Por: Fernando GutiérrezEn el 2008 apareció en el país un nuevo actor político. Se trata de las poblaciones comuneras y nativas que habitan las cumbres andinas y la espesura de nuestra selva, protagonistas de las luchas sociales más importantes de la última década. Lideradas por CONACAMI(1) y AIDESEP(2), sus organizaciones nacionales más representativas, han devenido en movimiento reivindicatorio de indentidades primordiales(3), lanzando el reto de construir un nuevo Estado, un nuevo país y cambiar el modo de relacionarse con la naturaleza y con el mundo.
PROTAGONISMO AMAZÓNICO
El formidable levantamiento de los nativos amazónicos de agosto 2008, no solo enfrentó al Legislativo con el Ejecutivo(4), también sacudió la visión oficial que considera la Amazonía una región de pueblos negados para el progreso. Por primera vez se les tuvo que escuchar y ahora sus demandas y propuestas son temas del debate congresal.
Esta movilización general amazónica coronó un proceso de 28 años de organización y luchas por conservar sus territorios, culturas, lenguas y derechos; esfuerzo histórico que dio origen a lo que ahora es AIDESEP, una entidad multicultural que integra a 650 mil nativos de 65 pueblos o etnias, pertenecientes a 1279 comunidades que ocupan un amplio territorio en nuestra Amazonía y poseen títulos de propiedad colectiva sobre 13 millones de hectáreas.
Alberto Pizango, líder de la inédita acción, expone estas cifras para explicar la contundencia de la movilización nativa que obtuvo la derogatoria de dos de los decretos legislativos con los cuales Alan García prepara la entrega de la Amazonía a los consorcios extranjeros.
En varias ocasiones, durante la última década, machiguengas, ashaninkas, shipibos, yaneshas, awajun, achuar y otras poblaciones nativas tomaron campamentos de petróleo y gas, bloquearon ríos y puentes, llamando a frenar la incursión depredadora de transnacionales y capitalistas locales.
Desde la fundación de la República, las poblaciones amazónicas fueron ninguneadas por el Estado y las elites dominantes, quienes las calificaban de atrasadas y salvajes. En otra época, se intentó invisibilizarlas, propalándose la idea de que la selva estaba casi vacía.
Bajo estas premisas, se justificó el genocidio y depredación de los empresarios caucheros. Se normó la entrega de lotes petroleros a empresas extranjeras y estatales(5), sin el menor respeto por los territorios de los nativos ni por las reservas naturales. La demanda internacional de madera aceleró la tala de los bosques. Los regímenes de los años 70, 80 y 90 del siglo pasado reforzaron las relaciones de subordinación, explotación y despojo en la Amazonía peruana.
El Estado criollo es un insaciable devorador de las regalías que dejan los negocios extractivos. Por ello, en la actualidad, Perú Petro(6) ha llegado al extremo de cambiar el mapa tradicional de nuestra selva, ahora aparece lleno de cuadritos que representan lotes vendibles. Los funcionarios del Estado-nación pretenden que miremos la selva no como hábitat del hombre amazónico, reserva de biodiversidad y pulmón de la Tierra, sino solo como un espacio geográfico lleno de petróleo, gas, madera y apto para el agronegocio.
Contra esta visión depredadora se han levantado los indígenas amazónicos que continúan exigiendo la derogatoria de los decretos alanistas. Cuentan con el apoyo de la población amazónica en su conjunto(7) y de la mayoría de organizaciones sociales del país.
El formidable levantamiento de los nativos amazónicos de agosto 2008, no solo enfrentó al Legislativo con el Ejecutivo(4), también sacudió la visión oficial que considera la Amazonía una región de pueblos negados para el progreso. Por primera vez se les tuvo que escuchar y ahora sus demandas y propuestas son temas del debate congresal.
Esta movilización general amazónica coronó un proceso de 28 años de organización y luchas por conservar sus territorios, culturas, lenguas y derechos; esfuerzo histórico que dio origen a lo que ahora es AIDESEP, una entidad multicultural que integra a 650 mil nativos de 65 pueblos o etnias, pertenecientes a 1279 comunidades que ocupan un amplio territorio en nuestra Amazonía y poseen títulos de propiedad colectiva sobre 13 millones de hectáreas.
Alberto Pizango, líder de la inédita acción, expone estas cifras para explicar la contundencia de la movilización nativa que obtuvo la derogatoria de dos de los decretos legislativos con los cuales Alan García prepara la entrega de la Amazonía a los consorcios extranjeros.
En varias ocasiones, durante la última década, machiguengas, ashaninkas, shipibos, yaneshas, awajun, achuar y otras poblaciones nativas tomaron campamentos de petróleo y gas, bloquearon ríos y puentes, llamando a frenar la incursión depredadora de transnacionales y capitalistas locales.
Desde la fundación de la República, las poblaciones amazónicas fueron ninguneadas por el Estado y las elites dominantes, quienes las calificaban de atrasadas y salvajes. En otra época, se intentó invisibilizarlas, propalándose la idea de que la selva estaba casi vacía.
Bajo estas premisas, se justificó el genocidio y depredación de los empresarios caucheros. Se normó la entrega de lotes petroleros a empresas extranjeras y estatales(5), sin el menor respeto por los territorios de los nativos ni por las reservas naturales. La demanda internacional de madera aceleró la tala de los bosques. Los regímenes de los años 70, 80 y 90 del siglo pasado reforzaron las relaciones de subordinación, explotación y despojo en la Amazonía peruana.
El Estado criollo es un insaciable devorador de las regalías que dejan los negocios extractivos. Por ello, en la actualidad, Perú Petro(6) ha llegado al extremo de cambiar el mapa tradicional de nuestra selva, ahora aparece lleno de cuadritos que representan lotes vendibles. Los funcionarios del Estado-nación pretenden que miremos la selva no como hábitat del hombre amazónico, reserva de biodiversidad y pulmón de la Tierra, sino solo como un espacio geográfico lleno de petróleo, gas, madera y apto para el agronegocio.
Contra esta visión depredadora se han levantado los indígenas amazónicos que continúan exigiendo la derogatoria de los decretos alanistas. Cuentan con el apoyo de la población amazónica en su conjunto(7) y de la mayoría de organizaciones sociales del país.
Las comunidades serranas y costeñas también fueron víctimas de las políticas de despojo y explotación puestas en práctica por el régimen republicano, que superó en agravios lo hecho por los españoles durante la Colonia.
El siglo XX vio cómo el Estado criollo exaltó el crecimiento y codicia de las haciendas y las corporaciones mineras, en desmedro de los territorios comunales y la economía campesina.
Las luchas de resistencia más ejemplares las desarrollaron las comunidades de Pasco y Junín. Varias décadas de conflicto con las haciendas y la gran minería devinieron en las tomas de tierras de los años sesenta. Parte de ese proceso fue la realización de la primera reforma agraria, llevada a cabo por los campesinos del valle de La Convención, en el Cusco, liderados por Hugo Blanco (1962).
La rebelión campesina y comunera de entonces quebró el sistema de haciendas y jaqueó el poder de las empresas mineras. Situación que llevó a las reformas agrarias de Belaunde (1964) y de Velasco Alvarado (1969). Este último también tuvo que estatizar la gran minería y el petróleo.
La lucha comunera contra la gran minería volvió a aparecer con fuerza a finales del siglo pasado, en respuesta al boom minero de 1993-1997, período en el cual se instalaron en el país nuevos grandes proyectos como El Brocal, Yanacocha, Pierina, Antamina, Majaz, Quellaveco y otros, alentados por las altas cotizaciones internacionales de los minerales y por la política privatizadora de Fujimori.
También, se reactivaron y ampliaron antiguos centros mineros como Cuajone y Toquepala (Southern PCC) y los reprivatizados por Fujimori: Volcán (Cerro de Pasco), Tintaya (Cusco), Doe Run (La Oroya), Cobriza (Huancavelica), entre los más conocidos.
En lo que va del presente siglo, se han desarrollado luchas comuneras que han remecido los viejos modelos extractivos de desarrollo: Tambogrande y Ayabaca, en Piura; Choropampa y Cerro Quilish, en Cajamarca; Huarmey, en Ancash y Candarave, en Tacna. En todas ellas, las poblaciones tomaron la decisión de rechazar la presencia de la gran minería en sus territorios, reafirmando a la agricultura y ganadería como sus principales fuentes económicas de supervivencia, continuidad y progreso.
Respaldaron su decisión con ejemplares movilizaciones y campañas públicas, dirigidas también a defender el entorno ecológico y proteger las fuentes de agua, recurso escaso y vital que los conglomerados mineros utilizan en grandes cantidades. ¡Agro Sí, Mina No! fue el grito que surgió de estas experiencias y trascendió al debate nacional.
De este rico proceso de movilización social, nació CONACAMI, fundada en octubre de 1999 como Coordinadora de las comunidades afectadas por la minería. Hacia el 2006 la novísima central comunera integra a más de 1650 comunidades, pueblos, frentes de defensa, federaciones y rondas campesinas que luchan contra las actividades extractivas contaminantes en 18 departamentos.
Las comunidades andinas y amazónicas ocupan los espacios del Perú donde se concentran los recursos más apetecidos por las metrópolis altamente industrializadas y sus multinacionales: oro, plata, cobre, petróleo, gas, madera, tierras vírgenes, agua. Ese hecho las ha convertido en las principales víctimas de las grandes inversiones y de las políticas represivas de los regímenes de turno, pero, al mismo tiempo, las ha colocado al frente de la movilización nacional contra los efectos desvastadores del modelo neoliberal en la economía popular y del rechazo a la entrega del país al capital extranjero y a los Estados Unidos en particular vía el TLC(8).
Por estas excepcionales circunstancias históricas, las comunidades andinas y amazónicas, movilizadas y organizadas en torno a propuestas sustanciales que trascienden lo local y lo reivindicativo, se avizoran hoy en día como nuevo liderazgo político en el país.
Concientes de este desafío, las organizaciones que las representan han decidido pasar de la resistencia a la lucha para ser gobierno. CONACAMI y AIDESEP son los principales animadores de este proyecto, acompañados por fuerzas de las antiguas centrales campesinas CNA y CCP, y por nuevos agrupamientos como las Rondas Campesinas, frentes macroregionales, frentes de defensa, federaciones campesinas y agrupamientos populares.
El acuerdo inicial fue tomado durante la Segunda Cumbre de los Pueblos realizada en Lima, en mayo 2008, instancia desde donde se convocó al paro nacional agrario amazónico del 8, 9 y 10 de julio que golpeó duro al gobierno aprista. El evento, también significó el posicionamiento del movimiento indígena campesino peruano y de su discurso en el escenario político nacional.
El 12 de octubre último, se llevó a cabo la asamblea nacional que dio nacimiento oficial al Movimiento Cumbre de los Pueblos. Nutridos de las experiencias de Bolivia y Ecuador, las fuerzas convocantes acordaron "construir el instrumento político plurinacional para ejercer el derecho de participar activamente de manera autónoma en los procesos políticos, cubriendo el vacío existente de una auténtica expresión y representación de los pueblos, para liberar a la Pachamama y nuestro país y así ejercer plenamente el poder"(9).
El Movimiento Cumbre de los Pueblos se ha organizado en base a un programa que tiene como eje la construcción de un Estado Plurinacional Comunitario. Dicha propuesta cuestiona la continuidad del Estado-nación, por haberse fundado a espaldas de las poblaciones aborígenes y para sojuzgarlas, así como por estar al servicio de las elites capitalistas del país y del imperialismo internacional.
El Estado Plurinacional, tiene su justificación histórica(11) en la diversidad cultural que caracteriza al Perú. Su propósito es, precisamente, dar representatividad en el poder público a todas las poblaciones que habitan suelo peruano, indígenas y no indígenas, en igualdad de oportunidades, para que sea posible la convivencia armónica dentro de un mismo Estado y abocarse a la tarea común de construir un nuevo país.
Entre los cambios más relevantes que propugna están:
- establecer un régimen de autonomías, con derecho de autodeterminación y autogobierno para los pueblos que se definen herederos de las culturas originarias y para las regiones que lo demanden;
- respetar las tierras, organización y formas de vida de las comunidades altoandinas, costeñas y amazónicas, así como informarles y consultarles sobre el uso y explotación de recursos naturales que existan en sus territorios(12);
- recuperar el control sobre los recursos naturales;
- reemplazar el modelo económico neoliberal por otro que garantice la autonomía y soberanía del país e impulse la economía comunitaria como base principal de los planes de desarrollo;
- estimular la producción nacional diversificada para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria del país;
- basar los planes de desarrollo en actividades sostenibles como la agricultura, ganadería, pesca y turismo;
- explotar los recursos no renovables en función de las necesidades de los pueblos y en armonía con la naturaleza.
El Estado Plurinacional Comunitario se concibe como un instrumento para democratizar la sociedad peruana en todos los aspectos y para organizarla con los principios de reciprocidad, solidaridad y complementariedad.
Para fundar ese nuevo Estado, se propone la realización de una Asamblea Constituyente donde estén representadas las grandes mayorías marginadas y empobrecidas por la explotación capitalista, las políticas neoliberales y el saqueo imperialista del país, las verdaderamente interesadas en cambiar su actual situación.
NOTAS:
1 Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería.
2 Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana.
3 Geertz, Clifford. "Identidades esenciales e identidades primordiales", en La interpretación de las culturas, Barcelona, Editorial Gedisa, 1988.
4 El levantamiento amazónico obligó al Congreso a derogar los decretos legislativos 1015 y 1064 pese a la oposición del Presidente de la República.
5 El gobierno militar de Juan Velasco Alvarado (1968-1975) creó Petroperú para explorar y explotar el petróleo de la selva al lado de empresas norteamericanas. También mandó construir un oleoducto con capital japonés para traer el "oro negro" hacia la costa.
6 Perú Petro fue creada por el gobierno de Alberto Fujimori para gerenciar la privatización de las empresas petroleras estatales y subastar los lotes de hidrocarburos.
7 Los pobladores de Loreto, Ucayali, San Martín, Madre de Dios, Pasco, Huánuco y Junín se han organizado en la Cumbre Amazónica para "defender la Amazonía frente a la voracidad de las transnacionales y del entreguismo de Alan García".
8 El Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos por Alejandro Toledo y refrendado por Alan García, convierte al Perú en apéndice económico del país del Norte. Las empresas norteamericanas podrán inundar el mercado peruano con alimentos subsidiados y sin pagar aranceles, retomarán el control sobre los medicamentos genéricos para encarecerlos, podrán apropiarse de la biodiversidad andina y sus inversiones serán protegidas por tribunales internacionales controlados por las transnacionales y sus Estados.
9 Declaración de Lima del Movimiento Cumbre de los Pueblos, Asamblea Nacional del 12 de octubre del 2008.
10 Ver Estados Plurinacionales Comunitarios. El Buen Vivir para que otros mundos sean posibles, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Lima, 2008.
11 Las nuevas Constituciones de Ecuador y Bolivia recogen la propuesta del Estado Plurinacional, pero todavía es un debate abierto. Ver Sociedad Plurinacional, Fernando García Yapur,
http://constituyentesoberana.org/3/docsanal/acsoberana/mayo2007/300507_1.html
12 El derecho de consulta es norma jurídica internacional, estipulada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo-OIT.
12 El derecho de consulta es norma jurídica internacional, estipulada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo-OIT.
Publicado en Énfasis Nº 3 - Enero 2009
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