pero sí los nazis. Eso sí, las masacres de Ayacucho tienen un asombroso parecido con las ocurridas en los mismos años en Guatemala. Al parecer, al racismo existente en los ambos países contra la población indígena se suman los lineamientos de la Escuela de las Américas.

Decir la verdad sobre el penoso régimen de Belaúnde y exigir justicia para sus víctimas es una obligación de quienes queremos una sociedad mejor. Para ello la sociedad peruana tendría que aprender a ser menos racista, tendría que ver a los campesinos como seres humanos… tendría que aceptar que su sufrimiento es inaceptable. ¿Será posible que lleguemos a tanto?

Fuente: Reflexiones Peruanas N° 429

Largo conflicto del TIPNIS confronta enfoques opuestos sobre el desarrollo en Bolivia

El Gobierno y el Tipnis

Por: Ismael Guzmán*

El conflicto del Tipnis entre indígenas y el gobierno, lleva ya dos marchas indígenas: la octava y la novena; lleva dos represiones policiales: la de Chaparina y la de La Paz; ya lleva dos leyes: la 180 de protección al Tipnis y la 222 de “consulta previa”. Pero este mismo conflicto, también deja dos cabezas en la estructura orgánica del movimiento indígena y dos posturas contrapuestas en la sociedad civil.

Lo del Tipnis es sin lugar a dudas una guerra de posicionamientos entre indígenas y gobierno, que para ser un conflicto, ya alcanzó dimensiones de largo aliento. Es una guerra de posicionamientos en el escenario mediático, porque tiene la particularidad de lidiar con discursos, algunos demasiado tendenciosos, pero todos dirigidos a justificar una u otra postura respecto al trazo de la carretera a través del Tipnis.

En esta contienda de posicionamiento discursivo, los indígenas lo encaran a través de los espacios de la cobertura en medios de comunicación a la que acceden, mientras que el gobierno lo hace en estos mismos espacios, pero también en los espacios de los medios de comunicación propios y en espacios pagados, lo que significa una doble ventaja. Quizá bajo el lema que, en la guerra todo vale.

Pero lo del Tipnis también es una guerra de posicionamientos, porque ambos actores confrontados pretenden posicionar un enfoque de desarrollo contrapuestos entre sí. Los indígenas defendiendo un modelo basado en un modo de vida más cordial con su entorno ecológico y solidario entre sí, mientras que el gobierno sustentando un modelo de desarrollo basado en un extractivismo mucho más perverso. Aunque irónicamente, sea el gobierno quien denuncia un supuesto prontuario depredador de dirigentes indígenas y además pretende mostrar un Tipnis tan devastado que, para quienes conocen o manejan información de la zona, esta imagen no puede ser otra más que la del polígono siete, habitado por productores de hoja de coca. No obstante, en este ámbito confrontacional, los indígenas se encuentran en una situación de resistencia como lo hicieron siempre, mientras que el Estado arremete como también lo hizo desde siempre.

El ámbito de la guerra de posicionamientos en torno a los dos modelos de desarrollo que se libra entre indígenas y el gobierno, tiene implicaciones con alcances ideológicos. Es por ello que al gobierno le resulta la dimensión más dura de esta guerra de posicionamientos, porque no hay demasiado margen para las sutilezas, porque de inicio este ámbito de la confrontación ya le desestabilizó el discurso y no cesa de desestructurar su imagen, además le complica su gestión porque desnuda la incompatibilidad entre discurso y praxis. Es en este campo donde el sector indígena infringió derrotas inocultables y pese a la agresiva propaganda de camufle, los resultados no dejan de serle contraproducentes al gobierno.

Pero al mismo tiempo, lo del Tipnis es también una guerra de des-posicionamiento recíproco a través del triste método de la acusación individualizada, la descalificación, la defenestración, donde los indígenas se empeñan en identificar personas, en vez de modelos o de sistemas (Llorenty, Romero, etc.). Mientras que el gobierno, en la misma lógica, sindica directamente a aquellos dirigentes que se mantuvieron firmes en la defensa del Tipnis. En esta dimensión confrontacional, ambos acuden al escenario jurídico, aunque al parecer este ámbito tiende a ser más ágil para el uno y menos para el otro.

Sin embargo lo del Tipnis es también una guerra de demostración de virtudes y en esto sí el sector indígena pareciera llevar una amplia ventaja desde un inicio, pero una ventaja basada en el mérito, no en la deshonestidad, por ejemplo, el carácter pacífico del movimiento indígena fue puesto a prueba al máximo durante ambas marchas y siempre salió incólume. Cuántas veces en la octava y en la novena marcha fue provocado, hostigado, asediado, reprimido, pero en cada una de estas situaciones de intolerancia, fue consecuente con su carácter pacífico.

En cambio el gobierno, pese a esforzarse por una imagen de tolerancia y respeto, e incluso publicitarse en este mismo sentido, no logró controlar sus impulsos y desencadenó acciones que sin duda perdurarán como un recuerdo funesto en la memoria colectiva de indígenas hombres y mujeres marchistas, de niños y ancianos, pero también de una parte significativa de la sociedad boliviana. Puesto que de ello queda registrada en la historia episodios aún impunes como los de Chaparina o los de la ciudad de La Paz.

En el campo de la demostración de virtudes, vía la aplicación de la post consulta en el Tipnis, al gobierno aún le restan pruebas muy duras, puesto que continúa la resistencia indígena, esta vez en su propio territorio y en consecuencia desde algún nivel de gobierno ya se insinúa la necesidad de presencia policial, de tareas militares dirigidas a viabilizar políticas rentistas como el renta dignidad. Los temores de violencia vinculadas a estas posibles presencias, no solo la sostienen habitantes del Tipnis, también otros sectores de la sociedad civil.

El cambio de escenario físico en esta guerra de posicionamientos entre indígenas y gobierno, es decir, el repliegue indígena a su propio territorio para continuar la resistencia al tramo dos de la carretera, genera una coyuntura que da lugar a otra confrontación, esta vez la de las informaciones, donde el gobierno se empeña en informar acerca de un “éxito de la consulta previa”, pese a un supuesto boicot de algunos dirigentes, mientras que la organización indígena también se empeña en informar acerca del “fracaso de la post consulta”, pese a la prebendalización, la división y los paralelismos impulsados por el gobierno. Mientras, la situación en el Tipnis tiende a prolongarse y con ello a complicarse, aunque el gobierno señala tener la situación bajo control, a medida que pasa el tiempo, se le incrementa las probabilidades del efecto contraproducente, el cual puede impactar en sus proyecciones políticas.

(*) Ismael Guzmán es Sociólogo de CIPCA - Beni - Sábado, 15 Septiembre 2012

Fuente:  CIPCANotas. Boletín Virtual No 461, Año 11. Septiembre de 2012. RED de comunicación del personal de CIPCA-Bolivia - www.cipca.org.bo

Pueblos indígenas y organizaciones sociales urbanas se unen para defender el TIPNIS y expulsar a las transnacionales de Bolivia

IX MARCHA: Alianza Indígena-Urbana, una realidad

AINI - 5 de abril 2012.-

En la ciudad de La Paz se realizó el primer Encuentro Urbano Indígena, con miras a la Novena Marcha, en la que participaron: la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y Organizaciones Sociales, que afianzaron sus vínculos para comenzar la caminata, para que el gobierno de Evo Morales respete los derechos individuales y colectivos de las y los bolivianos establecidos en la Constitución Política del Estado.

“Me parece importante la línea de acción que quieren tomar (los sectores urbanos). No podemos recurrir a la Justicia porque está cooptada, entonces nos queda la acción directa. En toda la historia, en la colonia, desde antes de la república, con la acción directa se han defendido los derechos de los pueblos indígenas, los derechos humanos, colectivos. Ahora nuevamente tenemos la acción directa para defender nuestros derechos”, dijo Rafael Quispe, ex Mallku de la Conamaq – Industrias Extractivas, en referencia a la marcha que comenzará el 25 de abril en Chaparina, departamento de Beni.

Durante este Encuentro Urbano Indígena, algunos dirigentes de organizaciones sociales habían propuesto elaborar un pliego de demandas conjunto, “hay temas comunes que deben unir a todas las y los bolivianos: la defensa de los derechos humanos, de los derechos colectivos, de los recursos naturales, de la Constitución. Nos deben unir temas comunes, como la Agenda de Octubre (de 2003), la nacionalización de los recursos naturales. Pero para los indígenas la Novena Marcha debe ser preeminentemente indígena.”, agregó Quispe.

Del encuentro participaron: Juntas Vecinales, Federaciones de Maestros, Federaciones de Estudiantes, grupos de defensa del medio ambiente, Casegural y otras organizaciones urbanas de todo el país. Firmaron un voto resolutivo junto a la CIDOB y el CONAMAQ. El texto establece la alianza indígena-urbana para defender el TIPNIS, por el respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas, entre otros de sus derechos avasallados por el actual Gobierno. También consensuaron accionar para recuperar los recursos naturales, para expulsar a las empresas transnacionales, así como para defender los derechos a un trabajo digno -debidamente remunerado- y para tener salud y educación de calidad y pública.

Rafael Quispe, consultado si la marcha pedirá la revocatoria para el presidente, aclaró: “hacer un revocatorio sería para lavarle el rostro a Evo Morales, sería para victimizarlo. Además, él tiene el control de la Justicia y del Órgano Electoral. Por eso decimos no al revocatorio, sí a la acción directa. Nuestro objetivo no es derrocar a un Gobierno, sino conseguir que nuestros derechos sean respetados”, sostuvo.

BASE DE LA ALIANZA

“Las luchas sociales que se realizan en el país y en América latina son contra el capital financiero que penetra estos países para saquear sus recursos naturales. Por eso, la lucha por el TIPNIS y la defensa de los recursos naturales va encaminada a preservar la autodeterminación de los pueblos indígenas. También, en la última época, ha servido esta lucha de los pueblos indígenas como lucha del conjunto de la nación oprimida. Ante la ausencia de un movimiento obrero, se presentan los indígenas para -desde su perspectiva- guiar al movimiento. Pero hay que tener en claro que los indígenas con su propiedad colectiva, así como los campesinos con la pequeña propiedad, no pueden hacer una lucha eficaz contra el capitalismo. Hace falta una alianza férrea entre obreros de este país y campesinos e indígenas: esa es la base fundamental para esta alianza”, dijo Javier Huarachi, del Comité de apoyo al TIPNIS de Chuquisaca.

LA MARCHA ES INDÍGENA

El presidente de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas Mosúa, en la Universidad Mayor de San Andrés, donde se realizó este encuentro. También opinó sobre las sugerencias de algunos sectores de esgrimir un pliego conjunto de demandas.

“Hay que entender que la marcha es protagonizada por los pueblos indígenas, es liderizada por los pueblos indígenas. Otros sectores son de apoyo a la movilización. Es importante hacer notar que lo que nosotros planteamos no es únicamente la defensa del TIPNIS, sino la defensa de los recursos naturales, de la biodiversidad, del medio ambiente, fundamentalmente los derechos de todo el pueblo boliviano. Entonces ahí hay la coincidencia de una plataforma única.

Cuando la marcha exige el cumplimiento de la Constitución, exige respeto a los derechos de todos los bolivianos. Este Gobierno busca desarticular a los pueblos organizados: es una desarticulación que sepulta todas las conquistas logradas en los últimos años no solo por los pueblos indígenas, sino por toda la sociedad”, dijo Vargas.

“Este no es un Gobierno que busca soluciones, sino que busca más complicaciones en el país. Y esto no le hace un favor a su política, sino que le hace un daño. Tenemos conocimiento de que van a entrar 50 soldados al TIPNIS. Así el Gobierno busca provocarnos. Nosotros recomendamos a las comunidades que no caigan en esas provocaciones del Gobierno, porque busca victimizarse. En el TIPNIS tenemos claro que la Consulta (según la ley 222) no se va a realizar”, manifestó Vargas.

Según el presidente de la Subcentral TIPNIS, esta Novena Marcha se abortaría solamente si el Gobierno nacional anulara la ley 222 y optara por respetar la ley 180 (de protección del TIPNIS), conseguida por los indígenas al finalizar la Octava Marcha, en octubre de 2011.

Fuente: CIDOB – www.aininoticias.org

El desarrollo sustentable no toca el modelo capitalista y con ello se torna un objetivo imposible

¿Es posible un desarrollo sustentable dentro del capitalismo?

Concentración de la riqueza, inequidad, hiperconsumo, extracción irracional de los bienes naturales, son rasgos inherentes al sistema y acentuados con la globalización neoliberal.

La creación de un marco institucional para el desarrollo sustentable es uno de los temas centrales de la agenda de la Conferencia Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo Río+20, que se reunirá en junio de este año. El desarrollo sustentable se viene discutiendo desde hace veinte años, pues nació en la llamada Cumbre de la Tierra Río’92, definido como un desarrollo capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos de las futuras generaciones. El problema es que la discusión no toca el núcleo del problema: el modelo capitalista.

Es decir, el debate elude la pregunta central: ¿es posible un desarrollo sustentable dentro del capitalismo? De este primer cuestionamiento derivan otros: por ejemplo, si los Estados de los países industrializados están dispuestos a disminuir en un milímetro el hiperconsumismo de sus poblaciones privilegiadas, si las multinacionales no seguirán ejerciendo sus presiones para multiplicar sus ganancias con la explotación irracional de los bienes naturales, si los países pobres no continuarán cediendo sus ya casi inexistentes soberanías a ese poder de los países industrializados y las multinacionales.

La concentración de la riqueza, la inequidad de su distribución, la extracción irracional de los bienes naturales, la dependencia de los combustibles fósiles, son rasgos inherentes al capitalismo desde sus lejanos orígenes de la llamada acumulación originaria. Y se han acentuado de manera profunda y acelerada a partir de la globalización neoliberal, multiplicando el consumo de unos pocos y el hambre de muchos a niveles nunca antes vistos en la historia de la humanidad.

Ya hace cuarenta años, en la Primera Conferencia Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo realizada en Estocolmo, se identificó el hiperconsumo de los países industrializados como una de las principales causas del desequilibrio ecológico y el cambio climático. A partir de entonces, progresivamente, los cuestionamientos al sistema se han ido suavizando hasta casi desaparecer y ahora se insiste en un desarrollo sostenible que mantenga como eje el crecimiento económico.

Veamos algunas cifras que así lo confirman:

· Los 20 países más ricos del mundo consumieron en el siglo XX más naturaleza, es decir, más materia prima y recursos energéticos no renovables, que toda la humanidad a lo largo de su historia y prehistoria.

· Setecientos millones, de un total de 6,900 millones de personas, son las responsables del 50% de las emisiones globales de CO2, mientras los 3 mil millones de personas más pobres solamente emiten el 6% del CO2.

· Entre 1950 y 2005 la producción de metal aumento 600%, el consumo de petróleo 800%, el consumo de gas 1,400%.

· Se extraen anualmente 60 mil millones de toneladas de recursos, 50% más que hace 30 años.

· Se calcula que más del 60% de los servicios que brindan los ecosistemas del planeta se encuentran degradados.

· La mayor parte de estos recursos han sido apropiados por el 20% de la población mundial que son responsables del  86% del consumo global, mientras el 20% más pobre consume solamente el  1.3%.

· El gasto anual en cosméticos en Estados Unidos de 8,000 millones de dólares y el europeo en helados de 11,000 millones de dólares supera el gasto en agua potable, educación básica y alcantarillado para las 2,000 millones de personas del mundo que carecen de estos servicios.

· Se estima que las emisiones por persona no deben rebasar las 2.5 toneladas de CO2 al año para que la temperatura global del planeta no aumente más de 2° C, considerándose este el límite sobre el cual pueden presentarse catástrofes climáticas incontrolables. Actualmente, el promedio de emisiones de los estadounidenses es de 19.1 toneladas anuales de CO2,  más de 7 veces superior al límite recomendado.

Cambio de paradigmas

No cabe duda que la gran mayoría de propuestas para Río+20 han sido elaboradas en coordinación con empresas transnacionales, algunas de ellas de dudosa reputación ambiental, como Nestlé, Coca-Cola y Shell. De esta forma, las multinacionales apuntan a que los acuerdos de Río+20 fortalezcan sus negocios y aseguren sus ganancias futuras.

También jugarán un papel clave las instituciones financieras internacionales, las cuales tienen una gran responsabilidad en el endeudamiento de los países del Sur, el financiamiento de proyectos que maltratan el medio ambiente y el aumento de la desigualdad y la pobreza.

Las organizaciones de los pueblos indígenas de la Región Andina y de América Latina en general, insistimos en construir una propuesta mucha más amplia, que confronte la lógica de crecimiento del occidente y priorice una visión de comunidad y la convivencia armoniosa entre la Madre Tierra y los seres que la habitamos.

Para nosotros y nosotras, el concepto de sostenibilidad debe significar un modelo distinto: uno que altere profundamente el rumbo actual del planeta, que incorpore una reducción drástica de los niveles de consumo y producción de desechos de la humanidad y que defienda firmemente todos los derechos y los bienes comunes.

Lima, 29 de marzo del 2012

Comunicaciones CAOI

Las cifras citadas en esta nota han sido tomadas de:

http://www.concienciaeco.com/2010/12/04/el-hiperconsumo-y-el-cambio-climtico/

La izquierda latinoamericana que gobierna varios países es extractivista y dócil ante las transnacionales y el neoliberalismo

AMÉRICA LATINA
La izquierda marrón
Eduardo Gudynas*

Está quedando en claro que para los gobiernos progresistas o de la nueva izquierda, las cuestiones ambientales se han convertido en un flanco de serias contradicciones. El decidido apoyo al extractivismo para alimentar el crecimiento económico, está agravando los impactos ambientales, desencadena serias protestas sociales, y perpetúa la subordinación de ser proveedores de materias primas para la globalización. Se rompe el diálogo con el movimiento verde, y se cae en una izquierda cada vez menos roja porque se vuelve marrón.

Una rápida mirada a los países bajo gobiernos progresistas muestra que en todos ellos hay conflictos ambientales en curso. Es impactante que esto no sea una excepción, sino que se ha convertido en una regla en toda América del Sur. Por ejemplo, en estos momentos hay protestas frente al extractivismo minero o petrolero, no solo desde Argentina a Venezuela, sino que incluso en Guyana, Suriname y Paraguay.

En Argentina se registran conflictos ciudadanos frente a la minería en por lo menos 12 provincias; en Ecuador, la protesta local ante la minería sigue creciendo; y en Bolivia, poco tiempo atrás finalizó una marcha indígena en defensa de un parque nacional y ya se anuncia una nueva movilización. En estos mismos países, los gobiernos progresistas alientan el extractivismo, sea amparando a las empresas que lo hacen (estatales, mixtas o privadas), ofreciendo facilidades de inversión o reduciendo las exigencias ambientales. Los impactos sociales, económicos y ambientales son minimizados. Los gobiernos en unos casos enfrentan la protesta social, en otros la critican ácidamente, y en un giro más reciente la criminalizan, y han llegado a reprimirlas.

La contradicción entre un desarrollo extractivista y el bienestar social acaba de alcanzar un clímax en Perú. Allí, el gobierno de Ollanta Humala decidió apoyar al gran proyecto minero de Conga, en Cajamarca, a pesar de la generalizada resistencia local y la evidencia de sus impactos. Esto generó una crisis en el seno del gabinete, la salida de muchos militantes de izquierda del gobierno, y una fractura en su base política de apoyo. El gobierno se alejó de la izquierda al decidir asegurar las inversiones y el extractivismo.

Posiblemente el caso más dramático está ocurriendo en Uruguay, donde en unos pocos meses, el gobierno de José Mujica está decididamente volcado a cambiar la estructura productiva del país, para volverlo en minero. Se propicia la megaminería de hierro, a pesar de la protesta ciudadana, sus impactos ambientales y sus dudosas ventajas económicas. Paralelamente, se acaba de aprobar un controvertido puente en una zona ecológica destacada, cediendo a los pedidos de inversiones inmobiliarios, y por si fuera poco, ahora amenaza con desmembrar el Ministerio del Ambiente. El gobierno Mujica no está rompiendo promesas de compromiso ambiental, ya que la coalición de izquierda es un caso atípico donde en su programa de gobierno carece de una sección en esos temas, sino que deja en claro que está dispuesto a sacrificar la Naturaleza para asegurar las inversiones extranjeras.

Estos son solo algunos ejemplos de las actuales contradicciones de los gobiernos progresistas. Estas resultan de estrategias de desarrollo de intensa apropiación de recursos naturales, donde se apuesta a los altos precios de las materias primas en los mercados globales. Su macroeconomía está enfocada en el crecimiento económico, atracción de inversiones y promoción de exportaciones. Se busca que el Estado capte parte de esa riqueza, para mantenerse a sí mismo, y financiar programas de lucha contra la pobreza.

Bajo ese estilo de desarrollo, la izquierda gobernante no sabe muy bien qué hacer con los temas ambientales. En algunos discursos presidenciales se intercalan referencias ecológicas, aparece en capítulos de ciertos planes de desarrollo, y hasta hay invocaciones a la Pacha Mama. Pero si somos sinceros, deberá reconocerse que en general las exigencias ambientales son percibidas como trabas a ese crecimiento económico, y que por ello se las considera un freno para la reproducción del aparato estatal y la asistencia económica a los más necesitados. El progresismo se siente más cómodo con medidas como las campañas para abandonar el plástico o recambiar los focos de luz, pero se resiste a los controles ambientales sobre inversores o exportadores.

Se llega a una gestión ambiental estatal debilitada porque no puede hincarle el diente a los temas más urticantes. Es que muchos compañeros de la vieja izquierda que ahora están en el gobierno, en el fondo siguen soñando con las clásicas ideas del desarrollismo material, y están convencidos que se deben exprimir al máximo las riquezas ecológicas del continente. Los más veteranos, y en especial los caudillos, sienten que el ambientalismo es un lujo que solo se pueden dar los más ricos, y por eso no es aplicable en América Latina hasta tanto no se supere la pobreza. Tal vez algunos de esos líderes, como Lula o Mujica, llegaron muy tarde a ocupar el gobierno, ya que esa perspectiva es insostenible en pleno siglo XXI.

¿Estas contradicciones significan que estos gobiernos se volvieron neoliberales? Por cierto que no, y es equivocado caer en reduccionismos que llevan a calificarlos de esa manera. Siguen siendo gobiernos de izquierda, ya que buscan recuperar el papel del Estado, expresan un compromiso popular que esperan atender con políticas públicas y generar cierto tipo de justicia social. Pero el problema es que han aceptado un tipo de capitalismo de fuertes impactos ecológicos y sociales, donde solo son posibles algunos avances parciales. Más allá de las intenciones, la insistencia en reducir la justicia social a pagar bonos asistencialistas mensuales los ha sumido todavía más en la dependencia de exportar materias primas. Es el sueño de un capitalismo benévolo.

Parecería que el progresismo gobernante solo puede ser extractivista, y que este es el medio privilegiado para sostener al propio Estado y enfrentar la crisis financiera internacional. Se está perdiendo la capacidad para nuevas transformaciones, y la obsesión en retener los gobiernos los hace temerosos y esquivos ante la crítica. Esta es una izquierda al fin, pero de nuevo tipo, menos roja y mucho más progresista, en el sentido de estar obsesionada con el progreso económico.

Este tipo de contradicciones explican el distanciamiento creciente con ambientalistas y otros movimientos sociales, pero también alimentan la generalización de una desilusión con la incapacidad del progresismo gobernante en poder ir más allá de ese capitalismo benévolo. Muchos recuerdan que en un pasado no muy distante, cuando varios de estos actores estaban en la oposición, reclamaban por la protección de la Naturaleza, monitoreaba el desempeño de los controles ambientales, y apostaban a superar la dependencia en exportar materias primas. Esas viejas alianzas rojo – verde, entre la izquierda y el ambientalismo, se han perdido en prácticamente todos los países.

Llegados a este punto, es oportuno recodar que, desde la mirada ambiental, se distingue entre los temas “verdes”, enfocados en áreas naturales o la protección de la biodiversidad, y la llamada agenda “marrón”, que debe lidiar con los residuos sólidos, los efluentes industriales o las emisiones de gases. La mirada verde apunta a la Naturaleza, mientras que la marrón debe enfrentar los impactos del desarrollismo convencional.

Bajo este contexto, el progresismo gobernante en América del Sur se está alejando de la izquierda roja y al obsesionarse cada vez más con el progreso, se vuelve una “izquierda marrón”. La “izquierda marrón” es la que defiende el extractivismo o celebra los monocultivos. Frente a esa deriva, la tarea inmediata no está en la renuncia, sino en proseguir las transformaciones para que la izquierda sea tanto roja como verde.

*Eduardo Gudynas es investigador en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social).

Fuente: ALAI, América Latina en Movimiento – 2 de marzo 2012

Carlos Monge: “Se debe cambiar de esquema minero”. Entrevista censurada en La Primera

Estimados compañeros y compañeras:
Comparto con ustedes el texto de una entrevista que me hicieran para La Primera pero que, me informan, no será publicada pues se ha dispuesto en dicho diario no tocar el tema Conga.
Un abrazo
Carlos Monge

Carlos Monge, investigador del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (Desco), afirma que el esquema minero creado por Fujimori y mantenido por Toledo y García, no da más y debe ser cambiado para evitar conflictos como el de Conga.

"El marco institucional minero ya está agotado"

Muchos políticos y analistas afirman que la consigna “Conga no va” es extremista; ¿Ud. cree que ella significa lo mismo que: “minería no va”?

No, para nada. Decir “Conga no va” es decir “no” a dos cosas. En primer lugar, a un proyecto específico que plantea problemas específicos. ¿Cómo hacer minería de tajo abierto en una zona de páramos andinos, en donde lamentablemente, el mineral se encuentra disperso en la tierra; entonces para obtener un gramo de mineral tienes que mover toneladas de tierra, en una zona en la cual esa tierra, está en el centro del proceso de producción de agua?

Es decir que la afectación ambiental no será leve…

El drama de la cordillera norte del Perú que abarca la sierra de La Libertad, Cajamarca y Piura, es que el agua se forma mediante la captura de humedad por la vegetación nativa de los páramos altoandinos y por retención, captura de agua de lluvia por los sistemas de lagunas de esos páramos altoandinos. El agua no se forma por glaciación porque allí ya no hay nevados. Esos páramos son la principal reserva de agua. Además, el oro no está en veta concentrada, está disperso en la tierra. Entonces el “Conga no va” no es un “no” filosófico, es un “no” muy concreto porque necesariamente se debe escoger entre agua y oro.

¿A qué otra cosa le dice “no” esa consigna?

El “Conga no va” también es un “no” simbólico a la herencia de Fujimori/Toledo/Alan García.

¿En qué sentido?

Un marco institucional en el que la promoción de la inversión lo es todo. Pesa más que cualquier otra consideración ambiental o social y se expresa en el hecho de que el ministerio de Energía y Minas (Minem) concentra todas las decisiones, incluida la evaluación y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA); el ministerio del Ambiente está pintado en la pared; y los gobiernos regionales y locales no existen.

¿Y qué se debe hacer entonces?, ¿otra Ley General de Minería?

Reformular la Ley General de Minería, la Ley Orgánica del Sector Energía y Minas, y la Ley Orgánica de los Gobiernos Locales y Regionales.

Desde que se inició el proceso de descentralización hasta ahora, no se ha descentralizado Energía y Minas. Lo único que se ha transferido a los gobiernos regionales, son competencias en materia de pequeña minería artesanal, pero los grandes proyectos minero energéticos se han quedado en el ministerio.

Luego, se creó el ministerio del Ambiente, pero el único sector en el cual no dieron ninguna competencia fue en Energía y Minas.

Hay una versión que afirma que le fue difícil al propio exministro del Ambiente, Ricardo Giesecke, acceder a información sobre el EIA de Conga…

Cuando el equipo de Giesecke pidió copia del EIA de Conga, no se la dieron fácilmente. Las consultas que hizo el ministerio de Energía y Minas fueron solo a la Autoridad Nacional del Agua y al ministerio de Agricultura. ¿Puedes creer que la aprobación de un EIA no se consulte al ministerio del Ambiente?

No tiene lógica.

A los gobiernos regionales tampoco. Tenemos un marco institucional, herencia de un manejo sectorialista y centralista creado por Fujimori, mantenido por Toledo y por García, y es eso lo que está reventando. La solución estructural es cambiar de esquema.

Pero eso requiere un tiempo, una moratoria de concesiones mineras hasta redefinir el esquema, ¿eso es factible?

En primer lugar no hay que dar más concesiones mineras en este esquema. Se debe cerrar la puerta del Ingemmet con llave y luego tirarla al mar. En segundo lugar, cancelar las concesiones a las que no se les haya dado ningún uso productivo y que simplemente están pagando su derecho de vigencia, porque, o no tienen detrás a nadie que en serio quiera hacer minería, o han sido adquiridas para fines especulativos.

Hay técnicos que sostienen que ya no es conveniente seguir con el esquema de concesiones, sino pasar a un esquema de licitaciones internacionales en el que siempre participe una empresa estatal peruana, y en el que los proyectos sean integrales a fin de desarrollar industria metalúrgica, metal mecánica, etc.

Ese es el modelo petrolero predominante en América Latina menos en el Perú. Incluso en Chile –que produce unos cuantos barriles-, existe una empresa estatal de petróleos fuerte; se llama ENAP e invierte en Perú, Ecuador y varios países. En el modelo de hidrocarburos prevalente, además la existencia de una empresa estatal, se da un bloque para exploración como resultado de una negociación bilateral o de una licitación pública, en la cual para comenzar la empresa estatal compite; y otros compiten pero presentando una cosa seria, con respaldo, experiencia y técnicos. Se cumplen además condiciones ecológicas y sociales. Se detalla la inversión en exploración y si todo sale bien, recién se da un derecho preferencial para pasar a explotación. Estoy de acuerdo con caminar hacia eso en el caso de minería.

¿Cuál sería el procedimiento más adecuado para la exploración y explotación minera en un nuevo esquema?

Zonificación, ordenamiento territorial y plan concertado de desarrollo. A partir de allí recién la mezcla de concesión con certificado ambiental y ley de consulta. Cuando ya se tiene un proyecto que pasa por el filtro de la zonificación, está contemplada en el ordenamiento territorial, es parte del plan de desarrollo, de la visión de qué hacer con ese territorio, tiene licencia social y se da un proceso de consulta, entonces se otorga la concesión. La concesión se vuelve una negociación de un proyecto serio para hacer exploración primero, y explotación después.

¿Y las instituciones?

Definido un procedimiento, hay que definir qué roles juegan el gobierno central, el gobierno regional, el gobierno local y la población. Lo que hay ahora es que por un lado los gobiernos regionales se han lanzado a hacer zonificación y ordenamiento territorial, como Cajamarca, y por otro lado el ministerio reparte concesiones como quien reparte naipes en una borrachera con los amigos. Esa es una receta para el conflicto.

¿Con ese nuevo procedimiento se podría determinar que en algunas zonas la minería sea inviable?

Es posible que los procesos de zonificación y ordenamiento territorial bien hechos te digan que hay extensas zonas donde no debe haber minería. Eso de oro y agua como una afirmación filosófica general está bien pero no siempre es posible. Yo también quisiera que se pudiera sacar el oro con alguna cañita, pero si no se puede, no se puede.

¿Como ve lo del peritaje para solucionar el conflicto de Conga?

Si uno se pone estricto, se da cuenta de que está enfrentando una situación sui generis y hasta cierto punto ilegal. ¿Por qué está suspendido el proyecto Conga si había cumplido con todas las normas? De acuerdo a la ley ya deberían estar secando las dos primeras lagunas para usarlas de basurero cuando revienten las dos segundas, pero el proyecto está parado por una decisión política que va más allá de cualquier marco normativo. El gobierno pidió que paren mientras veía como solucionar el conflicto social y el problema político que se armó.

¿Es decir que el peritaje está por fuera del esquema minero actual?

De hecho lo que estamos viendo es que el marco institucional reventó, ya estamos operando fuera de él. Estamos tomando decisiones de política que trascienden un marco institucional agotado que ya no da más. Para mí esa es la principal lección.

¿Y qué cree que salga de esto?
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Pienso que el gobierno ha decidido que Conga va de todas maneras. Lo ha dicho de varias formas, y respecto del peritaje como tal, siento que dependiendo de qué persona del gobierno hable, se da un mensaje diferente. Por ejemplo, el premier dice que el peritaje es para disipar las dudas de la población…

Población que supuestamente ha sido manipulada…

Entonces, estamos gastando un cuarto de millón de dólares para traer a tres fulanos a dar charlas a la ciudad de Cajamarca, a explicar a la gente que está confundida, que ha sido engañada, que son ignorantes o que no entienden nada. Otros dicen que el peritaje es para hacer mejorar el EIA. ¿En 40 días se puede revisar seriamente un EIA que tomó cuatro años, que tiene treinta mil páginas y que tomó ocho meses de evaluación? Pero el gobierno además insiste que se arranque en marzo, entonces, las matemáticas ya no me cuadran. Cuarenta días útiles no te dan para que se inicie el proyecto en marzo.

Pero además hay que sumar el tiempo necesario para que la empresa implemente las recomendaciones del peritaje…

Digamos que en cuarenta días se tienen las recomendaciones; si son serias, la empresa tendrá que hacer un análisis técnico de las mismas. Durante años han diseñado un proyecto que dice que se van a tumbar cuatro lagunas, y si la recomendación dice túmbese ésta y no la otra…

Tendrán que reformular el proyecto…

Y eso supone no solo una cuestión técnica, sino también financiera. Tendrá que incorporar y analizar los costos que estas modificaciones supongan. Si el gobierno insiste en que se arranca en marzo, el peritaje tiene que ser una burla porque tendrías que producir recomendaciones tan light que la empresa pueda en 48 horas, evaluarlas técnicamente, incorporarlas en un nuevo diseño, resolver su costo financiero y arrancar.

Creo que esto está atado a una visión más general: se necesita toda esta gran minería, con los 29 proyectos que están detrás, Conga y los otros 40 mil millones de inversión, porque eso financia la inclusión social. Ese fue el sentido de la negociación de los 3 mil millones de soles adicionales.

¿Se refiere al nuevo gravamen minero y la modificación de las regalías?

El concepto fue: te saco más y con eso financio la inclusión social. Si esa es la visión, entonces Conga garantiza la gran transformación. Para mí, esa es la frase que mejor resume el enfoque. Es la madre del cordero. Yo no estoy hablando de corrupción, no creo que Conga se compró al presidente o al ministro. Esto no es Alan García, lo que hay es una discrepancia de visiones que se traduce en marcos institucionales.

Humedales que proveen de agua a la laguna El Perol.

Destrucción de humedales de El Perol por el proyecto Conga.

Carlos Taibo propone el decrecimiento en los países opulentos como alternativa a la degradación del medio ambiente, la expoliación de los países pobres y la sobreexplotación de los trabajadores

Ollanta Humala: ¿rehén o traidor?

Por: Fernando Gutiérrez

La ruptura de Ollanta Humala con su base popular no ha significado la crisis catastrófica de su gobierno. Sin embargo, el encontronazo que sostuvo con la población de Cajamarca a causa del proyecto minero Conga y el cambio de Gabinete acabaron con su imagen concertadora.

Las encuestas de enero le dan a Humala un 50% o más de aprobación. El desencanto en los sectores que lo llevaron a la segunda vuelta está todavía en sus inicios. Y las pérdidas están siendo compensadas por un novedoso respaldo desde los bolsones tradicionales de la derecha.

En el Congreso de la República el presidente disfruta hoy de un apoyo casi total que no tenía al inicio de su gestión: pepecistas, ppkausas, toledistas, apristas y hasta fujimoristas se han sumado a la bancada nacionalista para felicitarlo por haber restablecido la autoridad en Cajamarca con el estado de emergencia y expulsado del Ejecutivo a los izquierdistas.

Con la salida de los ministros ‘progres’ y la conformación del gabinete Valdés, las riendas del Estado han vuelto en forma definitiva a manos de la elite económica y política que gobierna el Perú desde que en 1990 Alberto Fujimori diera inicio al proyecto neoliberal.

Pero el soporte esencial y a la vez práctico del régimen ollantista son las Fuerzas Armadas y el poderoso grupo empresarial minero. Desde esas fuentes de poder nace el actual curso autoritario que ha iniciado el Ejecutivo en el manejo de los conflictos sociales, de las concesiones extractivas, del tema ambiental y de la lucha antidrogas tras el cambio de presidente en Devida.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en manos del comandante(r) Óscar Valdés, se propone concentrar para sí la gestión de los estudios de impacto ambiental, la fiscalización ambiental y el manejo de los recursos hídricos del país, quitándoles a las carteras de Energía y Minas, Ambiente y Agricultura estas atribuciones claves dentro del modelo económico de explotación intensiva de los recursos naturales.

Los conflictos sociales ocasionados por los grandes proyectos también tendrán que pasar por el círculo de fuego de la PCM. En Cajamarca, Valdés convirtió el diálogo en una emboscada contra los líderes sociales y el presidente regional Gregorio Santos. De ese modo el presidente y su actual primer ministro anunciaron al país que frente a las demandas ambientales manipularán las mesas de diálogo, las agendas y las actas, interpretarán los acuerdos, perseguirán a los dirigentes legítimos y enviarán policías y soldados si sus maniobras no logran neutralizar a las poblaciones en pie de lucha.

Este curso autoritario fue anunciado por el presidente Humala cuando declaró que el soldado está por encima del bien y del mal; es decir, hagan lo que hagan los militares como él, no se les podrá juzgar. Autoritarismo e impunidad van de la mano en el proyecto neoliberal.

Tiene lógica, por ello, que el primer ministro Óscar Valdés haya expresado su admiración por el primer gobierno de Alberto Fujimori (90-95), periodo del autogolpe, del fujishock, de la eliminación de derechos, de los crímenes del grupo Colina, de las privatizaciones… y de la aprobación de la Constitución de 1993 que otorga supremacía a las transnacionales sobre los recursos naturales, el mercado interno, los territorios indígenas, el Estado y las leyes peruanas.

Esto último nos lleva a preguntarnos: ¿será que Ollanta Humala intenta copiar la maniobra de Fujimori convocando al cambio constitucional ahora que cuenta con el apoyo de las derechas? Sin duda, el engendro de reforma o nueva constitución que saldría de allí legitimaría el continuismo neoliberal bajo la promocionada fórmula del crecimiento con inclusión.

Lucha contra el continuismo

Nada de esto significa que Ollanta Humala y las huestes del neoliberalismo se saldrán con la suya tan fácilmente. La resistencia social al modelo excluyente también ha retornado al escenario nacional a través de la lucha de Cajamarca. A diferencia de la época del primer gobierno fujimorista, hoy en día existe un proceso social radical y masivo de cuestionamiento al modelo económico.

Ollanta Humala ganó las elecciones el 2011 a caballo de ese proceso; su traición a las espectativas de cambio significa el reinicio del mismo, en el cual siguen jugando un rol central las luchas de las comunidades y los pueblos de las regiones andinas, amazónicas y de la costa.

La movilización antineoliberal en curso es el elemento más dinámico de la coyuntura actual y lo será mientras dure el régimen ollantista. En el corto plazo se hará sentir la presión de los conflictos ambientales que seguirán la radicalidad y masividad de Cajamarca.

Ollanta Humala no ha sido tomado de rehén por la derecha y los grupos mineros, como afirman algunos izquierdistas que hoy piden que ‘las masas’ lo rescaten. Lo que en realidad ha ocurrido es que el líder de la gran transformación se sacó la careta. La lucha de Cajamarca en defensa de sus fuentes de agua lo obligó a ello.

La posición de Ollanta en beneficio de Conga está en correspondencia con su primer mensaje presidencial al asumir el mando. En aquella ocasión él anunció que su principal compromiso consistía en asegurar la continuidad del crecimiento a través de nuevas grandes inversiones, sobre todo mineras y energéticas (petróleo, gas, hidroeléctricas). Y que del éxito de esas inversiones dependía su programa de inclusión social.

Lo mismo ha dicho para justificar su ‘Conga va sí o sí’, o argumentar su opción por ‘el agua y el oro’. Al sacarse la careta quedó en evidencia que su promesa en Cajamarca de defender el agua y la producción campesina fue pura demagogia para ganar votos. Con justa indignación los pueblos de esta y otras regiones del país, así como amplios sectores de la juventud en las ciudades lo califican de traidor.

Ahora queda claro que Ollanta usó un discurso antisistema, ofreció cambiar la Constitución y el modelo económico y se enfrentó a la derecha y a las transnacionales, solo para ganar votos. Su demagogia fue mucho más efectiva que la de Fujimori, Toledo y García, logrando calar hondo en las poblaciones más afectadas por el impacto minero y el modelo neoliberal, quienes creyeron que él era el líder del cambio. La izquierda ollantista contribuyó a tal engaño.

Por eso la indignación y movilización popular se desencadenó pronto y en forma masiva en Cajamarca, e irá creciendo al compás del desarrollo de los conflictos ambientales y sociales en el sur, centro y oriente del país.

En el proceso, se irá reconstruyendo la unidad indígena, campesina y popular capaz de derrotar el continuismo neoliberal del gobierno Humala, para retomar la senda del cambio de modelo de desarrollo hacia un nuevo proyecto de país.