El desarrollo sustentable no toca el modelo capitalista y con ello se torna un objetivo imposible

¿Es posible un desarrollo sustentable dentro del capitalismo?

Concentración de la riqueza, inequidad, hiperconsumo, extracción irracional de los bienes naturales, son rasgos inherentes al sistema y acentuados con la globalización neoliberal.

La creación de un marco institucional para el desarrollo sustentable es uno de los temas centrales de la agenda de la Conferencia Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo Río+20, que se reunirá en junio de este año. El desarrollo sustentable se viene discutiendo desde hace veinte años, pues nació en la llamada Cumbre de la Tierra Río’92, definido como un desarrollo capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos de las futuras generaciones. El problema es que la discusión no toca el núcleo del problema: el modelo capitalista.

Es decir, el debate elude la pregunta central: ¿es posible un desarrollo sustentable dentro del capitalismo? De este primer cuestionamiento derivan otros: por ejemplo, si los Estados de los países industrializados están dispuestos a disminuir en un milímetro el hiperconsumismo de sus poblaciones privilegiadas, si las multinacionales no seguirán ejerciendo sus presiones para multiplicar sus ganancias con la explotación irracional de los bienes naturales, si los países pobres no continuarán cediendo sus ya casi inexistentes soberanías a ese poder de los países industrializados y las multinacionales.

La concentración de la riqueza, la inequidad de su distribución, la extracción irracional de los bienes naturales, la dependencia de los combustibles fósiles, son rasgos inherentes al capitalismo desde sus lejanos orígenes de la llamada acumulación originaria. Y se han acentuado de manera profunda y acelerada a partir de la globalización neoliberal, multiplicando el consumo de unos pocos y el hambre de muchos a niveles nunca antes vistos en la historia de la humanidad.

Ya hace cuarenta años, en la Primera Conferencia Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo realizada en Estocolmo, se identificó el hiperconsumo de los países industrializados como una de las principales causas del desequilibrio ecológico y el cambio climático. A partir de entonces, progresivamente, los cuestionamientos al sistema se han ido suavizando hasta casi desaparecer y ahora se insiste en un desarrollo sostenible que mantenga como eje el crecimiento económico.

Veamos algunas cifras que así lo confirman:

· Los 20 países más ricos del mundo consumieron en el siglo XX más naturaleza, es decir, más materia prima y recursos energéticos no renovables, que toda la humanidad a lo largo de su historia y prehistoria.

· Setecientos millones, de un total de 6,900 millones de personas, son las responsables del 50% de las emisiones globales de CO2, mientras los 3 mil millones de personas más pobres solamente emiten el 6% del CO2.

· Entre 1950 y 2005 la producción de metal aumento 600%, el consumo de petróleo 800%, el consumo de gas 1,400%.

· Se extraen anualmente 60 mil millones de toneladas de recursos, 50% más que hace 30 años.

· Se calcula que más del 60% de los servicios que brindan los ecosistemas del planeta se encuentran degradados.

· La mayor parte de estos recursos han sido apropiados por el 20% de la población mundial que son responsables del  86% del consumo global, mientras el 20% más pobre consume solamente el  1.3%.

· El gasto anual en cosméticos en Estados Unidos de 8,000 millones de dólares y el europeo en helados de 11,000 millones de dólares supera el gasto en agua potable, educación básica y alcantarillado para las 2,000 millones de personas del mundo que carecen de estos servicios.

· Se estima que las emisiones por persona no deben rebasar las 2.5 toneladas de CO2 al año para que la temperatura global del planeta no aumente más de 2° C, considerándose este el límite sobre el cual pueden presentarse catástrofes climáticas incontrolables. Actualmente, el promedio de emisiones de los estadounidenses es de 19.1 toneladas anuales de CO2,  más de 7 veces superior al límite recomendado.

Cambio de paradigmas

No cabe duda que la gran mayoría de propuestas para Río+20 han sido elaboradas en coordinación con empresas transnacionales, algunas de ellas de dudosa reputación ambiental, como Nestlé, Coca-Cola y Shell. De esta forma, las multinacionales apuntan a que los acuerdos de Río+20 fortalezcan sus negocios y aseguren sus ganancias futuras.

También jugarán un papel clave las instituciones financieras internacionales, las cuales tienen una gran responsabilidad en el endeudamiento de los países del Sur, el financiamiento de proyectos que maltratan el medio ambiente y el aumento de la desigualdad y la pobreza.

Las organizaciones de los pueblos indígenas de la Región Andina y de América Latina en general, insistimos en construir una propuesta mucha más amplia, que confronte la lógica de crecimiento del occidente y priorice una visión de comunidad y la convivencia armoniosa entre la Madre Tierra y los seres que la habitamos.

Para nosotros y nosotras, el concepto de sostenibilidad debe significar un modelo distinto: uno que altere profundamente el rumbo actual del planeta, que incorpore una reducción drástica de los niveles de consumo y producción de desechos de la humanidad y que defienda firmemente todos los derechos y los bienes comunes.

Lima, 29 de marzo del 2012

Comunicaciones CAOI

Las cifras citadas en esta nota han sido tomadas de:

http://www.concienciaeco.com/2010/12/04/el-hiperconsumo-y-el-cambio-climtico/

La izquierda latinoamericana que gobierna varios países es extractivista y dócil ante las transnacionales y el neoliberalismo

AMÉRICA LATINA
La izquierda marrón
Eduardo Gudynas*

Está quedando en claro que para los gobiernos progresistas o de la nueva izquierda, las cuestiones ambientales se han convertido en un flanco de serias contradicciones. El decidido apoyo al extractivismo para alimentar el crecimiento económico, está agravando los impactos ambientales, desencadena serias protestas sociales, y perpetúa la subordinación de ser proveedores de materias primas para la globalización. Se rompe el diálogo con el movimiento verde, y se cae en una izquierda cada vez menos roja porque se vuelve marrón.

Una rápida mirada a los países bajo gobiernos progresistas muestra que en todos ellos hay conflictos ambientales en curso. Es impactante que esto no sea una excepción, sino que se ha convertido en una regla en toda América del Sur. Por ejemplo, en estos momentos hay protestas frente al extractivismo minero o petrolero, no solo desde Argentina a Venezuela, sino que incluso en Guyana, Suriname y Paraguay.

En Argentina se registran conflictos ciudadanos frente a la minería en por lo menos 12 provincias; en Ecuador, la protesta local ante la minería sigue creciendo; y en Bolivia, poco tiempo atrás finalizó una marcha indígena en defensa de un parque nacional y ya se anuncia una nueva movilización. En estos mismos países, los gobiernos progresistas alientan el extractivismo, sea amparando a las empresas que lo hacen (estatales, mixtas o privadas), ofreciendo facilidades de inversión o reduciendo las exigencias ambientales. Los impactos sociales, económicos y ambientales son minimizados. Los gobiernos en unos casos enfrentan la protesta social, en otros la critican ácidamente, y en un giro más reciente la criminalizan, y han llegado a reprimirlas.

La contradicción entre un desarrollo extractivista y el bienestar social acaba de alcanzar un clímax en Perú. Allí, el gobierno de Ollanta Humala decidió apoyar al gran proyecto minero de Conga, en Cajamarca, a pesar de la generalizada resistencia local y la evidencia de sus impactos. Esto generó una crisis en el seno del gabinete, la salida de muchos militantes de izquierda del gobierno, y una fractura en su base política de apoyo. El gobierno se alejó de la izquierda al decidir asegurar las inversiones y el extractivismo.

Posiblemente el caso más dramático está ocurriendo en Uruguay, donde en unos pocos meses, el gobierno de José Mujica está decididamente volcado a cambiar la estructura productiva del país, para volverlo en minero. Se propicia la megaminería de hierro, a pesar de la protesta ciudadana, sus impactos ambientales y sus dudosas ventajas económicas. Paralelamente, se acaba de aprobar un controvertido puente en una zona ecológica destacada, cediendo a los pedidos de inversiones inmobiliarios, y por si fuera poco, ahora amenaza con desmembrar el Ministerio del Ambiente. El gobierno Mujica no está rompiendo promesas de compromiso ambiental, ya que la coalición de izquierda es un caso atípico donde en su programa de gobierno carece de una sección en esos temas, sino que deja en claro que está dispuesto a sacrificar la Naturaleza para asegurar las inversiones extranjeras.

Estos son solo algunos ejemplos de las actuales contradicciones de los gobiernos progresistas. Estas resultan de estrategias de desarrollo de intensa apropiación de recursos naturales, donde se apuesta a los altos precios de las materias primas en los mercados globales. Su macroeconomía está enfocada en el crecimiento económico, atracción de inversiones y promoción de exportaciones. Se busca que el Estado capte parte de esa riqueza, para mantenerse a sí mismo, y financiar programas de lucha contra la pobreza.

Bajo ese estilo de desarrollo, la izquierda gobernante no sabe muy bien qué hacer con los temas ambientales. En algunos discursos presidenciales se intercalan referencias ecológicas, aparece en capítulos de ciertos planes de desarrollo, y hasta hay invocaciones a la Pacha Mama. Pero si somos sinceros, deberá reconocerse que en general las exigencias ambientales son percibidas como trabas a ese crecimiento económico, y que por ello se las considera un freno para la reproducción del aparato estatal y la asistencia económica a los más necesitados. El progresismo se siente más cómodo con medidas como las campañas para abandonar el plástico o recambiar los focos de luz, pero se resiste a los controles ambientales sobre inversores o exportadores.

Se llega a una gestión ambiental estatal debilitada porque no puede hincarle el diente a los temas más urticantes. Es que muchos compañeros de la vieja izquierda que ahora están en el gobierno, en el fondo siguen soñando con las clásicas ideas del desarrollismo material, y están convencidos que se deben exprimir al máximo las riquezas ecológicas del continente. Los más veteranos, y en especial los caudillos, sienten que el ambientalismo es un lujo que solo se pueden dar los más ricos, y por eso no es aplicable en América Latina hasta tanto no se supere la pobreza. Tal vez algunos de esos líderes, como Lula o Mujica, llegaron muy tarde a ocupar el gobierno, ya que esa perspectiva es insostenible en pleno siglo XXI.

¿Estas contradicciones significan que estos gobiernos se volvieron neoliberales? Por cierto que no, y es equivocado caer en reduccionismos que llevan a calificarlos de esa manera. Siguen siendo gobiernos de izquierda, ya que buscan recuperar el papel del Estado, expresan un compromiso popular que esperan atender con políticas públicas y generar cierto tipo de justicia social. Pero el problema es que han aceptado un tipo de capitalismo de fuertes impactos ecológicos y sociales, donde solo son posibles algunos avances parciales. Más allá de las intenciones, la insistencia en reducir la justicia social a pagar bonos asistencialistas mensuales los ha sumido todavía más en la dependencia de exportar materias primas. Es el sueño de un capitalismo benévolo.

Parecería que el progresismo gobernante solo puede ser extractivista, y que este es el medio privilegiado para sostener al propio Estado y enfrentar la crisis financiera internacional. Se está perdiendo la capacidad para nuevas transformaciones, y la obsesión en retener los gobiernos los hace temerosos y esquivos ante la crítica. Esta es una izquierda al fin, pero de nuevo tipo, menos roja y mucho más progresista, en el sentido de estar obsesionada con el progreso económico.

Este tipo de contradicciones explican el distanciamiento creciente con ambientalistas y otros movimientos sociales, pero también alimentan la generalización de una desilusión con la incapacidad del progresismo gobernante en poder ir más allá de ese capitalismo benévolo. Muchos recuerdan que en un pasado no muy distante, cuando varios de estos actores estaban en la oposición, reclamaban por la protección de la Naturaleza, monitoreaba el desempeño de los controles ambientales, y apostaban a superar la dependencia en exportar materias primas. Esas viejas alianzas rojo – verde, entre la izquierda y el ambientalismo, se han perdido en prácticamente todos los países.

Llegados a este punto, es oportuno recodar que, desde la mirada ambiental, se distingue entre los temas “verdes”, enfocados en áreas naturales o la protección de la biodiversidad, y la llamada agenda “marrón”, que debe lidiar con los residuos sólidos, los efluentes industriales o las emisiones de gases. La mirada verde apunta a la Naturaleza, mientras que la marrón debe enfrentar los impactos del desarrollismo convencional.

Bajo este contexto, el progresismo gobernante en América del Sur se está alejando de la izquierda roja y al obsesionarse cada vez más con el progreso, se vuelve una “izquierda marrón”. La “izquierda marrón” es la que defiende el extractivismo o celebra los monocultivos. Frente a esa deriva, la tarea inmediata no está en la renuncia, sino en proseguir las transformaciones para que la izquierda sea tanto roja como verde.

*Eduardo Gudynas es investigador en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social).

Fuente: ALAI, América Latina en Movimiento – 2 de marzo 2012

Carlos Monge: “Se debe cambiar de esquema minero”. Entrevista censurada en La Primera

Estimados compañeros y compañeras:
Comparto con ustedes el texto de una entrevista que me hicieran para La Primera pero que, me informan, no será publicada pues se ha dispuesto en dicho diario no tocar el tema Conga.
Un abrazo
Carlos Monge

Carlos Monge, investigador del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (Desco), afirma que el esquema minero creado por Fujimori y mantenido por Toledo y García, no da más y debe ser cambiado para evitar conflictos como el de Conga.

"El marco institucional minero ya está agotado"

Muchos políticos y analistas afirman que la consigna “Conga no va” es extremista; ¿Ud. cree que ella significa lo mismo que: “minería no va”?

No, para nada. Decir “Conga no va” es decir “no” a dos cosas. En primer lugar, a un proyecto específico que plantea problemas específicos. ¿Cómo hacer minería de tajo abierto en una zona de páramos andinos, en donde lamentablemente, el mineral se encuentra disperso en la tierra; entonces para obtener un gramo de mineral tienes que mover toneladas de tierra, en una zona en la cual esa tierra, está en el centro del proceso de producción de agua?

Es decir que la afectación ambiental no será leve…

El drama de la cordillera norte del Perú que abarca la sierra de La Libertad, Cajamarca y Piura, es que el agua se forma mediante la captura de humedad por la vegetación nativa de los páramos altoandinos y por retención, captura de agua de lluvia por los sistemas de lagunas de esos páramos altoandinos. El agua no se forma por glaciación porque allí ya no hay nevados. Esos páramos son la principal reserva de agua. Además, el oro no está en veta concentrada, está disperso en la tierra. Entonces el “Conga no va” no es un “no” filosófico, es un “no” muy concreto porque necesariamente se debe escoger entre agua y oro.

¿A qué otra cosa le dice “no” esa consigna?

El “Conga no va” también es un “no” simbólico a la herencia de Fujimori/Toledo/Alan García.

¿En qué sentido?

Un marco institucional en el que la promoción de la inversión lo es todo. Pesa más que cualquier otra consideración ambiental o social y se expresa en el hecho de que el ministerio de Energía y Minas (Minem) concentra todas las decisiones, incluida la evaluación y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA); el ministerio del Ambiente está pintado en la pared; y los gobiernos regionales y locales no existen.

¿Y qué se debe hacer entonces?, ¿otra Ley General de Minería?

Reformular la Ley General de Minería, la Ley Orgánica del Sector Energía y Minas, y la Ley Orgánica de los Gobiernos Locales y Regionales.

Desde que se inició el proceso de descentralización hasta ahora, no se ha descentralizado Energía y Minas. Lo único que se ha transferido a los gobiernos regionales, son competencias en materia de pequeña minería artesanal, pero los grandes proyectos minero energéticos se han quedado en el ministerio.

Luego, se creó el ministerio del Ambiente, pero el único sector en el cual no dieron ninguna competencia fue en Energía y Minas.

Hay una versión que afirma que le fue difícil al propio exministro del Ambiente, Ricardo Giesecke, acceder a información sobre el EIA de Conga…

Cuando el equipo de Giesecke pidió copia del EIA de Conga, no se la dieron fácilmente. Las consultas que hizo el ministerio de Energía y Minas fueron solo a la Autoridad Nacional del Agua y al ministerio de Agricultura. ¿Puedes creer que la aprobación de un EIA no se consulte al ministerio del Ambiente?

No tiene lógica.

A los gobiernos regionales tampoco. Tenemos un marco institucional, herencia de un manejo sectorialista y centralista creado por Fujimori, mantenido por Toledo y por García, y es eso lo que está reventando. La solución estructural es cambiar de esquema.

Pero eso requiere un tiempo, una moratoria de concesiones mineras hasta redefinir el esquema, ¿eso es factible?

En primer lugar no hay que dar más concesiones mineras en este esquema. Se debe cerrar la puerta del Ingemmet con llave y luego tirarla al mar. En segundo lugar, cancelar las concesiones a las que no se les haya dado ningún uso productivo y que simplemente están pagando su derecho de vigencia, porque, o no tienen detrás a nadie que en serio quiera hacer minería, o han sido adquiridas para fines especulativos.

Hay técnicos que sostienen que ya no es conveniente seguir con el esquema de concesiones, sino pasar a un esquema de licitaciones internacionales en el que siempre participe una empresa estatal peruana, y en el que los proyectos sean integrales a fin de desarrollar industria metalúrgica, metal mecánica, etc.

Ese es el modelo petrolero predominante en América Latina menos en el Perú. Incluso en Chile –que produce unos cuantos barriles-, existe una empresa estatal de petróleos fuerte; se llama ENAP e invierte en Perú, Ecuador y varios países. En el modelo de hidrocarburos prevalente, además la existencia de una empresa estatal, se da un bloque para exploración como resultado de una negociación bilateral o de una licitación pública, en la cual para comenzar la empresa estatal compite; y otros compiten pero presentando una cosa seria, con respaldo, experiencia y técnicos. Se cumplen además condiciones ecológicas y sociales. Se detalla la inversión en exploración y si todo sale bien, recién se da un derecho preferencial para pasar a explotación. Estoy de acuerdo con caminar hacia eso en el caso de minería.

¿Cuál sería el procedimiento más adecuado para la exploración y explotación minera en un nuevo esquema?

Zonificación, ordenamiento territorial y plan concertado de desarrollo. A partir de allí recién la mezcla de concesión con certificado ambiental y ley de consulta. Cuando ya se tiene un proyecto que pasa por el filtro de la zonificación, está contemplada en el ordenamiento territorial, es parte del plan de desarrollo, de la visión de qué hacer con ese territorio, tiene licencia social y se da un proceso de consulta, entonces se otorga la concesión. La concesión se vuelve una negociación de un proyecto serio para hacer exploración primero, y explotación después.

¿Y las instituciones?

Definido un procedimiento, hay que definir qué roles juegan el gobierno central, el gobierno regional, el gobierno local y la población. Lo que hay ahora es que por un lado los gobiernos regionales se han lanzado a hacer zonificación y ordenamiento territorial, como Cajamarca, y por otro lado el ministerio reparte concesiones como quien reparte naipes en una borrachera con los amigos. Esa es una receta para el conflicto.

¿Con ese nuevo procedimiento se podría determinar que en algunas zonas la minería sea inviable?

Es posible que los procesos de zonificación y ordenamiento territorial bien hechos te digan que hay extensas zonas donde no debe haber minería. Eso de oro y agua como una afirmación filosófica general está bien pero no siempre es posible. Yo también quisiera que se pudiera sacar el oro con alguna cañita, pero si no se puede, no se puede.

¿Como ve lo del peritaje para solucionar el conflicto de Conga?

Si uno se pone estricto, se da cuenta de que está enfrentando una situación sui generis y hasta cierto punto ilegal. ¿Por qué está suspendido el proyecto Conga si había cumplido con todas las normas? De acuerdo a la ley ya deberían estar secando las dos primeras lagunas para usarlas de basurero cuando revienten las dos segundas, pero el proyecto está parado por una decisión política que va más allá de cualquier marco normativo. El gobierno pidió que paren mientras veía como solucionar el conflicto social y el problema político que se armó.

¿Es decir que el peritaje está por fuera del esquema minero actual?

De hecho lo que estamos viendo es que el marco institucional reventó, ya estamos operando fuera de él. Estamos tomando decisiones de política que trascienden un marco institucional agotado que ya no da más. Para mí esa es la principal lección.

¿Y qué cree que salga de esto?
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Pienso que el gobierno ha decidido que Conga va de todas maneras. Lo ha dicho de varias formas, y respecto del peritaje como tal, siento que dependiendo de qué persona del gobierno hable, se da un mensaje diferente. Por ejemplo, el premier dice que el peritaje es para disipar las dudas de la población…

Población que supuestamente ha sido manipulada…

Entonces, estamos gastando un cuarto de millón de dólares para traer a tres fulanos a dar charlas a la ciudad de Cajamarca, a explicar a la gente que está confundida, que ha sido engañada, que son ignorantes o que no entienden nada. Otros dicen que el peritaje es para hacer mejorar el EIA. ¿En 40 días se puede revisar seriamente un EIA que tomó cuatro años, que tiene treinta mil páginas y que tomó ocho meses de evaluación? Pero el gobierno además insiste que se arranque en marzo, entonces, las matemáticas ya no me cuadran. Cuarenta días útiles no te dan para que se inicie el proyecto en marzo.

Pero además hay que sumar el tiempo necesario para que la empresa implemente las recomendaciones del peritaje…

Digamos que en cuarenta días se tienen las recomendaciones; si son serias, la empresa tendrá que hacer un análisis técnico de las mismas. Durante años han diseñado un proyecto que dice que se van a tumbar cuatro lagunas, y si la recomendación dice túmbese ésta y no la otra…

Tendrán que reformular el proyecto…

Y eso supone no solo una cuestión técnica, sino también financiera. Tendrá que incorporar y analizar los costos que estas modificaciones supongan. Si el gobierno insiste en que se arranca en marzo, el peritaje tiene que ser una burla porque tendrías que producir recomendaciones tan light que la empresa pueda en 48 horas, evaluarlas técnicamente, incorporarlas en un nuevo diseño, resolver su costo financiero y arrancar.

Creo que esto está atado a una visión más general: se necesita toda esta gran minería, con los 29 proyectos que están detrás, Conga y los otros 40 mil millones de inversión, porque eso financia la inclusión social. Ese fue el sentido de la negociación de los 3 mil millones de soles adicionales.

¿Se refiere al nuevo gravamen minero y la modificación de las regalías?

El concepto fue: te saco más y con eso financio la inclusión social. Si esa es la visión, entonces Conga garantiza la gran transformación. Para mí, esa es la frase que mejor resume el enfoque. Es la madre del cordero. Yo no estoy hablando de corrupción, no creo que Conga se compró al presidente o al ministro. Esto no es Alan García, lo que hay es una discrepancia de visiones que se traduce en marcos institucionales.

Humedales que proveen de agua a la laguna El Perol.

Destrucción de humedales de El Perol por el proyecto Conga.