Hugo Blanco: Bonos de la Reforma Agraria

Hugo Blanco luchador incansable. En 1962 lideró la reforma agraria realizada por los propios campesinos. En 1978 fue el máximo exponente de la lucha popular contra la dictadura de Velasco. En el 2012 participó de la Marcha del Agua organizada por las rondas campesinas y pueblos de Cajamarca, al lado de Marco Arana.

Escribe: Hugo Blanco 

16 de julio 2013
Luego de un largo debate, el Tribunal Constitucional aprobó el pago por el Estado de los bonos otorgados a los latifundistas por las tierras, según el decreto de reforma agraria que fue dictado el 24 de junio de 1969.
En dicho decreto se señalaba la posibilidad de que se indemnizara de inmediato a quienes destinaran el pago a la actividad industrial. Así, los latifundistas que habían oprimido a los campesinos pasarían a otros tipos de opresión. Gracias a eso Dionisio Romero es el principal propietario del Banco de Crédito del Perú.
El debate estaba centrado en que Óscar Urviola, presidente del Tribunal, fue funcionario del mencionado Banco de Crédito del Perú durante 21 años. Dicho banco fue el principal comprador de esos bonos a precios irrisorios.
Se informa que la mayor parte de los poseedores de los bonos agrarios son especuladores que representan el 80% y que solo el 20% corresponde a los propietarios originales, entre los que se encuentran hacendados y los herederos.
El ministro de Justicia señala que la cifra podría oscilar entre los 1,000 millones a los 8,000 mil millones de soles,
Ahora, por decisión del ex funcionario del Banco de Crédito, éste y los otros especuladores recibirán el dinero que pertenece a todos los peruanos. Naturalmente el gobierno y el parlamento no van a quitar ese dinero de sus grandes sueldos, sino de las miserias que están dedicadas al servicio de los pobres.
En la reforma agraria que hicieron los campesinos de de la provincia de La Convención y del distrito de Lares, Cusco, en los años 1962-63, decidieron no pagar ni un centavo a los latifundistas que les obligaron a trabajar gratis en pago del uso de una pequeña parcela.
En mi calidad de Secretario de Reforma Agraria de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco, me tocó firmar la Ley de Reforma Agraria que señalaba eso, pero esa ley fue emitida sólo para reforzar lo que hacía el campesinado sin ley alguna, entendiendo que es el pueblo con su lucha quien realiza las transformaciones y no las leyes.
El gobierno de la junta militar, ante los hechos, tuvo que retroceder y sacar en 1962 una Ley de Reforma Agraria, pero sólo para La Convención y Lares. Esa ley dada 6 años antes de que Velasco tomara el poder, señalaba que había que dejar en manos de los hacendados una parte de la hacienda. Ante el ímpetu de la lucha campesina, dos hacendados suplicaron al Ministerio de Agricultura que hiciera la Reforma Agraria en sus haciendas, lo que éste prontamente efectuó, dejando las mejores tierras para ambos hacendados.
A las otras haciendas fueron los funcionarios diciendo que el Ministerio les enviaba para que dieran tierras a los campesinos. Los compañeros respondían: “Acá no necesitamos la Reforma Agraria del gobierno, acá se cumple la Reforma Agraria del campesinado, que dice que a los hacendados no se les debe dejar ni un centímetro cuadrado. Al contrario, ellos deberían pagarnos por habernos hecho trabajar gratuitamente por un pedazo de tierra que nos daban”
Los campesinos del resto del país reclamaron que a ellos también se les debía dar la tierra y realizaron numerosas tomas de tierra, ellas fueron respondidas a balazos por orden del “insigne demócrata” Fernando Belaúnde Terry. Como no cesaba la pugna, los militares se alarmaron, decidieron tomar el poder para extender al resto del país la ley que sacaron en 1962 para La Convención y Lares. Así lo hicieron y se produjo el golpe de Velasco Alvarado que emitió el decreto arriba mencionado, origen de la actual estafa.
Lo acá expuesto no quiere decirlo la derecha ni la izquierda.
Por mi parte, me declaro consecuente con lo que hizo el campesinado de La Convención y Lares: No debemos premiar ni con un centavo a los latifundistas que explotaron gratuitamente el trabajo campesino, tampoco a los especuladores que les compraron los bonos.

Insurrección de los 'choros' en La Victoria

Por: Fernando Gutiérrez

Quienes en la vida hemos tenido la oportunidad de educarnos y contar con un ingreso regular, bien ganado por cierto (no incluyo a los corruptos y explotadores), debemos saber mantener una actitud ética ante la vida.

Toda muerte nos debe doler, como a nuestro poeta César Vallejo. No debemos dejarnos envilecer por quienes justifican las muertes desde uno u otro lado.

Los ‘choros’ justifican hasta su propia muerte porque no tienen autoestima, por ello están dispuestos a matar al prójimo para robarles. Los políticos corruptos y empresarios ambiciosos igual, como lo hemos visto en Cajamarca, aceptando la muerte de campesinos en nombre del orden y el principio de autoridad, cuando en realidad lo aprueban para asegurar sus negocios privados.

La experiencia personal ingrata que uno haya podido tener con los delincuentes explica que se les tenga rechazo y hasta odio, pero ese sentimiento justificado no es un argumento válido para desearles la muerte y menos alegrarse por ello.

Esta vez los policías felizmente no sufrieron ninguna pérdida irreparable, aunque es repudiable el ensañamiento que hemos visto contra los que cayeron de sus caballos.

La delincuencia es producto de la vileza del sistema económico y social que las elites dominantes mantienen y recrean para perpetuar su poder sobre el conjunto de la sociedad. Si no se toma en cuenta esto, entonces preparémonos para ver de nuevo, una y otra vez, hechos de violencia como los acaecidos en La Parada.

La oportunidad para empezar a cambiar gradualmente esta situación se abrió ahora. Todo el Perú ha puesto sus ojos en La Victoria, ha visto la enormidad del problema delincuencial, una especie de 'levantamiento', que no es popular porque tenía por finalidad el saqueo y el trabajo sucio al servicio de comerciantes inescrupulosos, quienes por su parte no tuvieron reparos en mostrar ante cámaras su militancia política en la campaña de revocatoria contra Susana Villarán.

Este es el momento de empezar a encarar el endémico problema social que significan los bolsones que cobijan a la delincuencia. Las autoridades tienen que elaborar de inmediato políticas y dictar medidas hacia ese fin. No solo la alcaldesa sino también el gobierno central. Nuestras energías hay que dirigirlas a exigir a los gobernantes una solución de fondo a la delincuencia e inseguridad, en nuestras ciudades sobre todo.

En La Parada, la policía defendió a la ciudadanía frente a la delincuencia. En Cajamarca defendió a la empresa minera Yanacocha contra los pueblos cajamarquinos. En el primer caso, me ubico al lado de la policía; en el segundo, decididamente al lado de los campesinos, comuneros y pobladores que luchan para defender el agua y la vida.
Las cosas no son tan simples y hay que saber diferencias situaciones e intereses, tratando de no pensar con el hígado.

Belúnde bombardeó a los matsés para construir la carretera Marginal en la selva

Los falsos recuerdos sobre Belaúnde

Por: Wilfredo Ardito Vega

Ayer, 7 de octubre, fue el centenario del nacimiento de Belaúnde, en homenaje al cual se vienen convocando concursos escolares, exposiciones fotográficas y otras actividades conmemorando a un mandatario recordado por la afirmación de los valores democráticos, pero criticado por su debilidad frente al terrorismo.

Es curioso que esta versión esté tan extendida, puesto que durante el régimen de Belaúnde las violaciones a los derechos humanos tuvieron un carácter sistemático e indiscriminado, causando la muerte de miles de campesinos ayacuchanos. No se salvaron los pastores evangélicos de Huaychao, quienes predicaban que los senderistas seguían los mandatos del demonio, ni los niños de Putis, asesinados con sus padres y enterrados en la fosa que ellos mismos habían sido obligados a cavar. En Umasi, las víctimas fueron decenas de escolares secuestrados por los senderistas y los militares violaron a las niñas antes de matarlas.

De hecho, las violaciones de campesinas por policías y soldados eran durante el gobierno de Belaúnde un hecho rutinario y en aquellos años, el Perú ostentaba además el trágico primer lugar en desaparecidos a nivel mundial, superando a Guatemala, Irán o China. Sin embargo, pese al clamor internacional, Belaúnde se jactaba de que arrojaba “al tacho de basura” las cartas de Amnistía Internacional, hablando como si fuera un dictador irracional.

A esto se añade, en 1983, el asesinato de los nueve periodistas y su guía en Uchuraccay, a raíz de lo cual, nunca más la prensa se atrevió a salir al campo. La masacre, por lo tanto, resultó funcional a una estrategia contrainsurgente que no quería testigos incómodos. Y también corrían peligros los periodistas que permanecían en las ciudades: Jaime Ayala, corresponsal de La República en Huanta, desapareció en las instalaciones militares de dicha ciudad.

El régimen de Belaúnde otorgó protección legal a todos estos crímenes, disponiendo que torturas, violaciones, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales fueran simples “delitos de función” que implicaban penas mínimas.

A mi modo de ver, el recuerdo favorable sobre Belaúnde es parte de un proceso en que los peruanos procuramos olvidar algunos recuerdos incómodos sobre el periodo de la violencia política. Ese pacto de olvido fue secundado por García y Fujimori, pues beneficia naturalmente a quienes cometieron crímenes desde el Estado, sosteniéndose que fueron “necesarios para derrotar al terrorismo”. En realidad, ninguna de las masacres contribuyó a la derrota de los terroristas, sino a deslegitimar al Estado, que en los años ochenta se comportó como un sanguinario ejército de ocupación en Ayacucho

Otros grandes beneficiarios del pacto del olvido fueron los partidos políticos, comenzando por Acción Popular. Curiosamente, pese a que los dos gobiernos de Belaúnde concluyeron en el más profundo descrédito, muchos jóvenes ahora creen que fueron gestiones exitosas.

Precisamente, un hecho de su primer gobierno permite comprenderlo mejor: el bombardeo por la Fuerza Aérea de los matsés, un grupo indígena amazónico, como parte del proceso de colonización que Belaúnde impulsaba. Yo estoy convencido que para él los nativos amazónicos no eran ciudadanos peruanos o al menos no en la misma categoría que su aristocrático entorno familiar. Por eso es que Belaúnde también avaló la muerte de miles de campesinos, aunque no estuvieran involucrados en ningún hecho de violencia, como precio que había que pagar para garantizar la pacificación. Considero por ello que el gobierno de Belaúnde era un régimen dual, como lo fue el de Sudáfrica durante el apartheid: democrático para unos, pero autoritario y violento para otros, cuya vida no valía nada, fueran, mujeres, niños pequeños o ancianos.

El pacto del olvido beneficia también a los cómplices de Belaúnde, es decir a los buenos limeños que fueron indiferentes frente a los crímenes... Aunque ellos no mataron a nadie, su actitud encarna un problema totalmente actual: el racismo que les permitía pensar que la vida de sus compatriotas no valía nada.

De hecho, mientras las dictaduras de Argentina y Chile secuestraban, torturaban y asesinaban a los opositores políticos, el régimen de Belaúnde actuaba de manera indiscriminada, tomando en cuenta sólo los rasgos físicos. Los perpetradores ni siquiera entendían a muchas de sus víctimas, porque no hablaban quechua. El racismo explica también los asesinatos de bebés y niños pequeños, lo que ni siquiera hacían los militares argentinos, pero sí los nazis. Eso sí, las masacres de Ayacucho tienen un asombroso parecido con las ocurridas en los mismos años en Guatemala. Al parecer, al racismo existente en los ambos países contra la población indígena se suman los lineamientos de la Escuela de las Américas.

Decir la verdad sobre el penoso régimen de Belaúnde y exigir justicia para sus víctimas es una obligación de quienes queremos una sociedad mejor. Para ello la sociedad peruana tendría que aprender a ser menos racista, tendría que ver a los campesinos como seres humanos… tendría que aceptar que su sufrimiento es inaceptable. ¿Será posible que lleguemos a tanto?

Fuente: Reflexiones Peruanas N° 429

Largo conflicto del TIPNIS confronta enfoques opuestos sobre el desarrollo en Bolivia

El Gobierno y el Tipnis

Por: Ismael Guzmán*

El conflicto del Tipnis entre indígenas y el gobierno, lleva ya dos marchas indígenas: la octava y la novena; lleva dos represiones policiales: la de Chaparina y la de La Paz; ya lleva dos leyes: la 180 de protección al Tipnis y la 222 de “consulta previa”. Pero este mismo conflicto, también deja dos cabezas en la estructura orgánica del movimiento indígena y dos posturas contrapuestas en la sociedad civil.

Lo del Tipnis es sin lugar a dudas una guerra de posicionamientos entre indígenas y gobierno, que para ser un conflicto, ya alcanzó dimensiones de largo aliento. Es una guerra de posicionamientos en el escenario mediático, porque tiene la particularidad de lidiar con discursos, algunos demasiado tendenciosos, pero todos dirigidos a justificar una u otra postura respecto al trazo de la carretera a través del Tipnis.

En esta contienda de posicionamiento discursivo, los indígenas lo encaran a través de los espacios de la cobertura en medios de comunicación a la que acceden, mientras que el gobierno lo hace en estos mismos espacios, pero también en los espacios de los medios de comunicación propios y en espacios pagados, lo que significa una doble ventaja. Quizá bajo el lema que, en la guerra todo vale.

Pero lo del Tipnis también es una guerra de posicionamientos, porque ambos actores confrontados pretenden posicionar un enfoque de desarrollo contrapuestos entre sí. Los indígenas defendiendo un modelo basado en un modo de vida más cordial con su entorno ecológico y solidario entre sí, mientras que el gobierno sustentando un modelo de desarrollo basado en un extractivismo mucho más perverso. Aunque irónicamente, sea el gobierno quien denuncia un supuesto prontuario depredador de dirigentes indígenas y además pretende mostrar un Tipnis tan devastado que, para quienes conocen o manejan información de la zona, esta imagen no puede ser otra más que la del polígono siete, habitado por productores de hoja de coca. No obstante, en este ámbito confrontacional, los indígenas se encuentran en una situación de resistencia como lo hicieron siempre, mientras que el Estado arremete como también lo hizo desde siempre.

El ámbito de la guerra de posicionamientos en torno a los dos modelos de desarrollo que se libra entre indígenas y el gobierno, tiene implicaciones con alcances ideológicos. Es por ello que al gobierno le resulta la dimensión más dura de esta guerra de posicionamientos, porque no hay demasiado margen para las sutilezas, porque de inicio este ámbito de la confrontación ya le desestabilizó el discurso y no cesa de desestructurar su imagen, además le complica su gestión porque desnuda la incompatibilidad entre discurso y praxis. Es en este campo donde el sector indígena infringió derrotas inocultables y pese a la agresiva propaganda de camufle, los resultados no dejan de serle contraproducentes al gobierno.

Pero al mismo tiempo, lo del Tipnis es también una guerra de des-posicionamiento recíproco a través del triste método de la acusación individualizada, la descalificación, la defenestración, donde los indígenas se empeñan en identificar personas, en vez de modelos o de sistemas (Llorenty, Romero, etc.). Mientras que el gobierno, en la misma lógica, sindica directamente a aquellos dirigentes que se mantuvieron firmes en la defensa del Tipnis. En esta dimensión confrontacional, ambos acuden al escenario jurídico, aunque al parecer este ámbito tiende a ser más ágil para el uno y menos para el otro.

Sin embargo lo del Tipnis es también una guerra de demostración de virtudes y en esto sí el sector indígena pareciera llevar una amplia ventaja desde un inicio, pero una ventaja basada en el mérito, no en la deshonestidad, por ejemplo, el carácter pacífico del movimiento indígena fue puesto a prueba al máximo durante ambas marchas y siempre salió incólume. Cuántas veces en la octava y en la novena marcha fue provocado, hostigado, asediado, reprimido, pero en cada una de estas situaciones de intolerancia, fue consecuente con su carácter pacífico.

En cambio el gobierno, pese a esforzarse por una imagen de tolerancia y respeto, e incluso publicitarse en este mismo sentido, no logró controlar sus impulsos y desencadenó acciones que sin duda perdurarán como un recuerdo funesto en la memoria colectiva de indígenas hombres y mujeres marchistas, de niños y ancianos, pero también de una parte significativa de la sociedad boliviana. Puesto que de ello queda registrada en la historia episodios aún impunes como los de Chaparina o los de la ciudad de La Paz.

En el campo de la demostración de virtudes, vía la aplicación de la post consulta en el Tipnis, al gobierno aún le restan pruebas muy duras, puesto que continúa la resistencia indígena, esta vez en su propio territorio y en consecuencia desde algún nivel de gobierno ya se insinúa la necesidad de presencia policial, de tareas militares dirigidas a viabilizar políticas rentistas como el renta dignidad. Los temores de violencia vinculadas a estas posibles presencias, no solo la sostienen habitantes del Tipnis, también otros sectores de la sociedad civil.

El cambio de escenario físico en esta guerra de posicionamientos entre indígenas y gobierno, es decir, el repliegue indígena a su propio territorio para continuar la resistencia al tramo dos de la carretera, genera una coyuntura que da lugar a otra confrontación, esta vez la de las informaciones, donde el gobierno se empeña en informar acerca de un “éxito de la consulta previa”, pese a un supuesto boicot de algunos dirigentes, mientras que la organización indígena también se empeña en informar acerca del “fracaso de la post consulta”, pese a la prebendalización, la división y los paralelismos impulsados por el gobierno. Mientras, la situación en el Tipnis tiende a prolongarse y con ello a complicarse, aunque el gobierno señala tener la situación bajo control, a medida que pasa el tiempo, se le incrementa las probabilidades del efecto contraproducente, el cual puede impactar en sus proyecciones políticas.

(*) Ismael Guzmán es Sociólogo de CIPCA - Beni - Sábado, 15 Septiembre 2012

Fuente:  CIPCANotas. Boletín Virtual No 461, Año 11. Septiembre de 2012. RED de comunicación del personal de CIPCA-Bolivia - www.cipca.org.bo

Pueblos indígenas y organizaciones sociales urbanas se unen para defender el TIPNIS y expulsar a las transnacionales de Bolivia

IX MARCHA: Alianza Indígena-Urbana, una realidad

AINI - 5 de abril 2012.-

En la ciudad de La Paz se realizó el primer Encuentro Urbano Indígena, con miras a la Novena Marcha, en la que participaron: la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y Organizaciones Sociales, que afianzaron sus vínculos para comenzar la caminata, para que el gobierno de Evo Morales respete los derechos individuales y colectivos de las y los bolivianos establecidos en la Constitución Política del Estado.

“Me parece importante la línea de acción que quieren tomar (los sectores urbanos). No podemos recurrir a la Justicia porque está cooptada, entonces nos queda la acción directa. En toda la historia, en la colonia, desde antes de la república, con la acción directa se han defendido los derechos de los pueblos indígenas, los derechos humanos, colectivos. Ahora nuevamente tenemos la acción directa para defender nuestros derechos”, dijo Rafael Quispe, ex Mallku de la Conamaq – Industrias Extractivas, en referencia a la marcha que comenzará el 25 de abril en Chaparina, departamento de Beni.

Durante este Encuentro Urbano Indígena, algunos dirigentes de organizaciones sociales habían propuesto elaborar un pliego de demandas conjunto, “hay temas comunes que deben unir a todas las y los bolivianos: la defensa de los derechos humanos, de los derechos colectivos, de los recursos naturales, de la Constitución. Nos deben unir temas comunes, como la Agenda de Octubre (de 2003), la nacionalización de los recursos naturales. Pero para los indígenas la Novena Marcha debe ser preeminentemente indígena.”, agregó Quispe.

Del encuentro participaron: Juntas Vecinales, Federaciones de Maestros, Federaciones de Estudiantes, grupos de defensa del medio ambiente, Casegural y otras organizaciones urbanas de todo el país. Firmaron un voto resolutivo junto a la CIDOB y el CONAMAQ. El texto establece la alianza indígena-urbana para defender el TIPNIS, por el respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas, entre otros de sus derechos avasallados por el actual Gobierno. También consensuaron accionar para recuperar los recursos naturales, para expulsar a las empresas transnacionales, así como para defender los derechos a un trabajo digno -debidamente remunerado- y para tener salud y educación de calidad y pública.

Rafael Quispe, consultado si la marcha pedirá la revocatoria para el presidente, aclaró: “hacer un revocatorio sería para lavarle el rostro a Evo Morales, sería para victimizarlo. Además, él tiene el control de la Justicia y del Órgano Electoral. Por eso decimos no al revocatorio, sí a la acción directa. Nuestro objetivo no es derrocar a un Gobierno, sino conseguir que nuestros derechos sean respetados”, sostuvo.

BASE DE LA ALIANZA

“Las luchas sociales que se realizan en el país y en América latina son contra el capital financiero que penetra estos países para saquear sus recursos naturales. Por eso, la lucha por el TIPNIS y la defensa de los recursos naturales va encaminada a preservar la autodeterminación de los pueblos indígenas. También, en la última época, ha servido esta lucha de los pueblos indígenas como lucha del conjunto de la nación oprimida. Ante la ausencia de un movimiento obrero, se presentan los indígenas para -desde su perspectiva- guiar al movimiento. Pero hay que tener en claro que los indígenas con su propiedad colectiva, así como los campesinos con la pequeña propiedad, no pueden hacer una lucha eficaz contra el capitalismo. Hace falta una alianza férrea entre obreros de este país y campesinos e indígenas: esa es la base fundamental para esta alianza”, dijo Javier Huarachi, del Comité de apoyo al TIPNIS de Chuquisaca.

LA MARCHA ES INDÍGENA

El presidente de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas Mosúa, en la Universidad Mayor de San Andrés, donde se realizó este encuentro. También opinó sobre las sugerencias de algunos sectores de esgrimir un pliego conjunto de demandas.

“Hay que entender que la marcha es protagonizada por los pueblos indígenas, es liderizada por los pueblos indígenas. Otros sectores son de apoyo a la movilización. Es importante hacer notar que lo que nosotros planteamos no es únicamente la defensa del TIPNIS, sino la defensa de los recursos naturales, de la biodiversidad, del medio ambiente, fundamentalmente los derechos de todo el pueblo boliviano. Entonces ahí hay la coincidencia de una plataforma única.

Cuando la marcha exige el cumplimiento de la Constitución, exige respeto a los derechos de todos los bolivianos. Este Gobierno busca desarticular a los pueblos organizados: es una desarticulación que sepulta todas las conquistas logradas en los últimos años no solo por los pueblos indígenas, sino por toda la sociedad”, dijo Vargas.

“Este no es un Gobierno que busca soluciones, sino que busca más complicaciones en el país. Y esto no le hace un favor a su política, sino que le hace un daño. Tenemos conocimiento de que van a entrar 50 soldados al TIPNIS. Así el Gobierno busca provocarnos. Nosotros recomendamos a las comunidades que no caigan en esas provocaciones del Gobierno, porque busca victimizarse. En el TIPNIS tenemos claro que la Consulta (según la ley 222) no se va a realizar”, manifestó Vargas.

Según el presidente de la Subcentral TIPNIS, esta Novena Marcha se abortaría solamente si el Gobierno nacional anulara la ley 222 y optara por respetar la ley 180 (de protección del TIPNIS), conseguida por los indígenas al finalizar la Octava Marcha, en octubre de 2011.

Fuente: CIDOB – www.aininoticias.org