Carlos Taibo propone el decrecimiento en los países opulentos como alternativa a la degradación del medio ambiente, la expoliación de los países pobres y la sobreexplotación de los trabajadores

Ollanta Humala: ¿rehén o traidor?

Por: Fernando Gutiérrez

La ruptura de Ollanta Humala con su base popular no ha significado la crisis catastrófica de su gobierno. Sin embargo, el encontronazo que sostuvo con la población de Cajamarca a causa del proyecto minero Conga y el cambio de Gabinete acabaron con su imagen concertadora.

Las encuestas de enero le dan a Humala un 50% o más de aprobación. El desencanto en los sectores que lo llevaron a la segunda vuelta está todavía en sus inicios. Y las pérdidas están siendo compensadas por un novedoso respaldo desde los bolsones tradicionales de la derecha.

En el Congreso de la República el presidente disfruta hoy de un apoyo casi total que no tenía al inicio de su gestión: pepecistas, ppkausas, toledistas, apristas y hasta fujimoristas se han sumado a la bancada nacionalista para felicitarlo por haber restablecido la autoridad en Cajamarca con el estado de emergencia y expulsado del Ejecutivo a los izquierdistas.

Con la salida de los ministros ‘progres’ y la conformación del gabinete Valdés, las riendas del Estado han vuelto en forma definitiva a manos de la elite económica y política que gobierna el Perú desde que en 1990 Alberto Fujimori diera inicio al proyecto neoliberal.

Pero el soporte esencial y a la vez práctico del régimen ollantista son las Fuerzas Armadas y el poderoso grupo empresarial minero. Desde esas fuentes de poder nace el actual curso autoritario que ha iniciado el Ejecutivo en el manejo de los conflictos sociales, de las concesiones extractivas, del tema ambiental y de la lucha antidrogas tras el cambio de presidente en Devida.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en manos del comandante(r) Óscar Valdés, se propone concentrar para sí la gestión de los estudios de impacto ambiental, la fiscalización ambiental y el manejo de los recursos hídricos del país, quitándoles a las carteras de Energía y Minas, Ambiente y Agricultura estas atribuciones claves dentro del modelo económico de explotación intensiva de los recursos naturales.

Los conflictos sociales ocasionados por los grandes proyectos también tendrán que pasar por el círculo de fuego de la PCM. En Cajamarca, Valdés convirtió el diálogo en una emboscada contra los líderes sociales y el presidente regional Gregorio Santos. De ese modo el presidente y su actual primer ministro anunciaron al país que frente a las demandas ambientales manipularán las mesas de diálogo, las agendas y las actas, interpretarán los acuerdos, perseguirán a los dirigentes legítimos y enviarán policías y soldados si sus maniobras no logran neutralizar a las poblaciones en pie de lucha.

Este curso autoritario fue anunciado por el presidente Humala cuando declaró que el soldado está por encima del bien y del mal; es decir, hagan lo que hagan los militares como él, no se les podrá juzgar. Autoritarismo e impunidad van de la mano en el proyecto neoliberal.

Tiene lógica, por ello, que el primer ministro Óscar Valdés haya expresado su admiración por el primer gobierno de Alberto Fujimori (90-95), periodo del autogolpe, del fujishock, de la eliminación de derechos, de los crímenes del grupo Colina, de las privatizaciones… y de la aprobación de la Constitución de 1993 que otorga supremacía a las transnacionales sobre los recursos naturales, el mercado interno, los territorios indígenas, el Estado y las leyes peruanas.

Esto último nos lleva a preguntarnos: ¿será que Ollanta Humala intenta copiar la maniobra de Fujimori convocando al cambio constitucional ahora que cuenta con el apoyo de las derechas? Sin duda, el engendro de reforma o nueva constitución que saldría de allí legitimaría el continuismo neoliberal bajo la promocionada fórmula del crecimiento con inclusión.

Lucha contra el continuismo

Nada de esto significa que Ollanta Humala y las huestes del neoliberalismo se saldrán con la suya tan fácilmente. La resistencia social al modelo excluyente también ha retornado al escenario nacional a través de la lucha de Cajamarca. A diferencia de la época del primer gobierno fujimorista, hoy en día existe un proceso social radical y masivo de cuestionamiento al modelo económico.

Ollanta Humala ganó las elecciones el 2011 a caballo de ese proceso; su traición a las espectativas de cambio significa el reinicio del mismo, en el cual siguen jugando un rol central las luchas de las comunidades y los pueblos de las regiones andinas, amazónicas y de la costa.

La movilización antineoliberal en curso es el elemento más dinámico de la coyuntura actual y lo será mientras dure el régimen ollantista. En el corto plazo se hará sentir la presión de los conflictos ambientales que seguirán la radicalidad y masividad de Cajamarca.

Ollanta Humala no ha sido tomado de rehén por la derecha y los grupos mineros, como afirman algunos izquierdistas que hoy piden que ‘las masas’ lo rescaten. Lo que en realidad ha ocurrido es que el líder de la gran transformación se sacó la careta. La lucha de Cajamarca en defensa de sus fuentes de agua lo obligó a ello.

La posición de Ollanta en beneficio de Conga está en correspondencia con su primer mensaje presidencial al asumir el mando. En aquella ocasión él anunció que su principal compromiso consistía en asegurar la continuidad del crecimiento a través de nuevas grandes inversiones, sobre todo mineras y energéticas (petróleo, gas, hidroeléctricas). Y que del éxito de esas inversiones dependía su programa de inclusión social.

Lo mismo ha dicho para justificar su ‘Conga va sí o sí’, o argumentar su opción por ‘el agua y el oro’. Al sacarse la careta quedó en evidencia que su promesa en Cajamarca de defender el agua y la producción campesina fue pura demagogia para ganar votos. Con justa indignación los pueblos de esta y otras regiones del país, así como amplios sectores de la juventud en las ciudades lo califican de traidor.

Ahora queda claro que Ollanta usó un discurso antisistema, ofreció cambiar la Constitución y el modelo económico y se enfrentó a la derecha y a las transnacionales, solo para ganar votos. Su demagogia fue mucho más efectiva que la de Fujimori, Toledo y García, logrando calar hondo en las poblaciones más afectadas por el impacto minero y el modelo neoliberal, quienes creyeron que él era el líder del cambio. La izquierda ollantista contribuyó a tal engaño.

Por eso la indignación y movilización popular se desencadenó pronto y en forma masiva en Cajamarca, e irá creciendo al compás del desarrollo de los conflictos ambientales y sociales en el sur, centro y oriente del país.

En el proceso, se irá reconstruyendo la unidad indígena, campesina y popular capaz de derrotar el continuismo neoliberal del gobierno Humala, para retomar la senda del cambio de modelo de desarrollo hacia un nuevo proyecto de país.

Perú: Tiempos de cambio en la minería

Comuneros y campesinos de Cajamarca enfrentan organizados a la poderosa transnacional minera Yanacocha.

Por Marco Arana*

08 de noviembre, 2011.- Fue gracias a las leyes e incentivos dados a la minería en 1992 por el gobierno de Alberto Fujimori que en el periodo 2007-2011 las exportaciones del sector primario llegaron a constituir en promedio el 70% de todas las exportaciones y han hecho que el Perú sea el principal productor de oro de América Latina.Las concesiones mineras se extienden por todo el país llegando (en junio de 2011) a constituir más de 24 millones de hectáreas. El gobierno celebra que las inversiones mineras previstas para los próximos años serán de más de 42 mil millones de dólares.

Regiones donde se ubican las operaciones mineras han comenzado a recibir importantes transferencias monetarias como parte del impuesto a la renta que recauda el gobierno central. Desarrollo de infraestructura vial y ampliación de las redes de aprovisionamiento eléctrica se promueven y amplían en diversas regiones del país facilitando una mayor expansión de las actividades mineras.

La publicidad minera y gubernamental señala que el Perú saldrá de la pobreza gracias al boom minero y hay hasta quienes piensan que con el gravamen que pagarán las mineras, calculado en más o menos 3 mil millones de nuevos soles, y la ley de consulta a los pueblos indígenas, recientemente promulgada por el presidente Ollanta Humala, la minería entra en una nueva etapa en que habrá menos conflictos socioambientales y se convertirá en el “diamante de la competitividad” como solían decir los neoliberales de los años 90 o como suelen decir hoy en la “locomotora del desarrollo”. Veamos de cerca estos temas.

No todo lo que brilla es oro

A nivel ambiental. Tanto la gran minería moderna como la pequeña minería vienen causando enormes daños ambientales. En la Oroya, donde opera la minera Doe Run, se ha contaminado con plomo a más del 90% de los niños de la localidad; está considerada entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo. En el puerto del Callao, por donde salen los minerales fuera del país, se ha contaminado a centenares de niños con particulado de plomo, los daños sobre su sistema neurológico es irreversible. En Cajamarca, Yanacocha, la mina de oro más grande de América Latina, contaminó en el año 2000 a más de un millar de campesinos con mercurio metálico, la secuela de los males continúa hasta hoy, y la ciudad que alberga a más de 170 mil habitantes bebe agua proveniente de procesos mineros, porque las fuentes naturales de agua (lagunas, quebradas y ríos) han desaparecido.

La Minera Southern ha contaminado la bahía de Ite en el mar de Moquegua y, en la región de Tacna, ha agotado las aguas subterráneas, motivo que ha llevado al gobierno regional a tener que dictar, por primera vez en la historia del Perú, dispositivos legales de veda de uso de aguas subterráneas para uso minero. En Madre de Dios, lo que comenzó como minería artesanal, hoy es una minería de gran escala que extrae oro con dragas de los ríos y deforesta miles de hectáreas amazónicas, virtiendo además miles de kilogramos mercurio a los ríos amazónicos. En Puno, la mina La Rinconada contamina con metales pesados el Río Ramis que es afluente del lago Titicaca, una cuenca endorreica, la más alta del mundo, y las protestas de los pueblos quechuas y aymaras que datan de muchos años siguen siendo ignoradas.

En Cajamarca, Piura y Huamachuco los mineros ilegales contrabandean insumos químicos que trasladan peligrosamente en vehículos de transporte público, contaminan ríos y pequeños poblados. A todos estos graves daños ambientales, se suman dieciséis de los 53 ríos de la costa que están contaminados por actividades mineras a pesar de que el inventario de pasivos ambientales, que aún no concluye, ha identificado ya más de cinco mil quinientos de ellos que están drenando aguas ácidas a las partes bajas de las cuencas.

La autoridad ambiental hace deficientes controles:

Las fiscalías ambientales se hallan abarrotadas de investigaciones que no se realizan por falta de recursos o presiones políticas y económicas, como lo denunció el coordinador de las mismas, y los juzgados ambientales no han sido instalados. Para colmo, no existen procuradorías ambientales que ayuden a las poblaciones a demostrar técnicamente las afectaciones de las que son víctimas. Los EIAs de las empresas mineras son aprobados por la propia autoridad encargada de promover la inversión minera, y las recomendaciones de las Defensoría del Pueblo de que sea el MINAM quien los evalúe y apruebe siguen cayendo en saco roto. Los límites máximos permisibles (LMPs) que son invocados por las empresas para decir que la calidad ambiental de su área de operaciones y de influencia está bien se hallan desactualizados (datan de 1996) y hasta el Banco Mundial afirma que no sirven para prevenir la contaminación, por lo demás el Ministro Brack, ardoroso defensor de la gran minería, dejó extrañamente pendientes la fijación de los LMPs de las emisiones y efluentes mineros.

A nivel social. Aunque la minería moderna desata grandes expectativas laborales, lo cierto es que por su alta tecnificación genera pocos puestos de trabajo (1.5% de la PEA nacional), y además está sometida a mecanismos de terciarización que recortan al máximo los derechos de los trabajadores. Se estima que más del 70% de los trabajadores de la gran minería están bajo la modalidad de services, lo que impide además su sindicalización y capacidad de negociación para proteger sus derechos. En cambio, en la pequeña minería se genera muchos más puestos de trabajo pero en condiciones infrahumanas, explotando mano de obra infantil, sin norma alguna de seguridad, evadiendo impuestos, contrabandeando insumos, etc.

Las pequeñas economías locales donde se ubican las actividades mineras experimentan rápidamente subidas de los precios debido a que el sector empleado en la gran minería suele tener ingresos económicos más altos que el promedio local, con lo cual los costos de vivienda, alimentación, educación suben exorbitantemente y ahondan las brechas de desigualdad entre los que pueden pagar esos servicios y los que quedan excluidos de los mismos.

Para nadie es un secreto que la ciudad de Cajamarca se ha convertido en una de las cuatro ciudades más caras del país, precisamente por el fenómeno inflacionario provocado por los ingresos de los trabajadores de la actividad minera o simplemente por las distorsiones de precios de mercado que genera las expectativas de venta de servicios locales. En el plano nacional, el crecimiento económico basado en los ingresos de las exportaciones mineras, que no contienen valor agregado, (como literalmente ha señalado Oscar Ugarteche, “estamos exportando piedras”) hace que la mayor parte de la riqueza minera se vaya fuera de nuestro país y que sigamos condenando nuestra economía a lo que se denomina “deterioro de términos de intercambio”, por el cual se repite la historia económica de la explotación de nuestros recursos naturales que se venden a precio barato para luego comprar productos manufacturados a precios más caros, quedando condenados a ser un país productor de materias primas (mientras éstas duren).

A todo ello, se suma el hecho de la extrema vulnerabilidad de nuestra economía, que, si bien sigue creciendo, lo hace debido a los altos precios de los metales en el mercado internacional, lo que implica que si hay una variación en los precios de los denominado commodities nuestra economía simplemente puede frenarse de golpe o aún colapsar, si es que no se diseñan e implementan políticas de diversificación económica, como incluso y repetidas veces lo ha señalado Michael Porter en sus dos visitas a Perú.

Pese a que en esta etapa se experimenta un ciclo internacional prolongado de precios extraordinariamente altos de los metales que, por lo demás, debido a las leyes fujimoristas y alanistas que otorgaron extraordinarias facilidades al desarrollo de la gran minería y, debido también a la alta riqueza de los yacimientos que permiten bajos costos de producción, las empresas mineras se niegan a hacer aportes fiscales adicionales apelando, para ello, a sus contratos de estabilidad jurídica y a su enorme poder para jaquear al Estado vía los medios de comunicación o sus poderosos lobbys directos o través de influyentes estudios de abogados del país (García Sayán, Osterling, Echecopar) como lo ha puesto en evidencia la periodista de IDL, Milagros Salazar, con relación a evadir las multas de Osinergmin.

Del lado gubernamental, incluido el nuevo gobierno de Ollanta Humala, se ha optado por seguir promoviendo prioritariamente la minería, y aunque se ha anunciado recién que habrá nuevas regulaciones, aún no se tiene claridad sobre cuáles y el alcance preciso de las mismas (aún falta reglamentar la ley de consulta previa y se ha anunciado la promulgación próxima de la ley de ordenamiento territorial). Lo cierto es que a partir de las recientes declaraciones del primer ministro y del ministro de minería y energía, lo que parece primar es apoyar sí o sí a las mineras para que éstas contribuyan con el gravamen minero que, en el corto plazo, permitan al gobierno nacionalista realizar las obras de infraestructura y la prestación de servicios sociales. No sería extraño que, en este contexto, el gobierno opte por inclinar la balanza del lado de las empresas, como claramente lo ha señalado Víctor Caballero de la unidad de conflictos de la PCM (“La ley de consulta se aplicará solo donde el diálogo previo no funcione” y sus advertencias a lo que el denomina “violentistas y contrarios al desarrollo” sin llamar curiosamente la atención a aquellas empresas social y ambientalmente irresponsables).

Tiempos de cambio

Aunque pueda ser prematuro, y prime aún la incertidumbre para saber en qué dirección van a venir los cambios del nuevo gobierno o cuáles van a ser las continuidades que se afirmen, todo parece indicar que, en el plano social, la minería seguirá siendo la mayor fuente de conflictividad socioambiental. Por otro lado, las grandes empresas buscarán someter al gobierno de Ollanta Humala a la demoledora presión de sus medios de prensa, de sus respaldos gubernamentales extranjeros, de sus poderosos lobbys, si no también de sus chantajes.

Desde la sociedad civil organizada que no se deja coptar o corromper o desde partidos políticos como Tierra y Libertad, seguiremos afirmando que si la minería en Perú, como ha ocurrido en otros países, quiere aportar al desarrollo de largo plazo, con justicia social y sostenibilidad ecológica, la política económica y específicamente la de las industrias extractivas tienen que transitar por otros caminos: el del desarrollo y la innovación tecnológica, el de la asignación de valor agregado, del cuidado y la fiscalización ambiental, de la consulta y respeto a los pueblos y de la utilización de la renta minera para la diversificación de la economía. De tal manera que dejemos de ser clasificados como un país minero y podamos convertirnos en lo que debemos ser: un país pluriproductor, megabiodiverso, que no depende de una única actividad como la minería. Son tiempos de crisis ecológica planetaria, de crisis financiera mundial, de nuevo gobierno, de esperanzas de cambio que no se deben defraudar. Y podemos hacerlo, si miramos el Perú como un país con futuro y si, generosa y responsablemente, pensamos en los derechos que tienen los peruanos que vendrán después de nosotros. Lo que no se puede perder de vista es que los cambios deben ocurrir ahora, no podemos seguir en la larga y penosa espera que fue defraudada por el régimen corrupto y genocida de Fujimori, insuficiente y miope de Alejandro Toledo o por el gobierno soberbio, depredador y corrupto de Alan García.

Minas Conga: un desafío en el horizonte

Este proyecto minero, anunciado el 28 de julio de 2011, unas horas antes de la asunción de mando del presidente Ollanta Humala, puede ser la prueba de fuego de los cambios o continuidades que el nuevo gobierno deberá mostrar al país que lo eligió. Los 4 mil 800 millones de dólares que se dice invertirá Yanacocha en este proyecto no pueden hacerse a cualquier costo social y ambiental. En tiempos de cambio climático, de que existe una conciencia ciudadana, cada vez más creciente, que no hay desarrollo verdadero sin justicia social y sostenibilidad ecológica, los nuevos gobernantes no pueden permitir que se destruyan más lagunas y sistemas hídricos y se subordine, cuando no ponga en grave peligro el desarrollo agrícola y ganadero del sur de una importante región como es Cajamarca, tan solo para garantizar que una controvertida empresa minera aurífera recupere su inversión en unos pocos años de los 17 que inicialmente calculan que durará su proyecto.

Revisar el EIA que fue aprobado dolosamente, escuchar las preocupaciones legítimas de las organizaciones y sus autoridades no coptadas o que no se han dejado corromper, acercarse los gobernantes a las poblaciones, fortalecer la institucionalidad ambiental nacional, regional y local; someter el proyecto al proceso de zonificación ecológica y económica regional y a un plan de ordenamiento territorial, están entre los requisitos mínimos que el nuevo gobierno debe observar para que este conflicto que, en los próximas días amenaza con extenderse y desbordarse, no termine generando un clima de zozobra social en una región que tradicionalmente ha sido pacífica, pero que también sabe ponerse dignamente de pie para defender su derecho al agua, a la tierra y decir ¡Basta!
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* Marco Arana, político, sociólogo, catedrático y ex-sacerdote peruano, fundador y militante del “Movimiento Tierra y Libertad”.
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Fuente: www.lamula.pe

Ley de consulta previa a los pueblos indígenas: límites, retos y libre determinación

Por: Fernando Gutiérrez


El 23 de agosto último, parlamentarios fujimoristas, pepecistas y otros defensores del gran capital votaron por el proyecto de ley de consulta indígena que tenía el mismo texto que la autógrafa aprobada el 19 de mayo del 2010 y que habían rechazado en aquella ocasión. Por otra parte, el minúsculo voto aprista actual también sumó, dando la espalda a las observaciones de Alan García a las cuales se habían allanado el año pasado.


¿A qué se debe tal voltereta política? ¿Han dejado de creer en los grandes empresarios del oro y el petróleo? ¿Se han arrepentido de la política del perro del hortelano? Nada de eso.


La votación unánime en favor de la consulta indígena es resultado directo del estado de ‘insurrección social’ que existe en el país respecto del modelo económico excluyente y de la explotación frenética de nuestros recursos naturales.


De este modo, empresarios, gobierno y partidos han decidido enfrentar juntos el profundo descontento social, con la política de otorgar concesiones importantes a cambio de no tocar lo esencial del modelo neoliberal.


El aumento del salario mínimo, aceptado por la central empresarial CONFIEP, va de la mano con la continuidad del régimen de flexibilización laboral y las services. La ‘donación’ por parte de la patronal minera de una mayor porción de sus sobreganancias tiene de contraparte el respeto a los convenios de estabilidad y exoneraciones tributarias.

LOS PUEBLOS DELANTE DE LA LEY DE CONSULTA

La ley de la consulta previa es, sin duda, una herramienta jurídica que legitima ante el país y el mundo derechos básicos de las comunidades y pueblos del Perú que se consideran descendientes de las culturas originarias andinas y amazónicas.


Cuando dicha norma sea promulgada por el Ejecutivo, se dará inicio a un proceso de ruptura con la vieja relación tutelar colonialista que la república heredó del poder español. Sin embargo, hacer valer de verdad los derechos indígenas no depende solo de un papel.


Es preciso que las fuerzas indígenas y campesinas continúen luchando y fortaleciendo sus organizaciones, de modo que puedan vencer todos los obstáculos que el poder fáctico de la clase propietaria, sus políticos y medios de comunicación interpondrán para tratar de evadir, desprestigiar o rechazar las decisiones que tomen los pueblos frente a los proyectos empresariales.


Un importante primer paso en ese sentido es demandar que el presidente Ollanta Humala promulgue la ley de inmediato. Pero, junto con ello, es preciso tomar conciencia de los flancos del texto aprobado que ponen límites al derecho de libre determinación de los pueblos originarios. Existen tres puntos cruciales.


Primero: la decisión final de la consulta queda en manos del Estado. Esto puede implicar un severo límite a la libre determinación, derecho implícito en el Convenio 169 de la OIT que solo la ‘buena fe’ de las autoridades lo puede acoger. En cambio, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas sí establece con total claridad el derecho de libre determinación, pero esta norma no se quiso incorporar en la negociación del proyecto inicial de ley de consulta previa en el 2010.


Esto puede resultar en problemas graves para los casos de Tambogrande, Huancabamba, Ayabaca, Islay, Puno y otros en que los pueblos y las comunidades ya han decidido no aceptar proyectos mineros en sus territorios. En dichos ejemplos, la lucha ha impuesto la solución, lo cual significa que el derecho indígena ha sido ejercido más allá de la flamante ley de consulta previa: la palabra final la dieron los pueblos, no la autoridad estatal. ¿Respetará el Gobierno lo ya decidido?

LÍMITES Y RETOS

Segundo: las autoridades interesadas en llevar a cabo planes de desarrollo o dictaminar normas en territorio indígena serán quienes decidan si esas medidas son materia de consulta o no; y también a quiénes corresponde consultar. Dado el carácter colonial que todavía domina la mentalidad de la burocracia estatal y de los políticos tradicionales, los pueblos indígenas encontrarán muchos obstáculos en estas dos fases del proceso de consulta.


Tercero: como ya lo explicó en el 2010 el especialista Bartolomé Clavero*, la Disposición Complementaria Segunda de la ley es abiertamente contraria al derecho indígena a la consulta. Dicha disposición dice: “La presente ley no deroga o modifica las normas sobre el derecho a la participación ciudadana. Tampoco modifica o deroga las medidas legislativas, ni deja sin efectos las medidas administrativas dictadas con anterioridad a su vigencia”.


Lo anterior equivale a decir que como hay leyes sobre acceso a recursos con régimen de participación ciudadana (que no contempla el derecho indígena a la consulta), entonces la reciente ley de consulta previa no podría garantizar este derecho, pues las leyes anteriores prevalecerían.


Por otra parte, establecer la imposibilidad de dejar sin efecto las concesiones y normas ya decretadas y que favorecen a industrias extractivas, etc., significa que el derecho indígena a la consulta no tendrá valor frente a los proyectos en curso o programados, muchos de los cuales son objeto de serios conflictos sociales y ambientales.


El artículo 103 de la Constitución del Perú, modificado en el 2004, establece: “La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad”.


La ley de consulta, por tanto, según la Constitución se aplica a las relaciones y situaciones existentes con efectos derogatorios de otras normas que le antecedan, inclusive de las de su propio rango legislativo, y suspende o anula actos administrativos que la contradigan.


Así, la Disposición Complementaria Segunda resulta inconstitucional. También lo es porque contraviene la vigencia del Convenio 169 de la OIT que es parte del cuerpo constitucional del Perú desde 1995.

Para corregir este contrasentido, es preciso que la ley sea promulgada y luego cualquier autoridad local o regional podrá interponer recurso de inconstitucionalidad contra la referida disposición complementaria.


*Clavero, Bartolomé, miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. "Perú: Por la Promulgación Inmediata de la Ley de Consulta". 22 de mayo, 2010. http://clavero.derechosindigenas.org/

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