Sicario económico de las transnacionales y EE.UU. confiesa cómo se libran de los gobiernos que defienden a sus países y pueblos

Ollanta Humala: mensaje para la platea desde balcón neoliberal

Por: Fernando Gutiérrez

Quienes esperaban un mensaje de 28 de julio en el espíritu buena gente de la ‘hoja de ruta’, se sintieron alarmados cuando el nuevo Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, aludió a los ‘principios y valores’ de la Constitución de 1979. Sin embargo, muy pronto quedó claro que el líder de la ‘gran transformación’ solo había hecho un gesto para contentar a la platea, es decir a los millones de pobres que lo encumbraron esperanzados en un cambio de verdad, que habían sido sacudidos por el trago amargo de la concertación con los defensores del modelo excluyente y explotador.

No hay condiciones

Una forma muy manida ¬-y a veces inútil- de escabullirse de la pelea franca por parte de las direcciones consiste en decirle a sus bases que no hay condiciones. Ollanta y sus aliados ‘progres’ e izquierdistas, echaron mano de tal artificio para justificar su giro hacia el acuerdo con los neoliberales ‘decentes’ representados por Mario Vargas Llosa y Alejandro Toledo.

Ollanta Humala estaba advertido del apoyo condicionado que le habían dado los sectores pobres, que constituyen la mayoría de la población peruana. No había cheque en blanco y así se lo hicieron saber, por ejemplo en Puno, en donde aymaras y quechuas le dieron un plazo de 30 días para que atienda sus demandas.

Aún así, el ex comandante dio otro paso que lo distanció mucho más de su base electoral, entregó el control económico, financiero y productivo del Estado a personas de formación ideológica neoliberal a prueba de balas: Salomón Lerner Ghitis en el Premierato, Luis Miguel Castilla en Economía, José Luis Silva en Comercio Exterior, Kurt Burneo en Producción y Julio Velarde en el Banco Central de Reserva, entre otros.

Por tanto, un discurso algo radical en el Congreso era indispensable para contrapesar las posibles pérdidas políticas en el movimiento social. En realidad, el primer discurso presidencial de Humala fue un ‘balconazo’ que utilizó los apremios de la inclusión social para justificar su decisión de continuar con el modelo neoliberal que basa el crecimiento económico en la explotación intensiva de los recursos naturales entregándoselos al gran capital transnacional y nacional.

Consulta previa: olvido calculado

No fue casual, por ello, que el flamante Presidente no dijera nada sobre la reclamada ley de la consulta previa a las comunidades indígenas. Ese ‘olvido’ tiene que ver con su empeño en garantizar el nuevo ‘chorro’ de inversiones que las corporaciones mineras tienen en cartera para los próximos cinco años: cuarenta mil millones de dólares.

Humala era conciente de que las luchas desplegadas por las comunidades significaban una mala señal para esas nuevas inversiones. No era oportuno entonces aludir siquiera a la ley de consulta. No había que provocar a una agresiva patronal que estaba amenazando con irse a Chile si le cobraban más impuestos.

En ese marco, y pese a la buena voluntad de los ministros ‘progres’ que recomiendan la aprobación inmediata de la ley de consulta indígena, es probable que Ollanta, en la práctica, convierta dicha norma en un tren sin carriles.

Pobreza y contaminación

Por otra parte, dado el compromiso de la ’hoja de ruta’ de no espantar las inversiones, Humala fue cuidadoso en especificar que el impuesto a las sobreganancias mineras será negociado con los retrecheros señores del oro y el cobre.

Extraño camino escoge el Presidente, si se toma en cuenta que es de este sector de donde su gobierno espera obtener los recursos más importantes para financiar Pensión 65, Juntos, Cuna Más y Beca 18. El ex comandante tendrá que ablandar el corazón de los voraces accionistas que quieren aprovechar al máximo los precios altos de los metales.

En su discurso, el líder de Gana Perú insistió en el aliento a la inversión privada en la explotación de los recursos naturales pero con respeto a las poblaciones, a los trabajadores y al medio ambiente. Bonitas palabras que solo atornillan aún más la lucha contra la pobreza y la contaminación a un modelo económico que en 20 años de aplicación solo ha extendido la miseria rural, el desempleo, los bajos salarios y la afectación a la naturaleza.

En conclusión, el contenido de fondo del mensaje presidencial fue: se hará un cambio importante solo en la parte de las compensaciones sociales, pero estas dependerán de la estabilidad y continuidad del modelo neoliberal de desarrollo. Por tanto, la prioridad del nuevo régimen será atraer la inversión privada y en especial las grandes inversiones extractivistas, en infraestructura y agroexportación.

Sin mayor novedad en el frente interno

Dentro de este enfoque, ¿dónde ubicó Humala la agricultura mediana, pequeña y familiar, la producción comunal y a la micro y pequeña empresa? Como siempre, en la periferia de la economía nacional. La historia no cambiará gran cosa.

Gana Perú se propone construir una ‘economía nacional de mercado’, o sea, un mercado interno fuerte y prevalente. Este objetivo es imposible si no se hace protagonistas del desarrollo a los sectores que producen para adentro y ocupan a la mayoría de la población con capacidad de trabajo.

Para dichos sectores, Humala anunció la reactivación de Agrobanco, ayuda técnica, cultivos alternativos y un nuevo ministerio de desarrollo e inclusión social, todo ‘gradual y racional’.

Gradual y racional será también la restitución de derechos laborales, la atención al calamitoso estado de la salud y educación públicas, así como el mejoramiento de los salarios, que ha empezado con el incremento del salario mínimo en dos soles cincuenta por día hasta fin de año y otra cantidad igual en el 2012. Son gotas que tarde o temprano llenarán el vaso de la impaciencia social.

Su anuncio de que fortalecerá las empresas públicas Petroperú, Electroperú, Enapu y Sima genera dudas en tanto no tuvo la contrapartida de un cambio constitucional, sin lo cual no se podrá superar el rol subsidiario del Estado establecido en la Carta de 1993, norma que prohibe la inversión estatal productiva.

De otro lado, el nuevo mandatario también se esmeró en ratificar su respeto a los pactos y contratos suscritos por sus antecesores con los países industrializados, la banca internacional y las transnacionales, pese a que estos colocan al Perú en situación de subordinación como él mismo denunció en reiteradas ocasiones.

El discurso presidencial del 28 de julio dividió la cancha, pero no contra el Fujimorismo como algunos deducen impactados por el escándalo Martha Chávez. Ollanta Humala definió con total claridad que su gobierno está del lado del continuismo neoliberal y solo desde esa posición abordará la inclusión social en forma progresiva y racional, es decir sin poner en riesgo la estabilidad fiscal como lo exigen el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Media vuelta hacia Unasur

La obediencia a esas entidades financieras ya es anti histórica. La crisis que sacude Grecia, España, toda Europa y Estados Unidos es producto de la ideología monetarista defendida por dichas instituciones. Por ello, el vuelco hacia Unasur expresado en el mensaje de Ollanta Humala, es una buena señal frente a la amenaza creciente de la crisis internacional.

Es muy positivo que los presidentes sudamericanos hayan tomado el tema de defender en bloque nuestras economías ante el peligro de recesión en Europa y Estados Unidos, que fácilmente puede extenderse a China e India dada la dependencia de estos países emergentes de la capacidad de compra de las economías altamente industrializadas.

Sin embargo, la orientación positiva hacia Unasur es contradictoria con la política interna de continuar apostando prioritariamente a las grandes inversiones norteamericanas y europeas, así como exportar a dichos mercados. Los TLC se volverán obsoletos apenas empiece la recesión en el hemisferio norte desarrollado.

De allí que la defensa en bloque de las economías sudamericanas para impedir ser arrastrados por la crisis en los países capitalistas centrales, tiene que tener concordancia con una política de desarrollo que mire hacia nuestras fortalezas, recursos y capacidad de trabajo, con soberanía y según nuestras propias necesidades; dando prioridad al intercambio y proyectos conjuntos en Unasur y la Comunidad Andina.

Agenda para el cambio

En este nuevo escenario, los pueblos, movimientos y organizaciones que con sus luchas gestaron el espacio político que puso en el poder a Ollanta Humala y Gana Perú, tienen que organizarse para presionar por el cambio en los términos en que consideren legítimo, así como establecer una agenda que dé soporte en el diálogo con las autoridades y a la vez facilite la unidad indígena, campesina y popular para respaldar con acciones las demandas hacia el cambio, a nivel local, regional y nacional.

Los aspectos básicos en los cuales es urgente avanzar se pueden resumir en los siguientes:

1. Cambiar la relación tutelar y abusiva del Estado frente a los pueblos indígenas, por otra que implique un trato digno y de respeto a los derechos humanos.

Para ello, el Ejecutivo debe promulgar la Ley de consulta previa aprobada por el Congreso anterior en mayo del 2010, de conformidad con el Convenio 169 de la OIT que es parte del cuerpo constitucional del Perú desde 1995 en que fue ratificada por el Parlamento de entonces.

En virtud a lo anterior, las autoridades deben también reconocer carácter vinculante a las decisiones de las comunidades y pueblos respecto a la presencia de las industrias extractivas en sus territorios, así como frente a cualquier proyecto de ordenamiento territorial para la explotación minera, de hidrocarburos, forestal, proyectos de agroindustria e industria alimentaria, entre otros.

Así mismo, y para dar una buena señal a las comunidades en conflicto, se deben suspender todas las concesiones no consultadas hasta que se cumpla con dicho requisito, conforme lo recomienda el organismo competente de la OIT con la finalidad de evitar ocurran nuevos ‘Baguazos’. Aymaras y quechuas de Puno arrancaron esta medida al gobierno saliente para la región altiplánica; Humala debería ratificarla de inmediato.

También es urgente que el nuevo gobierno acabe con la impunidad de las empresas que contaminan el medio ambiente. Para ello debe fortalecer la vigilancia ambiental y aplicar sustantivas sanciones económicas en los casos de contaminación de ríos, páramos y ciudades.

En aspectos de mayor proyección, es preciso que se implementen nuevas políticas públicas que respeten los territorios, derechos y formas de vida de las comunidades y pueblos indígenas, así como favorezcan su desarrollo y participación permanente en las decisiones de gobierno a todo nivel. Para tal efecto es necesario no solo el irrestricto respeto al Convenio 169 sino, además, asumir como norma nacional la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

2. Cambiar la relación hostil, explotadora y excluyente del Estado respecto al agro nacional y a las familias campesinas que alimentan a todos los peruanos, para garantizar de ese modo la independencia y seguridad alimentaria del país.

Para avanzar en este propósito, el Ejecutivo debe asegurarse que Agrobanco realmente provea crédito suficiente y barato, así como apoyo tecnológico a las familias y comunidades campesinas dedicadas al cultivo de alimentos y productos artesanales.

Por lo mismo, asumir la defensa del agro nacional y en particular de los productores del campo que solo viven de su trabajo, frente a la competencia desleal que significan los alimentos importados subsidiados y protegidos por el TLC firmado con los Estados Unidos. Determinar para ello precios de refugio, justos y oportunos para los principales alimentos de consumo interno.

Es urgente, además, que se derogue la actual ley de aguas y se apruebe otra que defienda el carácter público y social de este recurso, respete la administración campesina autónoma para su uso y evite convertirlo en objeto de negocios privados.

En igual sentido, el gobierno Humala debe derogar la ley forestal alanista y aprobar otra que defienda los bosques de la privatización y deforestación, así como garantice los derechos ancestrales de las comunidades sobre los mismos.

3. Cambiar toda la legislación laboral del cholo barato y sin derechos.

Acabar de una vez con la oprobiosa figura del despido arbitrario que convierte a los empresarios en los señores feudales del siglo XXI. Eliminar también el sistema de las services y todas las disposiciones de flexibilización laboral heredadas del Fujimorato.

En su lugar, aprobar una nueva Ley del Trabajo que restituya la estabilidad laboral plena, garantice el respeto a la jornada de ocho horas y proteja y aliente la sindicalización, conquistas históricas que todavía se respetan en los países que se autodefinen modernos y civilizados.

Igualmente, acabar con las remuneraciones de hambre. Dictaminar en forma urgente un aumento general de sueldos, salarios y pensiones en un 100%, con el compromiso de reajustes en función del costo de la canasta básica familiar. Defender el poder adquisitivo de los trabajadores mediante el control de precios a los alimentos, gas y servicios esenciales.

Hacer justicia a los asegurados de las AFP garantizándoles la libre desafiliación, sin condiciones. Y obligar a las empresas y altos funcionarios a responsabilizarse por las pérdidas, bajar las cotizaciones y rendir cuentas públicas.

Iniciar el proceso de devolución de los aportes a los fonavistas, investigando y sancionando a los responsables del despilfarro y mal uso de este Fondo.

4. Elevar en forma urgente la calidad de los servicios de educación y salud públicos con los presupuestos que sean necesarios. Reimpulsar y ampliar el programa de educación intercultural bilingüe y los programas de salud intercultural. Aprobar una nueva ley universitaria para convertir las universidades públicas en centros de investigación y profesionalización al servicio del desarrollo interno y la demanda de los pueblos, en base a sistemas transparentes de acreditación.

5. Establecer un fuerte impuesto a las sobreganancias mineras e implementar una reforma tributaria para que paguen más impuestos las grandes empresas, los bancos y accionistas que negocian en bolsa, y sean disminuidos los impuestos que afectan al consumo popular en alimentos, vestido, vivienda, educación y servicios.

6. Destrabar y reimpulsar el sistema de lucha contra la corrupción empezando por dar curso inmediato a la investigación y sanción en los casos que involucran a personajes políticos y altos ex funcionarios, como el faenón, espionaje telefónico, lavado de dinero, tren eléctrico, robo de documentos en Salud y otros. Dar prioridad en el Congreso a la aprobación de las propuestas del Presidente Humala para que los delitos de corrupción sean imprescriptibles, no gocen de beneficios penitenciarios y los culpables sean inhabilitados a perpetuidad para la función pública.

7. Cambiar la relación autoritaria del Estado frente a la ciudadanía y los pueblos, expresada en la negativa sistemática a facilitar la participación popular en el debate de normas, políticas y tratados que comprometen el futuro del país a mediano y largo plazo, como es el caso de los denominados tratados de libre comercio y la deuda pública.

Para el efecto, revisar y someter a referendo nacional todos los tratados de libre comercio firmados o por firmar. Asimismo, someter a una auditoría y debate nacional la cuantiosa deuda externa, suspendiendo todo pago hasta que se realice un referendo que defina qué hacer con ella.

Acompañar estas primeras medidas democratizadoras con la convocatoria a una Asamblea Constituyente para implementar un nuevo pacto social basado en la realidad plurinacional, multicultural y plurilingue del Perú y el respeto irrestricto a los derechos humanos, especialmente de los sectores más vulnerables: las niñas, niños y adolescentes, las mujeres, las personas con discapacidad, los pueblos originarios y los sectores en situación de extrema pobreza.
El cambio constitucional es necesario también para acabar con la supremacía de los intereses transnacionales y privados sobre el país, recuperar la soberanía nacional sobre los recursos naturales y las finanzas públicas, restituir al Estado su capacidad de realizar inversiones productivas con objetivos sociales y recuperar el control público sobre los sectores económicos estratégicos. Es, además, imprescindible para la recuperación plena de todos los derechos democráticos, económicos, sociales y culturales afectados por la espúrea Constitución de 1993.
6 de agosto del 2011

Proyecto minero Tía María sigue amenazando Cocachacra

“La Southern todavía no se resigna a perder…”

Pepe Julio Gutiérrez.

En el marco del III Diálogo de Saberes y Movimientos realizado en Lima los días 22 y 23 de julio, entrevistamos a Pepe Julio Gutiérrez, presidente del Frente Amplio de Defensa del Valle del Tambo. La transnacional Southern Perú insiste en llevar a cabo su proyecto cuprífero Tía María, cancelado por el gobierno saliente ante la fuerza de la movilización social y las críticas de Naciones Unidas al estudio de impacto ambiental que resultó un fraude. La Southern saludó el triunfo de Ollanta Humala y le extendió su confianza. ¿Se cocina algo turbio o los nuevos ministros de Energía y Minas, Ambiente, Cultura y Agricultura harán valer los derechos de las comunidades afectadas como manda el Convenio 169 de la OIT?


¿Por qué razón el pueblo de Tambo se vio envuelto en el problema con la Southern?

La razón fundamental fue aquella agresión que se empezó a hacer para despojarnos de lo que consideramos un trabajo de varias generaciones. Nosotros somos un pueblo eminentemente agrícola. Por todos los estudios y jornadas de capacitación que hicimos vimos que una actividad diferente a la nuestra, como es la minería, iba a desaparecer el valle; es cuando realmente nos pusimos a pensar y allí nace el conflicto.

¿Cómo así lograron involucrar en la lucha a toda la población de Islay?

Se dieron tres escenarios diferentes. El primero, cuando nace el Frente del medio ambiente y los recursos naturales, con Cocachacra como zona de influencia directa. A partir de allí empezamos un sistema de capacitación en todo el valle del Tambo.
A raíz de eso, nace la idea de conformar una entidad mayor que es el Frente amplio de defensa del valle del Tambo, el mismo que en significativas asambleas populares logró convocar a tres mil, dos mil quinientas personas, por lo tanto era el momento de tomar una determinación con una medida social.
Lo hicimos a través del éxito del primer paro en abril del 2010, un paro medio timorato y fracasado en noviembre pero que fue contundente por los resultados de las elecciones regionales y municipales y, finalmente, cuando no nos quedó más que desencadenar en una lucha a nivel provincial, trasladándonos en dos oportunidades del campo a la ciudad. Hicimos una gran marcha de motivación hacia Arequipa, con más de cinco mil pobladores del valle del Tambo y, posteriormente, una movilización de aproximadamente ocho mil personas a la capital de la provincia.
Eso creo que motiva a la provincia. Y creo también, en el tercer escenario, tuvo mucho que ver la desmedida represión policial que sufrimos nosotros, que no solamente fue contra Cocachacra sino en todos los puntos de la movilización. Eso motivó aún más a la gente que realmente se unió y por primera vez en la historia de la provincia de Islay logramos unir la fuerza más grande, toda la provincia de Islay y lo que significa el valle del Tambo.

¿Este tipo de problemas se pueden resolver ahora con la ley de la consulta previa?

Creo que sí pero con una ley que no sea ambigua, como muchas de las leyes que se dan. Por ejemplo, en el 2004 se dio una norma de ordenamiento territorial, nadie le hacía caso; este año cuando se comienza a motivar a la gente, el Ministerio del Ambiente saca una norma recortándole importancia y haciendo no vinculantes las decisiones que se tomen al amparo de la misma. Se hace un reglamento del Convenio 169 en donde se da validés a la consulta pero se dice que si el proyecto es de necesidad nacional, no vale la decisión de la consulta.
Más que vinculante la consulta debe ser aceptada por las partes, lo que le llamo la consulta de partes, en donde las empresas y las comunidades que son parte de la licencia social se pongan de acuerdo y ambos respeten el resultado. Creo que si se da una norma de esta jerarquía pero con estas condiciones se evitarían muchos conflictos.

¿En otro escenario en donde exista la ley de consulta ustedes reevaluarían la presencia del proyecto minero Tía María?

Es imposible porque nosotros ya hicimos una consulta con todas las garantías del caso, y si vamos a una nueva consulta estoy convencido que le volvemos a ganar, pero con la zona de influencia directa porque qué tendría que hacer un arequipeño de la capital votando por un proyecto como Tía María. Yo creo que allí sí actuaría el poder del dinero.
Segundo, creo que hay otro escenario en Cocachacra: las heridas que todavía tenemos están sangrando, aún está fresco el recuerdo de los muertos, tenemos como dieciocho mutilados, una serie de heridos, tenemos persecusión policial, y sin embargo la empresa todavía no se resigna a perder.
En el ministerio de Energía y Minas el expediente Southern ha pasado al Consejo Consultivo de Minería. Cómo alguien que ha sido derrotado por un poder social y por un decreto eminentemente técnico-legal todavía se aferra a cosas de esta naturaleza. De manera que esas cosas tienen que cambiar para que realmente cambie el escenario. Mientras tanto, el poder social está mucho más fortalecido.

¿Han tenido ocasión de conversar con las comisiones de transferencia del nuevo gobierno?

Nosotros hemos hecho un Encuentro los días 24 y 25 de junio en Cocachacra, en donde hemos agrupado frentes de lucha como los de Majaz, Tambogrande, algunos del Centro y los del Sur que hemos tenido alguna experiencia en consultas y en las luchas. Pero nos dimos con una sorpresa.
Hicimos llegar un Pronunciamiento conjunto a las autoridades del gobierno, y por todos los canales posibles hemos buscado un acercamiento al nuevo gobierno para que escuche también la voz de un pueblo. Lastimosamente, siempre encontramos una respuesta: la agenda estaba llena. Pero no estaba llena para atender a los dueños del capital, a los dueños del Perú, a la oligarquía, ADEX, la Asociación de minería y a todas las organizaciones que simplemente maltrataron a la población en general.
Entonces, eso nos crea dudas, porque para decir, por ejemplo, que hace calor en la costa hay que sentir cómo pela la piel o como saca ampollas en los pies, o si digo hace frío en las alturas hay que sentirlo para saber cómo llegan a doler los huesos, pero desde un escritorio es muy diferente opinar cuando no se pisa una realidad.
Creo que los pueblos tenemos derecho a cuestionar cualquier aspecto, deben ser escuchados en todas las instancias de gobierno y eso evitaría también la posibilidad de los conflictos. ¡Se tiene que llegar a los muertos para que recién nos escuchen!

La Southern va a retomar su proyecto ¿ustedes van a esperar o algo ya están haciendo?

Nosotros estamos siguiendo el expediente general que tenemos en la vía legal. Teniendo la confirmación por el tribunal, estamos en la posibilidad de hacer nuestras acciones legales, no solamente por lo del expediente sino por lo de la falsedad ideológica y genérica, porque la empresa engañó no solo a Cocachacra sino al Perú entero, pretendiendo aprobar un proyecto con un estudio de impacto ambiental amañado. No lo digo yo, no lo dijeron los técnicos nacionales, lo dijo la UNOPS (Naciones Unidas).
El escenario cambia por los elementos técnicos que tenemos en nuestras manos, no solo por lo que plantea la UNOPS sino también por el trabajo socioeconómico y socioambiental que el Frente ha realizado, con lo que demostramos que en nuestro valle la agricultura tiene mucho más valor que la minería. Y, por otro lado, tenemos el aspecto social, que es la unión de nuestro pueblo, la férrea decisión de los pobladores de Cocachacra, quienes nunca nos vamos a postrar de rodillas sino que siempre los esperaremos de pie.

Surge la identidad aymara ante la prepotencia del Estado que otorga concesiones sin la consulta indígena

Sorpresa: nación aimara en el escenario político (1)*

Por: Rodrigo Montoya Rojas

Los recientes sucesos de Puno han puesto en el escenario peruano una sorpresa: la nación aimara como sujeto político. Antes, con la rebelión de Bagua de 2009, el movimiento político indígena de la Amazonía, surgió con su propia voz. La palabra nación debe ser entendida como sinónimo de pueblo, en el preciso sentido con el que Garcilaso Inca de la Vega -pensando en los Incas y en España- escribió una frase feliz en sus Comentarios reales: “en ambas naciones tengo prendas”. En 2009, José Luis Ayala, el poeta y escritor puneño, escribió el libro “Aymar marka, Nación aimara”. Hoy, una masa de miles de personas se reconoce como parte de una nación aimara, entendida como signo de una identidad colectiva.

 

En tiempos de la lucha por la tierra, (1888-1980) lo más importante en Puno fue recuperar parte de las tierras comunales que los hacendados y las reformas agrarias expropiaron. En ese largo período la nación aimara no era aún un término de identidad colectiva.

 

Desde 1999, la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, CONACAMI, surgió para asumir la defensa de derechos de pueblos como Tambo Grande en Piura, que decidió democráticamente con el apoyo de un 97 % de las personas consultadas, no ceder frente a la empresa canadiense que, si seguía adelante en su proyecto de sacar el oro y otros minerales de su subsuelo, habría hecho desaparecer el pueblo y parte de sus terrenos de cultivo. En 2005, las movilizaciones surgieron a partir de la corrupción en el municipio de Puno. Luego, siguieron las grandes movilizaciones en Arequipa, Moquegua y parte de Cusco.

 

Hoy, el punto de partida para los aimaras tiene directa conexión con lo anterior: defender los cerros tutelares donde nacen las aguas que los pueblos y la tierra beben; impedir que las empresas mineras continúen con sus concesiones, proyectos y explotaciones que envenenan los ríos y las tierras; y, defender el río Ramis, para evitar que el lago Titicaca se convierta en un pantano muerto. Frente a esa realidad reaccionan los pueblos aimara y quechua. Dos frases que expresan la novedad política de nuestros últimos años son: “El gobierno no consultó a la Nación aimara” y “El pueblo quechua apoya a los aimaras”.

 

Defender la Amazonía sudamericana y los ríos que nacen en los Andes, significa defender la vida, estar al lado de la humanidad entera y no solo de los pueblos indígenas, tal como piensan y sienten los movimientos políticos indígenas de toda la cuenca amazónica. Esta es la cuestión de fondo. Plantearla supone admitir una inevitable confrontación con el Estado, por su presencia efectiva en todos los Andes y toda la Amazonía a través de leyes y decretos que autorizan las concesiones y benefician a las empresas, que con su complicidad deja que los mineros informales hagan lo que quieran, y que con su colonial soberbia no toma en cuenta la opinión y los derechos que los pueblos tienen para que sus tierras, aguas y ríos no se envenenen. Planteado el problema de este modo es inevitable optar. En términos de largo plazo de los próximos cien años: ¿estamos del lado de la vida o del lado de la muerte?

 

Martha Giraldo, mi amiga puneña de muchos años, ha autorizado que se publique en algunos de los medios de comunicación una carta dirigida a un grupo de amigos, expresando su profundo malestar por lo que ocurre en Puno y por las enormes dificultades que tiene para seguir siendo una empresaria que yo podría llamar progresista, categoría que podría ser extraña si se tiene en cuenta la tristísima historia de los empresarios y la enorme distancia que los separa del país en general y de los pueblos indígenas en particular. Volveré sobre el tema.

*Publicado en La Primera, 2 de julio de 2011

Gobierno y empresarios alientan nuevo "Baguazo" en Puno

Ni el “Cristo de lo robado” salvará a García si no promulga Ley de consulta a las comunidades

Por: Fernando Gutiérrez

Alan García viene provocando a los pueblos Aymara y Quechua en Puno, pese a que está en falta por haber otorgado concesiones mineras sin cumplir con la consulta previa a las comunidades afectadas.

En medio del conflicto, en vez de gestionar una solución a la huelga indefinida en Puno, se mandó instalar un Cristo de fibra de vidrio en el Morro Solar de Lima, calificado en las redes sociales como el “Cristo de lo robado”, en alusión al carácter corrupto del Presidente saliente, a quien la plata le llega sola.

Amigo de grandes empresas, como Odebrech, que regaló el aludido Cristo, García se atrinchera en su política del perro del hortelano que en el 2009 lo llevó a provocar el levantamiento amazónico contra su intento de vender la Amazonía “en grandes lotes” a los consorcios transnacionales.

En Puno, García está alentando una nueva confrontación interna de imprevisibles consecuencias, no le importa, lo único que cuenta para él es la defensa cerrada de las empresas mineras y petroleras frente a las comunidades aymaras y quechuas que solo exigen se cumpla con las normas constitucionales que protegen sus derechos.

PRACTICA ANTICONSTITUCIONAL

El Convenio 169 de la OIT, norma internacional de derechos humanos, es parte del cuerpo constitucional del Perú desde 1995, año en que el Estado peruano lo ratifica. Dicho documento establece los derechos especiales que corresponden a los pueblos indígenas y que los estados tienen la obligación de respetar.

Uno de esos derechos es la consulta previa, libre e informada, que en Perú las autoridades estatales deben realizar a las comunidades en cuyos territorios pretendan otorgar una concesión, implementar un proyecto de desarrollo o dictar normas administrativas que puedan interferir su forma de vida.

Ni Fujimori, ni Toledo ni García han cumplido con esta norma constitucional. De allí nacen los actuales y numerosos conflictos que involucran a pueblos andinos, amazónicos y costeños. Esa fue, por ejemplo, la razón para el levantamiento del 2009 que terminó en el “Baguazo”. A García y sus ministros Simon, Cabanillas y Araoz les alcanza responsabilidad política y penal por este hecho que enlutó al país.

Los pueblos indígenas reclaman con toda razón que el Estado “se ponga a derecho” en base a dos acciones: 1) suspender todas las concesiones extractivas y de infraestructura otorgadas en territorio comunal sin haber cumplido con la consulta respectiva; 2) iniciar los procesos de diálogo para obtener el acuerdo o consentimiento de las comunidades y pueblos que correspondan.

En el caso de Puno, García debería disponer la cancelación de todas las concesiones mineras y petroleras, esa es la única fórmula legal y constitucional de resolver el actual conflicto con las naciones Aymara y Quechua. En cuanto a la concesión minera en Santa Ana, ubicada en zona de frontera, el Gobierno ha transgredido incluso la prohibición constitucional de otorgar licencias a empresas extranjeras dentro de los 50 kilómetros fronterizos.

Es falso que la cancelación por decreto supremo de las concesiones mineras y petroleras en el sur de Puno “afectaría la seguridad jurídica del país”, como sostiene el viceministro de Minas, Fernando Gala. Esas concesiones no tienen ninguna base jurídica porque han sido dadas sin respetar las normas constitucionales peruanas.

Tampoco es una solución que solo se suspenda, a partir de la fecha, los nuevos petitorios mineros en la región, como propone el Ejecutivo. Esa medida consagraría la afectación a los derechos indígenas y legitimaría las concesiones inconstitucionales.

LEY DE CONSULTA PREVIA

Otra propuesta que intenta desarmar la lucha aymara-quechua es la de “consultar a todo el pueblo de Puno” sobre si acepta minería o no en su región. Esa medida colisionaría con el Convenio 169 de la OIT.

Es sabido que las poblaciones no indígenas son mucho más numerosas y una consulta general, vía referendo, colocaría a los pueblos indígenas en situación de perdedores y sin posibilidades reales de ejercer sus derechos.

Por tal razón, el Convenio 169 es enfático en señalar que el derecho de consulta solo corresponde a los pueblos indígenas, no a toda la población o ciudadanía, en casos de medidas estatales que les afecten directamente. Además, la norma estipula que la consulta debe realizarse en el marco de las instituciones y costumbres indígenas, lo cual excluye mecanismos extraños como el voto universal y secreto.

La aprobación en el Congreso de la República, en mayo 2010, de la “Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios” constituyó un paso trascendental para que el Estado retorne al cause constitucional.

Sin embargo, el Presidente García Pérez la observó y devolvió al Parlamento con cambios que desnaturalizan su esencia, reafirmándose así en su política del perro del hortelano. Desde ese momento García y los grandes empresarios decidieron no acatar el Convenio 169 de la OIT.

La Sociedad de Minería y Petróleo pidió que se declare inconstitucional la Ley de consulta aprobada. Y la CONFIEP (central empresarial) propuso que se establezcan «leyes propias» que protejan las grandes inversiones y legalicen las falsas consultas y los manipulados estudios de impacto ambiental que realizan las transnacionales para instalarse.

GOBIERNO ALIENTA NUEVOS BAGUA

La consulta de buena fe es una herramienta valiosa para dejar atrás la conflictividad social que llevó a la muerte de 24 policías y 10 indígenas en Bagua. Pero García insiste en desconocer los derechos constitucionales indígenas. Con ello está reproduciendo las condiciones políticas y sociales que llevaron al “Baguazo”.

Para esta nueva cruzada de muerte y división García cuenta con el apoyo y complicidad de los empresarios, políticos y medios de comunicación que se atrincheraron con Keiko Fujimori. ¡El Presidente saliente complota con los derrotados del 5 de junio para sembrar el caos y entregar un país violentado a Ollanta Humala!

Hay que impedir que prospere esta nueva amenaza contra el estado de derecho y la seguridad de todos los peruanos, demandando la promulgación de la “Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios”, respaldando sin reservas las demandas de aymaras y quechuas, así como rodeando el levantamiento puneño de la más amplia solidaridad hasta que triunfe.