La izquierda latinoamericana que gobierna varios países es extractivista y dócil ante las transnacionales y el neoliberalismo

AMÉRICA LATINA
La izquierda marrón
Eduardo Gudynas*

Está quedando en claro que para los gobiernos progresistas o de la nueva izquierda, las cuestiones ambientales se han convertido en un flanco de serias contradicciones. El decidido apoyo al extractivismo para alimentar el crecimiento económico, está agravando los impactos ambientales, desencadena serias protestas sociales, y perpetúa la subordinación de ser proveedores de materias primas para la globalización. Se rompe el diálogo con el movimiento verde, y se cae en una izquierda cada vez menos roja porque se vuelve marrón.

Una rápida mirada a los países bajo gobiernos progresistas muestra que en todos ellos hay conflictos ambientales en curso. Es impactante que esto no sea una excepción, sino que se ha convertido en una regla en toda América del Sur. Por ejemplo, en estos momentos hay protestas frente al extractivismo minero o petrolero, no solo desde Argentina a Venezuela, sino que incluso en Guyana, Suriname y Paraguay.

En Argentina se registran conflictos ciudadanos frente a la minería en por lo menos 12 provincias; en Ecuador, la protesta local ante la minería sigue creciendo; y en Bolivia, poco tiempo atrás finalizó una marcha indígena en defensa de un parque nacional y ya se anuncia una nueva movilización. En estos mismos países, los gobiernos progresistas alientan el extractivismo, sea amparando a las empresas que lo hacen (estatales, mixtas o privadas), ofreciendo facilidades de inversión o reduciendo las exigencias ambientales. Los impactos sociales, económicos y ambientales son minimizados. Los gobiernos en unos casos enfrentan la protesta social, en otros la critican ácidamente, y en un giro más reciente la criminalizan, y han llegado a reprimirlas.

La contradicción entre un desarrollo extractivista y el bienestar social acaba de alcanzar un clímax en Perú. Allí, el gobierno de Ollanta Humala decidió apoyar al gran proyecto minero de Conga, en Cajamarca, a pesar de la generalizada resistencia local y la evidencia de sus impactos. Esto generó una crisis en el seno del gabinete, la salida de muchos militantes de izquierda del gobierno, y una fractura en su base política de apoyo. El gobierno se alejó de la izquierda al decidir asegurar las inversiones y el extractivismo.

Posiblemente el caso más dramático está ocurriendo en Uruguay, donde en unos pocos meses, el gobierno de José Mujica está decididamente volcado a cambiar la estructura productiva del país, para volverlo en minero. Se propicia la megaminería de hierro, a pesar de la protesta ciudadana, sus impactos ambientales y sus dudosas ventajas económicas. Paralelamente, se acaba de aprobar un controvertido puente en una zona ecológica destacada, cediendo a los pedidos de inversiones inmobiliarios, y por si fuera poco, ahora amenaza con desmembrar el Ministerio del Ambiente. El gobierno Mujica no está rompiendo promesas de compromiso ambiental, ya que la coalición de izquierda es un caso atípico donde en su programa de gobierno carece de una sección en esos temas, sino que deja en claro que está dispuesto a sacrificar la Naturaleza para asegurar las inversiones extranjeras.

Estos son solo algunos ejemplos de las actuales contradicciones de los gobiernos progresistas. Estas resultan de estrategias de desarrollo de intensa apropiación de recursos naturales, donde se apuesta a los altos precios de las materias primas en los mercados globales. Su macroeconomía está enfocada en el crecimiento económico, atracción de inversiones y promoción de exportaciones. Se busca que el Estado capte parte de esa riqueza, para mantenerse a sí mismo, y financiar programas de lucha contra la pobreza.

Bajo ese estilo de desarrollo, la izquierda gobernante no sabe muy bien qué hacer con los temas ambientales. En algunos discursos presidenciales se intercalan referencias ecológicas, aparece en capítulos de ciertos planes de desarrollo, y hasta hay invocaciones a la Pacha Mama. Pero si somos sinceros, deberá reconocerse que en general las exigencias ambientales son percibidas como trabas a ese crecimiento económico, y que por ello se las considera un freno para la reproducción del aparato estatal y la asistencia económica a los más necesitados. El progresismo se siente más cómodo con medidas como las campañas para abandonar el plástico o recambiar los focos de luz, pero se resiste a los controles ambientales sobre inversores o exportadores.

Se llega a una gestión ambiental estatal debilitada porque no puede hincarle el diente a los temas más urticantes. Es que muchos compañeros de la vieja izquierda que ahora están en el gobierno, en el fondo siguen soñando con las clásicas ideas del desarrollismo material, y están convencidos que se deben exprimir al máximo las riquezas ecológicas del continente. Los más veteranos, y en especial los caudillos, sienten que el ambientalismo es un lujo que solo se pueden dar los más ricos, y por eso no es aplicable en América Latina hasta tanto no se supere la pobreza. Tal vez algunos de esos líderes, como Lula o Mujica, llegaron muy tarde a ocupar el gobierno, ya que esa perspectiva es insostenible en pleno siglo XXI.

¿Estas contradicciones significan que estos gobiernos se volvieron neoliberales? Por cierto que no, y es equivocado caer en reduccionismos que llevan a calificarlos de esa manera. Siguen siendo gobiernos de izquierda, ya que buscan recuperar el papel del Estado, expresan un compromiso popular que esperan atender con políticas públicas y generar cierto tipo de justicia social. Pero el problema es que han aceptado un tipo de capitalismo de fuertes impactos ecológicos y sociales, donde solo son posibles algunos avances parciales. Más allá de las intenciones, la insistencia en reducir la justicia social a pagar bonos asistencialistas mensuales los ha sumido todavía más en la dependencia de exportar materias primas. Es el sueño de un capitalismo benévolo.

Parecería que el progresismo gobernante solo puede ser extractivista, y que este es el medio privilegiado para sostener al propio Estado y enfrentar la crisis financiera internacional. Se está perdiendo la capacidad para nuevas transformaciones, y la obsesión en retener los gobiernos los hace temerosos y esquivos ante la crítica. Esta es una izquierda al fin, pero de nuevo tipo, menos roja y mucho más progresista, en el sentido de estar obsesionada con el progreso económico.

Este tipo de contradicciones explican el distanciamiento creciente con ambientalistas y otros movimientos sociales, pero también alimentan la generalización de una desilusión con la incapacidad del progresismo gobernante en poder ir más allá de ese capitalismo benévolo. Muchos recuerdan que en un pasado no muy distante, cuando varios de estos actores estaban en la oposición, reclamaban por la protección de la Naturaleza, monitoreaba el desempeño de los controles ambientales, y apostaban a superar la dependencia en exportar materias primas. Esas viejas alianzas rojo – verde, entre la izquierda y el ambientalismo, se han perdido en prácticamente todos los países.

Llegados a este punto, es oportuno recodar que, desde la mirada ambiental, se distingue entre los temas “verdes”, enfocados en áreas naturales o la protección de la biodiversidad, y la llamada agenda “marrón”, que debe lidiar con los residuos sólidos, los efluentes industriales o las emisiones de gases. La mirada verde apunta a la Naturaleza, mientras que la marrón debe enfrentar los impactos del desarrollismo convencional.

Bajo este contexto, el progresismo gobernante en América del Sur se está alejando de la izquierda roja y al obsesionarse cada vez más con el progreso, se vuelve una “izquierda marrón”. La “izquierda marrón” es la que defiende el extractivismo o celebra los monocultivos. Frente a esa deriva, la tarea inmediata no está en la renuncia, sino en proseguir las transformaciones para que la izquierda sea tanto roja como verde.

*Eduardo Gudynas es investigador en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social).

Fuente: ALAI, América Latina en Movimiento – 2 de marzo 2012

Carlos Monge: “Se debe cambiar de esquema minero”. Entrevista censurada en La Primera

Estimados compañeros y compañeras:
Comparto con ustedes el texto de una entrevista que me hicieran para La Primera pero que, me informan, no será publicada pues se ha dispuesto en dicho diario no tocar el tema Conga.
Un abrazo
Carlos Monge

Carlos Monge, investigador del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (Desco), afirma que el esquema minero creado por Fujimori y mantenido por Toledo y García, no da más y debe ser cambiado para evitar conflictos como el de Conga.

"El marco institucional minero ya está agotado"

Muchos políticos y analistas afirman que la consigna “Conga no va” es extremista; ¿Ud. cree que ella significa lo mismo que: “minería no va”?

No, para nada. Decir “Conga no va” es decir “no” a dos cosas. En primer lugar, a un proyecto específico que plantea problemas específicos. ¿Cómo hacer minería de tajo abierto en una zona de páramos andinos, en donde lamentablemente, el mineral se encuentra disperso en la tierra; entonces para obtener un gramo de mineral tienes que mover toneladas de tierra, en una zona en la cual esa tierra, está en el centro del proceso de producción de agua?

Es decir que la afectación ambiental no será leve…

El drama de la cordillera norte del Perú que abarca la sierra de La Libertad, Cajamarca y Piura, es que el agua se forma mediante la captura de humedad por la vegetación nativa de los páramos altoandinos y por retención, captura de agua de lluvia por los sistemas de lagunas de esos páramos altoandinos. El agua no se forma por glaciación porque allí ya no hay nevados. Esos páramos son la principal reserva de agua. Además, el oro no está en veta concentrada, está disperso en la tierra. Entonces el “Conga no va” no es un “no” filosófico, es un “no” muy concreto porque necesariamente se debe escoger entre agua y oro.

¿A qué otra cosa le dice “no” esa consigna?

El “Conga no va” también es un “no” simbólico a la herencia de Fujimori/Toledo/Alan García.

¿En qué sentido?

Un marco institucional en el que la promoción de la inversión lo es todo. Pesa más que cualquier otra consideración ambiental o social y se expresa en el hecho de que el ministerio de Energía y Minas (Minem) concentra todas las decisiones, incluida la evaluación y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA); el ministerio del Ambiente está pintado en la pared; y los gobiernos regionales y locales no existen.

¿Y qué se debe hacer entonces?, ¿otra Ley General de Minería?

Reformular la Ley General de Minería, la Ley Orgánica del Sector Energía y Minas, y la Ley Orgánica de los Gobiernos Locales y Regionales.

Desde que se inició el proceso de descentralización hasta ahora, no se ha descentralizado Energía y Minas. Lo único que se ha transferido a los gobiernos regionales, son competencias en materia de pequeña minería artesanal, pero los grandes proyectos minero energéticos se han quedado en el ministerio.

Luego, se creó el ministerio del Ambiente, pero el único sector en el cual no dieron ninguna competencia fue en Energía y Minas.

Hay una versión que afirma que le fue difícil al propio exministro del Ambiente, Ricardo Giesecke, acceder a información sobre el EIA de Conga…

Cuando el equipo de Giesecke pidió copia del EIA de Conga, no se la dieron fácilmente. Las consultas que hizo el ministerio de Energía y Minas fueron solo a la Autoridad Nacional del Agua y al ministerio de Agricultura. ¿Puedes creer que la aprobación de un EIA no se consulte al ministerio del Ambiente?

No tiene lógica.

A los gobiernos regionales tampoco. Tenemos un marco institucional, herencia de un manejo sectorialista y centralista creado por Fujimori, mantenido por Toledo y por García, y es eso lo que está reventando. La solución estructural es cambiar de esquema.

Pero eso requiere un tiempo, una moratoria de concesiones mineras hasta redefinir el esquema, ¿eso es factible?

En primer lugar no hay que dar más concesiones mineras en este esquema. Se debe cerrar la puerta del Ingemmet con llave y luego tirarla al mar. En segundo lugar, cancelar las concesiones a las que no se les haya dado ningún uso productivo y que simplemente están pagando su derecho de vigencia, porque, o no tienen detrás a nadie que en serio quiera hacer minería, o han sido adquiridas para fines especulativos.

Hay técnicos que sostienen que ya no es conveniente seguir con el esquema de concesiones, sino pasar a un esquema de licitaciones internacionales en el que siempre participe una empresa estatal peruana, y en el que los proyectos sean integrales a fin de desarrollar industria metalúrgica, metal mecánica, etc.

Ese es el modelo petrolero predominante en América Latina menos en el Perú. Incluso en Chile –que produce unos cuantos barriles-, existe una empresa estatal de petróleos fuerte; se llama ENAP e invierte en Perú, Ecuador y varios países. En el modelo de hidrocarburos prevalente, además la existencia de una empresa estatal, se da un bloque para exploración como resultado de una negociación bilateral o de una licitación pública, en la cual para comenzar la empresa estatal compite; y otros compiten pero presentando una cosa seria, con respaldo, experiencia y técnicos. Se cumplen además condiciones ecológicas y sociales. Se detalla la inversión en exploración y si todo sale bien, recién se da un derecho preferencial para pasar a explotación. Estoy de acuerdo con caminar hacia eso en el caso de minería.

¿Cuál sería el procedimiento más adecuado para la exploración y explotación minera en un nuevo esquema?

Zonificación, ordenamiento territorial y plan concertado de desarrollo. A partir de allí recién la mezcla de concesión con certificado ambiental y ley de consulta. Cuando ya se tiene un proyecto que pasa por el filtro de la zonificación, está contemplada en el ordenamiento territorial, es parte del plan de desarrollo, de la visión de qué hacer con ese territorio, tiene licencia social y se da un proceso de consulta, entonces se otorga la concesión. La concesión se vuelve una negociación de un proyecto serio para hacer exploración primero, y explotación después.

¿Y las instituciones?

Definido un procedimiento, hay que definir qué roles juegan el gobierno central, el gobierno regional, el gobierno local y la población. Lo que hay ahora es que por un lado los gobiernos regionales se han lanzado a hacer zonificación y ordenamiento territorial, como Cajamarca, y por otro lado el ministerio reparte concesiones como quien reparte naipes en una borrachera con los amigos. Esa es una receta para el conflicto.

¿Con ese nuevo procedimiento se podría determinar que en algunas zonas la minería sea inviable?

Es posible que los procesos de zonificación y ordenamiento territorial bien hechos te digan que hay extensas zonas donde no debe haber minería. Eso de oro y agua como una afirmación filosófica general está bien pero no siempre es posible. Yo también quisiera que se pudiera sacar el oro con alguna cañita, pero si no se puede, no se puede.

¿Como ve lo del peritaje para solucionar el conflicto de Conga?

Si uno se pone estricto, se da cuenta de que está enfrentando una situación sui generis y hasta cierto punto ilegal. ¿Por qué está suspendido el proyecto Conga si había cumplido con todas las normas? De acuerdo a la ley ya deberían estar secando las dos primeras lagunas para usarlas de basurero cuando revienten las dos segundas, pero el proyecto está parado por una decisión política que va más allá de cualquier marco normativo. El gobierno pidió que paren mientras veía como solucionar el conflicto social y el problema político que se armó.

¿Es decir que el peritaje está por fuera del esquema minero actual?

De hecho lo que estamos viendo es que el marco institucional reventó, ya estamos operando fuera de él. Estamos tomando decisiones de política que trascienden un marco institucional agotado que ya no da más. Para mí esa es la principal lección.

¿Y qué cree que salga de esto?
>
Pienso que el gobierno ha decidido que Conga va de todas maneras. Lo ha dicho de varias formas, y respecto del peritaje como tal, siento que dependiendo de qué persona del gobierno hable, se da un mensaje diferente. Por ejemplo, el premier dice que el peritaje es para disipar las dudas de la población…

Población que supuestamente ha sido manipulada…

Entonces, estamos gastando un cuarto de millón de dólares para traer a tres fulanos a dar charlas a la ciudad de Cajamarca, a explicar a la gente que está confundida, que ha sido engañada, que son ignorantes o que no entienden nada. Otros dicen que el peritaje es para hacer mejorar el EIA. ¿En 40 días se puede revisar seriamente un EIA que tomó cuatro años, que tiene treinta mil páginas y que tomó ocho meses de evaluación? Pero el gobierno además insiste que se arranque en marzo, entonces, las matemáticas ya no me cuadran. Cuarenta días útiles no te dan para que se inicie el proyecto en marzo.

Pero además hay que sumar el tiempo necesario para que la empresa implemente las recomendaciones del peritaje…

Digamos que en cuarenta días se tienen las recomendaciones; si son serias, la empresa tendrá que hacer un análisis técnico de las mismas. Durante años han diseñado un proyecto que dice que se van a tumbar cuatro lagunas, y si la recomendación dice túmbese ésta y no la otra…

Tendrán que reformular el proyecto…

Y eso supone no solo una cuestión técnica, sino también financiera. Tendrá que incorporar y analizar los costos que estas modificaciones supongan. Si el gobierno insiste en que se arranca en marzo, el peritaje tiene que ser una burla porque tendrías que producir recomendaciones tan light que la empresa pueda en 48 horas, evaluarlas técnicamente, incorporarlas en un nuevo diseño, resolver su costo financiero y arrancar.

Creo que esto está atado a una visión más general: se necesita toda esta gran minería, con los 29 proyectos que están detrás, Conga y los otros 40 mil millones de inversión, porque eso financia la inclusión social. Ese fue el sentido de la negociación de los 3 mil millones de soles adicionales.

¿Se refiere al nuevo gravamen minero y la modificación de las regalías?

El concepto fue: te saco más y con eso financio la inclusión social. Si esa es la visión, entonces Conga garantiza la gran transformación. Para mí, esa es la frase que mejor resume el enfoque. Es la madre del cordero. Yo no estoy hablando de corrupción, no creo que Conga se compró al presidente o al ministro. Esto no es Alan García, lo que hay es una discrepancia de visiones que se traduce en marcos institucionales.

Humedales que proveen de agua a la laguna El Perol.

Destrucción de humedales de El Perol por el proyecto Conga.

Carlos Taibo propone el decrecimiento en los países opulentos como alternativa a la degradación del medio ambiente, la expoliación de los países pobres y la sobreexplotación de los trabajadores

Ollanta Humala: ¿rehén o traidor?

Por: Fernando Gutiérrez

La ruptura de Ollanta Humala con su base popular no ha significado la crisis catastrófica de su gobierno. Sin embargo, el encontronazo que sostuvo con la población de Cajamarca a causa del proyecto minero Conga y el cambio de Gabinete acabaron con su imagen concertadora.

Las encuestas de enero le dan a Humala un 50% o más de aprobación. El desencanto en los sectores que lo llevaron a la segunda vuelta está todavía en sus inicios. Y las pérdidas están siendo compensadas por un novedoso respaldo desde los bolsones tradicionales de la derecha.

En el Congreso de la República el presidente disfruta hoy de un apoyo casi total que no tenía al inicio de su gestión: pepecistas, ppkausas, toledistas, apristas y hasta fujimoristas se han sumado a la bancada nacionalista para felicitarlo por haber restablecido la autoridad en Cajamarca con el estado de emergencia y expulsado del Ejecutivo a los izquierdistas.

Con la salida de los ministros ‘progres’ y la conformación del gabinete Valdés, las riendas del Estado han vuelto en forma definitiva a manos de la elite económica y política que gobierna el Perú desde que en 1990 Alberto Fujimori diera inicio al proyecto neoliberal.

Pero el soporte esencial y a la vez práctico del régimen ollantista son las Fuerzas Armadas y el poderoso grupo empresarial minero. Desde esas fuentes de poder nace el actual curso autoritario que ha iniciado el Ejecutivo en el manejo de los conflictos sociales, de las concesiones extractivas, del tema ambiental y de la lucha antidrogas tras el cambio de presidente en Devida.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en manos del comandante(r) Óscar Valdés, se propone concentrar para sí la gestión de los estudios de impacto ambiental, la fiscalización ambiental y el manejo de los recursos hídricos del país, quitándoles a las carteras de Energía y Minas, Ambiente y Agricultura estas atribuciones claves dentro del modelo económico de explotación intensiva de los recursos naturales.

Los conflictos sociales ocasionados por los grandes proyectos también tendrán que pasar por el círculo de fuego de la PCM. En Cajamarca, Valdés convirtió el diálogo en una emboscada contra los líderes sociales y el presidente regional Gregorio Santos. De ese modo el presidente y su actual primer ministro anunciaron al país que frente a las demandas ambientales manipularán las mesas de diálogo, las agendas y las actas, interpretarán los acuerdos, perseguirán a los dirigentes legítimos y enviarán policías y soldados si sus maniobras no logran neutralizar a las poblaciones en pie de lucha.

Este curso autoritario fue anunciado por el presidente Humala cuando declaró que el soldado está por encima del bien y del mal; es decir, hagan lo que hagan los militares como él, no se les podrá juzgar. Autoritarismo e impunidad van de la mano en el proyecto neoliberal.

Tiene lógica, por ello, que el primer ministro Óscar Valdés haya expresado su admiración por el primer gobierno de Alberto Fujimori (90-95), periodo del autogolpe, del fujishock, de la eliminación de derechos, de los crímenes del grupo Colina, de las privatizaciones… y de la aprobación de la Constitución de 1993 que otorga supremacía a las transnacionales sobre los recursos naturales, el mercado interno, los territorios indígenas, el Estado y las leyes peruanas.

Esto último nos lleva a preguntarnos: ¿será que Ollanta Humala intenta copiar la maniobra de Fujimori convocando al cambio constitucional ahora que cuenta con el apoyo de las derechas? Sin duda, el engendro de reforma o nueva constitución que saldría de allí legitimaría el continuismo neoliberal bajo la promocionada fórmula del crecimiento con inclusión.

Lucha contra el continuismo

Nada de esto significa que Ollanta Humala y las huestes del neoliberalismo se saldrán con la suya tan fácilmente. La resistencia social al modelo excluyente también ha retornado al escenario nacional a través de la lucha de Cajamarca. A diferencia de la época del primer gobierno fujimorista, hoy en día existe un proceso social radical y masivo de cuestionamiento al modelo económico.

Ollanta Humala ganó las elecciones el 2011 a caballo de ese proceso; su traición a las espectativas de cambio significa el reinicio del mismo, en el cual siguen jugando un rol central las luchas de las comunidades y los pueblos de las regiones andinas, amazónicas y de la costa.

La movilización antineoliberal en curso es el elemento más dinámico de la coyuntura actual y lo será mientras dure el régimen ollantista. En el corto plazo se hará sentir la presión de los conflictos ambientales que seguirán la radicalidad y masividad de Cajamarca.

Ollanta Humala no ha sido tomado de rehén por la derecha y los grupos mineros, como afirman algunos izquierdistas que hoy piden que ‘las masas’ lo rescaten. Lo que en realidad ha ocurrido es que el líder de la gran transformación se sacó la careta. La lucha de Cajamarca en defensa de sus fuentes de agua lo obligó a ello.

La posición de Ollanta en beneficio de Conga está en correspondencia con su primer mensaje presidencial al asumir el mando. En aquella ocasión él anunció que su principal compromiso consistía en asegurar la continuidad del crecimiento a través de nuevas grandes inversiones, sobre todo mineras y energéticas (petróleo, gas, hidroeléctricas). Y que del éxito de esas inversiones dependía su programa de inclusión social.

Lo mismo ha dicho para justificar su ‘Conga va sí o sí’, o argumentar su opción por ‘el agua y el oro’. Al sacarse la careta quedó en evidencia que su promesa en Cajamarca de defender el agua y la producción campesina fue pura demagogia para ganar votos. Con justa indignación los pueblos de esta y otras regiones del país, así como amplios sectores de la juventud en las ciudades lo califican de traidor.

Ahora queda claro que Ollanta usó un discurso antisistema, ofreció cambiar la Constitución y el modelo económico y se enfrentó a la derecha y a las transnacionales, solo para ganar votos. Su demagogia fue mucho más efectiva que la de Fujimori, Toledo y García, logrando calar hondo en las poblaciones más afectadas por el impacto minero y el modelo neoliberal, quienes creyeron que él era el líder del cambio. La izquierda ollantista contribuyó a tal engaño.

Por eso la indignación y movilización popular se desencadenó pronto y en forma masiva en Cajamarca, e irá creciendo al compás del desarrollo de los conflictos ambientales y sociales en el sur, centro y oriente del país.

En el proceso, se irá reconstruyendo la unidad indígena, campesina y popular capaz de derrotar el continuismo neoliberal del gobierno Humala, para retomar la senda del cambio de modelo de desarrollo hacia un nuevo proyecto de país.

Perú: Tiempos de cambio en la minería

Comuneros y campesinos de Cajamarca enfrentan organizados a la poderosa transnacional minera Yanacocha.

Por Marco Arana*

08 de noviembre, 2011.- Fue gracias a las leyes e incentivos dados a la minería en 1992 por el gobierno de Alberto Fujimori que en el periodo 2007-2011 las exportaciones del sector primario llegaron a constituir en promedio el 70% de todas las exportaciones y han hecho que el Perú sea el principal productor de oro de América Latina.Las concesiones mineras se extienden por todo el país llegando (en junio de 2011) a constituir más de 24 millones de hectáreas. El gobierno celebra que las inversiones mineras previstas para los próximos años serán de más de 42 mil millones de dólares.

Regiones donde se ubican las operaciones mineras han comenzado a recibir importantes transferencias monetarias como parte del impuesto a la renta que recauda el gobierno central. Desarrollo de infraestructura vial y ampliación de las redes de aprovisionamiento eléctrica se promueven y amplían en diversas regiones del país facilitando una mayor expansión de las actividades mineras.

La publicidad minera y gubernamental señala que el Perú saldrá de la pobreza gracias al boom minero y hay hasta quienes piensan que con el gravamen que pagarán las mineras, calculado en más o menos 3 mil millones de nuevos soles, y la ley de consulta a los pueblos indígenas, recientemente promulgada por el presidente Ollanta Humala, la minería entra en una nueva etapa en que habrá menos conflictos socioambientales y se convertirá en el “diamante de la competitividad” como solían decir los neoliberales de los años 90 o como suelen decir hoy en la “locomotora del desarrollo”. Veamos de cerca estos temas.

No todo lo que brilla es oro

A nivel ambiental. Tanto la gran minería moderna como la pequeña minería vienen causando enormes daños ambientales. En la Oroya, donde opera la minera Doe Run, se ha contaminado con plomo a más del 90% de los niños de la localidad; está considerada entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo. En el puerto del Callao, por donde salen los minerales fuera del país, se ha contaminado a centenares de niños con particulado de plomo, los daños sobre su sistema neurológico es irreversible. En Cajamarca, Yanacocha, la mina de oro más grande de América Latina, contaminó en el año 2000 a más de un millar de campesinos con mercurio metálico, la secuela de los males continúa hasta hoy, y la ciudad que alberga a más de 170 mil habitantes bebe agua proveniente de procesos mineros, porque las fuentes naturales de agua (lagunas, quebradas y ríos) han desaparecido.

La Minera Southern ha contaminado la bahía de Ite en el mar de Moquegua y, en la región de Tacna, ha agotado las aguas subterráneas, motivo que ha llevado al gobierno regional a tener que dictar, por primera vez en la historia del Perú, dispositivos legales de veda de uso de aguas subterráneas para uso minero. En Madre de Dios, lo que comenzó como minería artesanal, hoy es una minería de gran escala que extrae oro con dragas de los ríos y deforesta miles de hectáreas amazónicas, virtiendo además miles de kilogramos mercurio a los ríos amazónicos. En Puno, la mina La Rinconada contamina con metales pesados el Río Ramis que es afluente del lago Titicaca, una cuenca endorreica, la más alta del mundo, y las protestas de los pueblos quechuas y aymaras que datan de muchos años siguen siendo ignoradas.

En Cajamarca, Piura y Huamachuco los mineros ilegales contrabandean insumos químicos que trasladan peligrosamente en vehículos de transporte público, contaminan ríos y pequeños poblados. A todos estos graves daños ambientales, se suman dieciséis de los 53 ríos de la costa que están contaminados por actividades mineras a pesar de que el inventario de pasivos ambientales, que aún no concluye, ha identificado ya más de cinco mil quinientos de ellos que están drenando aguas ácidas a las partes bajas de las cuencas.

La autoridad ambiental hace deficientes controles:

Las fiscalías ambientales se hallan abarrotadas de investigaciones que no se realizan por falta de recursos o presiones políticas y económicas, como lo denunció el coordinador de las mismas, y los juzgados ambientales no han sido instalados. Para colmo, no existen procuradorías ambientales que ayuden a las poblaciones a demostrar técnicamente las afectaciones de las que son víctimas. Los EIAs de las empresas mineras son aprobados por la propia autoridad encargada de promover la inversión minera, y las recomendaciones de las Defensoría del Pueblo de que sea el MINAM quien los evalúe y apruebe siguen cayendo en saco roto. Los límites máximos permisibles (LMPs) que son invocados por las empresas para decir que la calidad ambiental de su área de operaciones y de influencia está bien se hallan desactualizados (datan de 1996) y hasta el Banco Mundial afirma que no sirven para prevenir la contaminación, por lo demás el Ministro Brack, ardoroso defensor de la gran minería, dejó extrañamente pendientes la fijación de los LMPs de las emisiones y efluentes mineros.

A nivel social. Aunque la minería moderna desata grandes expectativas laborales, lo cierto es que por su alta tecnificación genera pocos puestos de trabajo (1.5% de la PEA nacional), y además está sometida a mecanismos de terciarización que recortan al máximo los derechos de los trabajadores. Se estima que más del 70% de los trabajadores de la gran minería están bajo la modalidad de services, lo que impide además su sindicalización y capacidad de negociación para proteger sus derechos. En cambio, en la pequeña minería se genera muchos más puestos de trabajo pero en condiciones infrahumanas, explotando mano de obra infantil, sin norma alguna de seguridad, evadiendo impuestos, contrabandeando insumos, etc.

Las pequeñas economías locales donde se ubican las actividades mineras experimentan rápidamente subidas de los precios debido a que el sector empleado en la gran minería suele tener ingresos económicos más altos que el promedio local, con lo cual los costos de vivienda, alimentación, educación suben exorbitantemente y ahondan las brechas de desigualdad entre los que pueden pagar esos servicios y los que quedan excluidos de los mismos.

Para nadie es un secreto que la ciudad de Cajamarca se ha convertido en una de las cuatro ciudades más caras del país, precisamente por el fenómeno inflacionario provocado por los ingresos de los trabajadores de la actividad minera o simplemente por las distorsiones de precios de mercado que genera las expectativas de venta de servicios locales. En el plano nacional, el crecimiento económico basado en los ingresos de las exportaciones mineras, que no contienen valor agregado, (como literalmente ha señalado Oscar Ugarteche, “estamos exportando piedras”) hace que la mayor parte de la riqueza minera se vaya fuera de nuestro país y que sigamos condenando nuestra economía a lo que se denomina “deterioro de términos de intercambio”, por el cual se repite la historia económica de la explotación de nuestros recursos naturales que se venden a precio barato para luego comprar productos manufacturados a precios más caros, quedando condenados a ser un país productor de materias primas (mientras éstas duren).

A todo ello, se suma el hecho de la extrema vulnerabilidad de nuestra economía, que, si bien sigue creciendo, lo hace debido a los altos precios de los metales en el mercado internacional, lo que implica que si hay una variación en los precios de los denominado commodities nuestra economía simplemente puede frenarse de golpe o aún colapsar, si es que no se diseñan e implementan políticas de diversificación económica, como incluso y repetidas veces lo ha señalado Michael Porter en sus dos visitas a Perú.

Pese a que en esta etapa se experimenta un ciclo internacional prolongado de precios extraordinariamente altos de los metales que, por lo demás, debido a las leyes fujimoristas y alanistas que otorgaron extraordinarias facilidades al desarrollo de la gran minería y, debido también a la alta riqueza de los yacimientos que permiten bajos costos de producción, las empresas mineras se niegan a hacer aportes fiscales adicionales apelando, para ello, a sus contratos de estabilidad jurídica y a su enorme poder para jaquear al Estado vía los medios de comunicación o sus poderosos lobbys directos o través de influyentes estudios de abogados del país (García Sayán, Osterling, Echecopar) como lo ha puesto en evidencia la periodista de IDL, Milagros Salazar, con relación a evadir las multas de Osinergmin.

Del lado gubernamental, incluido el nuevo gobierno de Ollanta Humala, se ha optado por seguir promoviendo prioritariamente la minería, y aunque se ha anunciado recién que habrá nuevas regulaciones, aún no se tiene claridad sobre cuáles y el alcance preciso de las mismas (aún falta reglamentar la ley de consulta previa y se ha anunciado la promulgación próxima de la ley de ordenamiento territorial). Lo cierto es que a partir de las recientes declaraciones del primer ministro y del ministro de minería y energía, lo que parece primar es apoyar sí o sí a las mineras para que éstas contribuyan con el gravamen minero que, en el corto plazo, permitan al gobierno nacionalista realizar las obras de infraestructura y la prestación de servicios sociales. No sería extraño que, en este contexto, el gobierno opte por inclinar la balanza del lado de las empresas, como claramente lo ha señalado Víctor Caballero de la unidad de conflictos de la PCM (“La ley de consulta se aplicará solo donde el diálogo previo no funcione” y sus advertencias a lo que el denomina “violentistas y contrarios al desarrollo” sin llamar curiosamente la atención a aquellas empresas social y ambientalmente irresponsables).

Tiempos de cambio

Aunque pueda ser prematuro, y prime aún la incertidumbre para saber en qué dirección van a venir los cambios del nuevo gobierno o cuáles van a ser las continuidades que se afirmen, todo parece indicar que, en el plano social, la minería seguirá siendo la mayor fuente de conflictividad socioambiental. Por otro lado, las grandes empresas buscarán someter al gobierno de Ollanta Humala a la demoledora presión de sus medios de prensa, de sus respaldos gubernamentales extranjeros, de sus poderosos lobbys, si no también de sus chantajes.

Desde la sociedad civil organizada que no se deja coptar o corromper o desde partidos políticos como Tierra y Libertad, seguiremos afirmando que si la minería en Perú, como ha ocurrido en otros países, quiere aportar al desarrollo de largo plazo, con justicia social y sostenibilidad ecológica, la política económica y específicamente la de las industrias extractivas tienen que transitar por otros caminos: el del desarrollo y la innovación tecnológica, el de la asignación de valor agregado, del cuidado y la fiscalización ambiental, de la consulta y respeto a los pueblos y de la utilización de la renta minera para la diversificación de la economía. De tal manera que dejemos de ser clasificados como un país minero y podamos convertirnos en lo que debemos ser: un país pluriproductor, megabiodiverso, que no depende de una única actividad como la minería. Son tiempos de crisis ecológica planetaria, de crisis financiera mundial, de nuevo gobierno, de esperanzas de cambio que no se deben defraudar. Y podemos hacerlo, si miramos el Perú como un país con futuro y si, generosa y responsablemente, pensamos en los derechos que tienen los peruanos que vendrán después de nosotros. Lo que no se puede perder de vista es que los cambios deben ocurrir ahora, no podemos seguir en la larga y penosa espera que fue defraudada por el régimen corrupto y genocida de Fujimori, insuficiente y miope de Alejandro Toledo o por el gobierno soberbio, depredador y corrupto de Alan García.

Minas Conga: un desafío en el horizonte

Este proyecto minero, anunciado el 28 de julio de 2011, unas horas antes de la asunción de mando del presidente Ollanta Humala, puede ser la prueba de fuego de los cambios o continuidades que el nuevo gobierno deberá mostrar al país que lo eligió. Los 4 mil 800 millones de dólares que se dice invertirá Yanacocha en este proyecto no pueden hacerse a cualquier costo social y ambiental. En tiempos de cambio climático, de que existe una conciencia ciudadana, cada vez más creciente, que no hay desarrollo verdadero sin justicia social y sostenibilidad ecológica, los nuevos gobernantes no pueden permitir que se destruyan más lagunas y sistemas hídricos y se subordine, cuando no ponga en grave peligro el desarrollo agrícola y ganadero del sur de una importante región como es Cajamarca, tan solo para garantizar que una controvertida empresa minera aurífera recupere su inversión en unos pocos años de los 17 que inicialmente calculan que durará su proyecto.

Revisar el EIA que fue aprobado dolosamente, escuchar las preocupaciones legítimas de las organizaciones y sus autoridades no coptadas o que no se han dejado corromper, acercarse los gobernantes a las poblaciones, fortalecer la institucionalidad ambiental nacional, regional y local; someter el proyecto al proceso de zonificación ecológica y económica regional y a un plan de ordenamiento territorial, están entre los requisitos mínimos que el nuevo gobierno debe observar para que este conflicto que, en los próximas días amenaza con extenderse y desbordarse, no termine generando un clima de zozobra social en una región que tradicionalmente ha sido pacífica, pero que también sabe ponerse dignamente de pie para defender su derecho al agua, a la tierra y decir ¡Basta!
—-
* Marco Arana, político, sociólogo, catedrático y ex-sacerdote peruano, fundador y militante del “Movimiento Tierra y Libertad”.
—-
Fuente: www.lamula.pe