Perú: el candidato que falta
Por: Fernando Gutiérrez
Once políticos tradicionales compiten cómodamente por la Presidencia de la República del Perú para el período 2011-2016. El movimiento social más importante de la última década no tiene candidato.
Alberto Pizango, líder indígena surgido del levantamiento andino amazónico, no pudo superar los obstáculos tendidos por el régimen aprista para impedir la irrupción electoral de quienes cuestionan el modelo de desarrollo neoliberal en toda su dimensión.
El segundo gobierno de Alan García obligó al movimiento indígena y rural a luchar muy duro para defender sus territorios, recursos y derechos. García dictó un conjunto de decretos legislativos para facilitar la entrega de bosques, páramos, ríos y tierras a las corporaciones transnacionales, contando con el respaldo de la gran empresa, la banca internacional y los países industrializados.
En esta lucha desigual, las comunidades se convirtieron en la avanzada de la resistencia al continuismo neoliberal.
Bagua fue el punto más alto de un proceso nutrido de casos emblemáticos: Majaz (Río Blanco), Sicuani, el Arequipazo, el Moqueguazo, Quillabamba, y últimamente, Inambari, Espinar, Cocachacra (Islay) y Recuay. Más de 250 reclamos socioambientales enmarcan el panorama de la intensa movilización comunera y popular.
La aprobación de la Ley de consulta previa a los pueblos indígenas por parte del Congreso de la República el pasado 19 de mayo fue un triunfo político de este proceso. Alan García logró neutralizarla, sin embargo la agenda indígena quedó instalada.
Las fuerzas neoliberales no pueden ahora esconder y menos negar el derecho de las comunidades a ser partícipes en las decisiones que les afecten; tampoco, que ellas deben ejercer el control autonómico de sus territorios, de su forma de vida y cultura, tal como lo establecen normas internacionales de rango constitucional: Convenio 169 de la OIT, Declaración ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras.
La presencia indígena en el país, como sujeto de derecho y actor político, es ya una realidad irreversible en la conciencia ciudadana. Ese hecho histórico prevalecerá más allá de los regímenes de turno en las próximas décadas. Será una sombra que acompañará el vaivén de las disputas de poder, las denuncias de corrupción, los negociados y pactos entreguistas, las medidas represivas, las alianzas congresales o las conversas en Palacio.
En este contexto, la ausencia de una candidatura como la de Pizango es, sin duda, un triunfo del régimen neoliberal y en particular de Alan García, quien armó la masacre de Bagua y la persecución a los líderes amazónicos para tratar de desarticular esta esperanza de cambio.
Alberto Pizango se ganó un lugar en el corazón de millones de peruanas y peruanos por su valiente defensa de la Amazonía. Por eso, la cofradía neoliberal lo persiguió hasta el exilio y pretendió encasillarlo como responsable del Baguazo. La prensa, casi toda, y la derecha en su conjunto hicieron coro con García acusándolo de oponerse al desarrollo del país.
La izquierda también contribuyó al aislamiento de Pizango y del proyecto indígena a la hora de constituir alianzas electorales. No quisieron reconocer en él la presencia de un proceso de renovación profunda de la política.
¿Por qué izquierda y derecha cerraron el paso a la opción indígena? Existe una coincidencia de propósitos, expuesta por los propios candidatos: la continuidad del modelo de desarrollo basado en las grandes inversiones extractivas.
La explotación intensiva de los recursos naturales es el corazón del modelo neoliberal diseñado desde fuera para países como el nuestro. Alejandro Toledo, Mercedes Araoz, P.P. Kuczynski, Keiko Fujimori y demás candidatos presidenciales de derecha y centro proponen continuar por ese camino sin cambiar las reglas, y se comprometen a «redistribuir». La demagogia salta a la vista.
Por su parte, la opción «izquierdista» plantea realizar cambios pero luego de un nuevo proceso constitucional sin fecha. Esta fórmula busca tres objetivos: 1) posesionar a Ollanta Humala como la «única alternativa de cambio» pese a que deja en el limbo las aspiraciones sociales; 2) decirle al gran capital que habrá «borrón y cuenta nueva» con los contratos ya suscritos, aunque sean lesivos al país o afecten los derechos de las comunidades; 3) dejar atrás la imagen de «antisistema» para complacer al Premio Nobel Mario Vargas Llosa, ultra neoliberal y enemigo jurado de los pueblos indígenas.
El cambio que esperan los pueblos y trabajadores consiste en una medida simple y práctica: hacer caso a lo que los propios pueblos ya han resuelto, a lo que los trabajadores y sectores populares reclaman cada día.
Si las comunidades dicen No a la minería o al petróleo y Sí al agro; si dicen ¡no más tala de bosques! ni contaminación de las aguas; o si los trabajadores dicen ¡no más services!, o los pobladores y estudiantes piden más presupuesto para salud y educación, pues eso deben hacer el Presidente de la República y los congresistas.
Ese camino es constitucional, y así se adelantaría el cambio en gran medida hasta que se apruebe la nueva Constitución.
Esa alternativa es la que propone el proyecto indígena que lidera Alberto Pizango, sintetizada en la frase «mandar obedeciendo». Y que las luchas de Espinar, Islay, Recuay, Huancabamba, Ayabaca, Tambogrande, Ancón y decenas de pueblos y comunidades en costa, sierra y selva encarnan y sostienen con coraje, convicción y justicia, más allá de no contar con un candidato presidencial que los represente.
El respeto a la decisión democrática de los pueblos llevará hacia el cambio de modelo de desarrollo.
Lima, 8 de enero del 2011
