Por: Fernando Gutiérrez
La ruptura de Ollanta Humala con
su base popular no ha significado la crisis catastrófica de su gobierno. Sin
embargo, el encontronazo que sostuvo con la población de Cajamarca a causa del
proyecto minero Conga y el cambio de Gabinete acabaron con su imagen
concertadora.
Las encuestas de enero le dan
a Humala un 50% o más de aprobación. El desencanto en los sectores que lo
llevaron a la segunda vuelta está todavía en sus inicios. Y las pérdidas están
siendo compensadas por un novedoso respaldo desde los bolsones tradicionales de
la derecha.
En el Congreso de la República
el presidente disfruta hoy de un apoyo casi total que no tenía al inicio de su
gestión: pepecistas, ppkausas, toledistas, apristas y hasta fujimoristas se han
sumado a la bancada nacionalista para felicitarlo por haber restablecido la
autoridad en Cajamarca con el estado de emergencia y expulsado del Ejecutivo a
los izquierdistas.
Con la salida de los
ministros ‘progres’ y la conformación del gabinete Valdés, las riendas del Estado
han vuelto en forma definitiva a manos de la elite económica y política que gobierna
el Perú desde que en 1990 Alberto Fujimori diera inicio al proyecto neoliberal.
Pero el soporte esencial y a
la vez práctico del régimen ollantista son las Fuerzas Armadas y el poderoso grupo
empresarial minero. Desde esas fuentes de poder nace el actual curso
autoritario que ha iniciado el Ejecutivo en el manejo de los conflictos
sociales, de las concesiones extractivas, del tema ambiental y de la lucha
antidrogas tras el cambio de presidente en Devida.
La Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM), en manos del comandante(r) Óscar Valdés, se propone concentrar
para sí la gestión de los estudios de impacto ambiental, la fiscalización
ambiental y el manejo de los recursos hídricos del país, quitándoles a las
carteras de Energía y Minas, Ambiente y Agricultura estas atribuciones claves
dentro del modelo económico de explotación intensiva de los recursos naturales.
Los conflictos sociales
ocasionados por los grandes proyectos también tendrán que pasar por el círculo
de fuego de la PCM. En Cajamarca, Valdés convirtió el diálogo en una emboscada
contra los líderes sociales y el presidente regional Gregorio Santos. De ese
modo el presidente y su actual primer ministro anunciaron al país que frente a
las demandas ambientales manipularán las mesas de diálogo, las agendas y las actas,
interpretarán los acuerdos, perseguirán a los dirigentes legítimos y enviarán policías
y soldados si sus maniobras no logran neutralizar a las poblaciones en pie de
lucha.
Este curso autoritario fue
anunciado por el presidente Humala cuando declaró que el soldado está por
encima del bien y del mal; es decir, hagan lo que hagan los militares como él, no
se les podrá juzgar. Autoritarismo e impunidad van de la mano en el proyecto
neoliberal.
Tiene lógica, por ello, que
el primer ministro Óscar Valdés haya expresado su admiración por el primer
gobierno de Alberto Fujimori (90-95), periodo del autogolpe, del fujishock, de
la eliminación de derechos, de los crímenes del grupo Colina, de las
privatizaciones… y de la aprobación de la Constitución de 1993 que otorga supremacía
a las transnacionales sobre los recursos naturales, el mercado interno, los
territorios indígenas, el Estado y las leyes peruanas.
Esto último nos lleva a
preguntarnos: ¿será que Ollanta Humala intenta copiar la maniobra de Fujimori
convocando al cambio constitucional ahora que cuenta con el apoyo de las
derechas? Sin duda, el engendro de reforma o nueva constitución que saldría de
allí legitimaría el continuismo neoliberal bajo la promocionada fórmula del crecimiento
con inclusión.
Lucha contra el continuismo
Nada de esto significa que
Ollanta Humala y las huestes del neoliberalismo se saldrán con la suya tan
fácilmente. La resistencia social al modelo excluyente también ha retornado al
escenario nacional a través de la lucha de Cajamarca. A diferencia de la época del
primer gobierno fujimorista, hoy en día existe un proceso social radical y
masivo de cuestionamiento al modelo económico.
Ollanta Humala ganó las elecciones
el 2011 a caballo de ese proceso; su traición a las espectativas de cambio
significa el reinicio del mismo, en el cual siguen jugando un rol central las
luchas de las comunidades y los pueblos de las regiones andinas, amazónicas y de
la costa.
La movilización
antineoliberal en curso es el elemento más dinámico de la coyuntura actual y lo
será mientras dure el régimen ollantista. En el corto plazo se hará sentir la
presión de los conflictos ambientales que seguirán la radicalidad y masividad
de Cajamarca.
Ollanta Humala no ha sido
tomado de rehén por la derecha y los grupos mineros, como afirman algunos
izquierdistas que hoy piden que ‘las masas’ lo rescaten. Lo que en realidad ha ocurrido
es que el líder de la gran transformación se sacó la careta. La lucha de
Cajamarca en defensa de sus fuentes de agua lo obligó a ello.
La posición de Ollanta en beneficio
de Conga está en correspondencia con su primer mensaje presidencial al asumir
el mando. En aquella ocasión él anunció que su principal compromiso consistía en
asegurar la continuidad del crecimiento a través de nuevas grandes inversiones,
sobre todo mineras y energéticas (petróleo, gas, hidroeléctricas). Y que del
éxito de esas inversiones dependía su programa de inclusión social.
Lo mismo ha dicho para
justificar su ‘Conga va sí o sí’, o argumentar su opción por ‘el agua y el
oro’. Al sacarse la careta quedó en evidencia que su promesa en Cajamarca de
defender el agua y la producción campesina fue pura demagogia para ganar votos.
Con justa indignación los pueblos de esta y otras regiones del país, así como
amplios sectores de la juventud en las ciudades lo califican de traidor.
Ahora queda claro que Ollanta
usó un discurso antisistema, ofreció cambiar la Constitución y el modelo
económico y se enfrentó a la derecha y a las transnacionales, solo para ganar votos.
Su demagogia fue mucho más efectiva que la de Fujimori, Toledo y García,
logrando calar hondo en las poblaciones más afectadas por el impacto minero y
el modelo neoliberal, quienes creyeron que él era el líder del cambio. La
izquierda ollantista contribuyó a tal engaño.
Por eso la indignación y
movilización popular se desencadenó pronto y en forma masiva en Cajamarca, e
irá creciendo al compás del desarrollo de los conflictos ambientales y sociales
en el sur, centro y oriente del país.
En el
proceso, se irá reconstruyendo la unidad indígena, campesina y popular capaz de
derrotar el continuismo neoliberal del gobierno Humala, para retomar la senda
del cambio de modelo de desarrollo hacia un nuevo proyecto de país.