Gobierno y empresarios alientan nuevo "Baguazo" en Puno

Ni el “Cristo de lo robado” salvará a García si no promulga Ley de consulta a las comunidades

Por: Fernando Gutiérrez

Alan García viene provocando a los pueblos Aymara y Quechua en Puno, pese a que está en falta por haber otorgado concesiones mineras sin cumplir con la consulta previa a las comunidades afectadas.

En medio del conflicto, en vez de gestionar una solución a la huelga indefinida en Puno, se mandó instalar un Cristo de fibra de vidrio en el Morro Solar de Lima, calificado en las redes sociales como el “Cristo de lo robado”, en alusión al carácter corrupto del Presidente saliente, a quien la plata le llega sola.

Amigo de grandes empresas, como Odebrech, que regaló el aludido Cristo, García se atrinchera en su política del perro del hortelano que en el 2009 lo llevó a provocar el levantamiento amazónico contra su intento de vender la Amazonía “en grandes lotes” a los consorcios transnacionales.

En Puno, García está alentando una nueva confrontación interna de imprevisibles consecuencias, no le importa, lo único que cuenta para él es la defensa cerrada de las empresas mineras y petroleras frente a las comunidades aymaras y quechuas que solo exigen se cumpla con las normas constitucionales que protegen sus derechos.

PRACTICA ANTICONSTITUCIONAL

El Convenio 169 de la OIT, norma internacional de derechos humanos, es parte del cuerpo constitucional del Perú desde 1995, año en que el Estado peruano lo ratifica. Dicho documento establece los derechos especiales que corresponden a los pueblos indígenas y que los estados tienen la obligación de respetar.

Uno de esos derechos es la consulta previa, libre e informada, que en Perú las autoridades estatales deben realizar a las comunidades en cuyos territorios pretendan otorgar una concesión, implementar un proyecto de desarrollo o dictar normas administrativas que puedan interferir su forma de vida.

Ni Fujimori, ni Toledo ni García han cumplido con esta norma constitucional. De allí nacen los actuales y numerosos conflictos que involucran a pueblos andinos, amazónicos y costeños. Esa fue, por ejemplo, la razón para el levantamiento del 2009 que terminó en el “Baguazo”. A García y sus ministros Simon, Cabanillas y Araoz les alcanza responsabilidad política y penal por este hecho que enlutó al país.

Los pueblos indígenas reclaman con toda razón que el Estado “se ponga a derecho” en base a dos acciones: 1) suspender todas las concesiones extractivas y de infraestructura otorgadas en territorio comunal sin haber cumplido con la consulta respectiva; 2) iniciar los procesos de diálogo para obtener el acuerdo o consentimiento de las comunidades y pueblos que correspondan.

En el caso de Puno, García debería disponer la cancelación de todas las concesiones mineras y petroleras, esa es la única fórmula legal y constitucional de resolver el actual conflicto con las naciones Aymara y Quechua. En cuanto a la concesión minera en Santa Ana, ubicada en zona de frontera, el Gobierno ha transgredido incluso la prohibición constitucional de otorgar licencias a empresas extranjeras dentro de los 50 kilómetros fronterizos.

Es falso que la cancelación por decreto supremo de las concesiones mineras y petroleras en el sur de Puno “afectaría la seguridad jurídica del país”, como sostiene el viceministro de Minas, Fernando Gala. Esas concesiones no tienen ninguna base jurídica porque han sido dadas sin respetar las normas constitucionales peruanas.

Tampoco es una solución que solo se suspenda, a partir de la fecha, los nuevos petitorios mineros en la región, como propone el Ejecutivo. Esa medida consagraría la afectación a los derechos indígenas y legitimaría las concesiones inconstitucionales.

LEY DE CONSULTA PREVIA

Otra propuesta que intenta desarmar la lucha aymara-quechua es la de “consultar a todo el pueblo de Puno” sobre si acepta minería o no en su región. Esa medida colisionaría con el Convenio 169 de la OIT.

Es sabido que las poblaciones no indígenas son mucho más numerosas y una consulta general, vía referendo, colocaría a los pueblos indígenas en situación de perdedores y sin posibilidades reales de ejercer sus derechos.

Por tal razón, el Convenio 169 es enfático en señalar que el derecho de consulta solo corresponde a los pueblos indígenas, no a toda la población o ciudadanía, en casos de medidas estatales que les afecten directamente. Además, la norma estipula que la consulta debe realizarse en el marco de las instituciones y costumbres indígenas, lo cual excluye mecanismos extraños como el voto universal y secreto.

La aprobación en el Congreso de la República, en mayo 2010, de la “Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios” constituyó un paso trascendental para que el Estado retorne al cause constitucional.

Sin embargo, el Presidente García Pérez la observó y devolvió al Parlamento con cambios que desnaturalizan su esencia, reafirmándose así en su política del perro del hortelano. Desde ese momento García y los grandes empresarios decidieron no acatar el Convenio 169 de la OIT.

La Sociedad de Minería y Petróleo pidió que se declare inconstitucional la Ley de consulta aprobada. Y la CONFIEP (central empresarial) propuso que se establezcan «leyes propias» que protejan las grandes inversiones y legalicen las falsas consultas y los manipulados estudios de impacto ambiental que realizan las transnacionales para instalarse.

GOBIERNO ALIENTA NUEVOS BAGUA

La consulta de buena fe es una herramienta valiosa para dejar atrás la conflictividad social que llevó a la muerte de 24 policías y 10 indígenas en Bagua. Pero García insiste en desconocer los derechos constitucionales indígenas. Con ello está reproduciendo las condiciones políticas y sociales que llevaron al “Baguazo”.

Para esta nueva cruzada de muerte y división García cuenta con el apoyo y complicidad de los empresarios, políticos y medios de comunicación que se atrincheraron con Keiko Fujimori. ¡El Presidente saliente complota con los derrotados del 5 de junio para sembrar el caos y entregar un país violentado a Ollanta Humala!

Hay que impedir que prospere esta nueva amenaza contra el estado de derecho y la seguridad de todos los peruanos, demandando la promulgación de la “Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios”, respaldando sin reservas las demandas de aymaras y quechuas, así como rodeando el levantamiento puneño de la más amplia solidaridad hasta que triunfe.

La prensa pro Keiko azuza el miedo que hizo ganar a Alan García en el 2006

Invitación al suicidio moral

Por: Nelson Manrique

La agresión sufrida por el periodista Jaime de Althaus a la salida de su programa debe ser condenada sin atenuantes como una manifestación de intolerancia repudiable que perjudica en primer lugar a aquel que los perpetradores de este hecho proclaman defender.

A menos de un mes de las elecciones las encuestas muestran un empate técnico entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori. Humala está estancado, mientras que Fujimori viene creciendo, especialmente en Lima, entre los jóvenes y las mujeres. El crecimiento de Fujimori muestra que viene logrando convencer a los votantes de los sectores modernos de que un eventual gobierno suyo les ofrecería mayores garantías de estabilidad. Se trata de sectores sociales que han visto mejorar su situación socioeconómica durante la última década gracias a la prosperidad generada por los elevados precios de las materias primas que el Perú exporta y que temen perder lo ganado.

La tremenda campaña de miedo desarrollada por los grupos de poder económico a través de los medios que controlan, anunciando un futuro apocalíptico si Humala es elegido, viene llevando, como certeramente ha anotado Jorge Bruce, a un adormecimiento de la conciencia moral de sectores de clase media ilustrada que normalmente condenarían los atropellos cometidos por el fujimorismo contra los DDHH durante los años 90, la corrupción, el latrocinio generalizado y la destrucción de las instituciones democráticas. Pero el cargamontón mediático ha tenido efecto y estos sectores sociales temen que un gobierno nacionalista haga peligrar su situación. A esto se suma la sostenida campaña de diversos voceros de los grupos de poder para dorar la píldora invitando a los ciudadanos mejor informados –que precisamente por ese hecho tienen una mayor responsabilidad– a cometer un suicidio moral respaldando al mismo régimen culpable de la peor crisis moral de la historia del Perú.

La estrategia utilizada busca mostrar a la señora Fujimori como distinta y separada de su padre. Una estrategia que silencia la obvia responsabilidad que le cabe en las acciones del gobierno del que ella fue Primera Dama, luego de que usurpara el puesto que le correspondía a su madre, Susana Higuchi, avalando el secuestro y los maltratos de los que fue víctima. Se silencia sus reiteradas promesas de liberar a Alberto Fujimori en cuanto llegue al poder, proclamando que su gobierno fue el mejor de la historia del Perú.

Fernando Rospigliosi, hasta ayer uno de los más acérrimos críticos del fujimorismo y hoy uno de los promotores de su candidatura, sostiene que, en tanto Montesinos está en prisión y Keiko no va a poder disponer de sus servicios, no hay peligro de que se repitan los hechos del 90, lo cual es una especie de premio consuelo para quienes decidan abdicar de su responsabilidad moral. Lo cierto es que el fujimorismo hoy es una organización política como no lo fue en los años 90. La prisión de Alberto Fujimori permitió lograr algo que su personalismo había impedido: crear un verdadero aparato político, sostenido con muchísimo dinero, con dirigentes experimentados, cuadros y estructura orgánica y que hoy es apoyado por la derecha económica y sus medios de comunicación, dispuestos a avalar la impunidad con tal de salvaguardar sus intereses.

Esta maquinaria partidaria es dirigida por los responsables de los atropellos de los 90: los Fujimori, Martha Chávez, Luz Salgado, Jaime Yoshiyama, los Trelles, Aguinaga, Morelli, etc., los ejecutores y los cómplices del robo de más de 6.000 millones de dólares, de la esterilización forzada de 300.000 mujeres pobres, de la corrupción y envilecimiento de todos los aparatos de gobierno, del PJ, las FFAA, etc. Si en un país económicamente destruido pudieron saquear el Estado, es fácil imaginar qué sucederá si llegan al poder ahora que las arcas fiscales están llenas.

Según Ipsos/Apoyo, Fujimori le lleva 16 puntos de ventaja a Humala en intención de voto entre las mujeres. Hay aquí una evidente debilidad en la campaña electoral de Humala: la ausencia de mujeres capaces de defender y desarrollar públicamente las propuestas del nacionalismo. No basta poner a Nadine Heredia como elemento decorativo.

La República, 10/05/2011 - www.nelson.manrique.com

Elite neoliberal de Perú intenta hacer elegir a un norteamericano Presidente de la República

Perú: PPK on the rocks

Por: Nelson Manrique

El 10% de respaldo que ha obtenido PPK, según la última encuesta del IOP de la PUCP, ha sido un tónico que le ha refrescado la memoria con relación a una solemne promesa que hizo al proclamarse candidato presidencial: que renunciaría a su nacionalidad norteamericana.

Mientras anduvo anclado en un 5%, PPK hablaba del tema más bien remolonamente: hay que hacer consultas, es engorroso llenar las formas, nunca se sabe cuánto tiempo se va a tomar la burocracia, etc. Y fue llenando los vacíos con mentiras manifiestas, como afirmar que se nacionalizó porque los gringos lo presionaron a hacerlo, o que al naturalizarse gringo no renunció a su nacionalidad peruana.

En los EEUU no te presionan para hacerte ciudadano por llevar mucho tiempo viviendo allí, y eso pueden ratificarlo miles de peruanos que radican por esos lares. Esto puede ser un argumento a favor si uno quiere hacerse norteamericano, pero no es un motivo para que te pongan un cuchillo al cuello para obligarte a hacerte gringo.

Por otra parte, es requisito imprescindible –explícitamente señalado por la Guía para la Naturalización, el documento oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración del Departamento de Homeland Security de EEUU– renunciar a toda nacionalidad previa: “usted no puede convertirse en ciudadano americano hasta que haga el Juramento de Lealtad…

Cuando usted hace el juramento usted promete a hacer tres cosas: 1) Renunciar a lealtades extranjeras… 2) Apoyar a la Constitución (de los EEUU)… 3) Prestar servicio militar o civil a los EEUU”.El juramento que PPK ha leído en el acto público de su nacionalización como ciudadano de EEUU es suficientemente explícito: “renuncio absolutamente y por completo y abjuro toda lealtad y fidelidad a cualquier… Estado o soberanía extranjera, de quien o de cual haya sido sujeto o ciudadano antes de esto… apoyaré y defenderé a la Constitución y las leyes de los EEUU de América contra todo enemigo extranjero y nacional… profesaré fe y lealtad reales hacia el mismo… portaré armas bajo la bandera de los EEUU… prestaré servicio como no combatiente en las FFAA de los EEUU… asumo esta obligación libremente, sin ninguna reserva mental ni intención de evasión; lo juro ante Dios” (http://www.uscis.gov/files/article/M-476_Spanish.pdf, p. 28).

El texto tiene también versión en inglés, así que PPK no puede alegar que no entendió qué era lo que estaba jurando. Abjurar, según el DRAE, es: “Retractarse, renegar, a veces públicamente, de una creencia o compromiso que antes se ha profesado o asumido”.

El empeño de PPK en negar que ha renunciado voluntariamente a la ciudadanía peruana, “sin ninguna reserva mental ni intención de evasión”, recuerda la historia de la nacionalidad de Alberto Fujimori. Mientras fue presidente, negó categóricamente tener la nacionalidad japonesa, y este fue un secreto muy bien guardado, hasta por el gobierno japonés, que solo reveló que Fujimori San era un leal súbdito del emperador cuando el gobierno peruano solicitó su extradición para que respondiera ante la justicia por sus crímenes y robos. Y cuando –luego de cometer el mayor error de su vida al embarcarse hacia Chile, donde fue detenido– se vio confrontado con la perspectiva de su inminente extradición al Perú, recurrió a su nacionalidad escondida para presentarse como candidato al Senado japonés.

De acuerdo con el artículo 118º de la Constitución, el Presidente tiene la potestad de representar al Estado, dentro y fuera de la República, dirigir la política general del Gobierno, dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar y ratificar tratados, administrar la hacienda pública, negociar los empréstitos y dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, presidir el Sistema de Defensa Nacional, organizar, distribuir y disponer el empleo de las FFAA y de la PNP, adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, de la integridad del territorio y de la soberanía del Estado, declarar la guerra y firmar la paz. Supongo que siempre y cuando le deje tiempo su obligación de “portar armas bajo la bandera de los EEUU”, claro.

Ser presidente de la República debe ser el sueño de todo lobbysta.

La República, 18-03-11

¡Cayó Mubarak! Festejemos junto al pueblo de Egipto y exijamos que se abra la frontera al pueblo palestino

Elecciones presidenciales sin representante indígena

Perú: el candidato que falta

Por: Fernando Gutiérrez

Once políticos tradicionales compiten cómodamente por la Presidencia de la República del Perú para el período 2011-2016. El movimiento social más importante de la última década no tiene candidato.

Alberto Pizango, líder indígena surgido del levantamiento andino amazónico, no pudo superar los obstáculos tendidos por el régimen aprista para impedir la irrupción electoral de quienes cuestionan el modelo de desarrollo neoliberal en toda su dimensión.

El segundo gobierno de Alan García obligó al movimiento indígena y rural a luchar muy duro para defender sus territorios, recursos y derechos. García dictó un conjunto de decretos legislativos para facilitar la entrega de bosques, páramos, ríos y tierras a las corporaciones transnacionales, contando con el respaldo de la gran empresa, la banca internacional y los países industrializados.

En esta lucha desigual, las comunidades se convirtieron en la avanzada de la resistencia al continuismo neoliberal.

Bagua fue el punto más alto de un proceso nutrido de casos emblemáticos: Majaz (Río Blanco), Sicuani, el Arequipazo, el Moqueguazo, Quillabamba, y últimamente, Inambari, Espinar, Cocachacra (Islay) y Recuay. Más de 250 reclamos socioambientales enmarcan el panorama de la intensa movilización comunera y popular.

La aprobación de la Ley de consulta previa a los pueblos indígenas por parte del Congreso de la República el pasado 19 de mayo fue un triunfo político de este proceso. Alan García logró neutralizarla, sin embargo la agenda indígena quedó instalada.

Las fuerzas neoliberales no pueden ahora esconder y menos negar el derecho de las comunidades a ser partícipes en las decisiones que les afecten; tampoco, que ellas deben ejercer el control autonómico de sus territorios, de su forma de vida y cultura, tal como lo establecen normas internacionales de rango constitucional: Convenio 169 de la OIT, Declaración ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras.

La presencia indígena en el país, como sujeto de derecho y actor político, es ya una realidad irreversible en la conciencia ciudadana. Ese hecho histórico prevalecerá más allá de los regímenes de turno en las próximas décadas. Será una sombra que acompañará el vaivén de las disputas de poder, las denuncias de corrupción, los negociados y pactos entreguistas, las medidas represivas, las alianzas congresales o las conversas en Palacio.

En este contexto, la ausencia de una candidatura como la de Pizango es, sin duda, un triunfo del régimen neoliberal y en particular de Alan García, quien armó la masacre de Bagua y la persecución a los líderes amazónicos para tratar de desarticular esta esperanza de cambio.

Alberto Pizango se ganó un lugar en el corazón de millones de peruanas y peruanos por su valiente defensa de la Amazonía. Por eso, la cofradía neoliberal lo persiguió hasta el exilio y pretendió encasillarlo como responsable del Baguazo. La prensa, casi toda, y la derecha en su conjunto hicieron coro con García acusándolo de oponerse al desarrollo del país.

La izquierda también contribuyó al aislamiento de Pizango y del proyecto indígena a la hora de constituir alianzas electorales. No quisieron reconocer en él la presencia de un proceso de renovación profunda de la política.

¿Por qué izquierda y derecha cerraron el paso a la opción indígena? Existe una coincidencia de propósitos, expuesta por los propios candidatos: la continuidad del modelo de desarrollo basado en las grandes inversiones extractivas.

La explotación intensiva de los recursos naturales es el corazón del modelo neoliberal diseñado desde fuera para países como el nuestro. Alejandro Toledo, Mercedes Araoz, P.P. Kuczynski, Keiko Fujimori y demás candidatos presidenciales de derecha y centro proponen continuar por ese camino sin cambiar las reglas, y se comprometen a «redistribuir». La demagogia salta a la vista.

Por su parte, la opción «izquierdista» plantea realizar cambios pero luego de un nuevo proceso constitucional sin fecha. Esta fórmula busca tres objetivos: 1) posesionar a Ollanta Humala como la «única alternativa de cambio» pese a que deja en el limbo las aspiraciones sociales; 2) decirle al gran capital que habrá «borrón y cuenta nueva» con los contratos ya suscritos, aunque sean lesivos al país o afecten los derechos de las comunidades; 3) dejar atrás la imagen de «antisistema» para complacer al Premio Nobel Mario Vargas Llosa, ultra neoliberal y enemigo jurado de los pueblos indígenas.

El cambio que esperan los pueblos y trabajadores consiste en una medida simple y práctica: hacer caso a lo que los propios pueblos ya han resuelto, a lo que los trabajadores y sectores populares reclaman cada día.

Si las comunidades dicen No a la minería o al petróleo y Sí al agro; si dicen ¡no más tala de bosques! ni contaminación de las aguas; o si los trabajadores dicen ¡no más services!, o los pobladores y estudiantes piden más presupuesto para salud y educación, pues eso deben hacer el Presidente de la República y los congresistas.

Ese camino es constitucional, y así se adelantaría el cambio en gran medida hasta que se apruebe la nueva Constitución.

Esa alternativa es la que propone el proyecto indígena que lidera Alberto Pizango, sintetizada en la frase «mandar obedeciendo». Y que las luchas de Espinar, Islay, Recuay, Huancabamba, Ayabaca, Tambogrande, Ancón y decenas de pueblos y comunidades en costa, sierra y selva encarnan y sostienen con coraje, convicción y justicia, más allá de no contar con un candidato presidencial que los represente.

El respeto a la decisión democrática de los pueblos llevará hacia el cambio de modelo de desarrollo.

Lima, 8 de enero del 2011