Ni el “Cristo de lo robado” salvará a García si no promulga Ley de consulta a las comunidades
Por: Fernando Gutiérrez
Alan García viene provocando a los pueblos Aymara y Quechua en Puno, pese a que está en falta por haber otorgado concesiones mineras sin cumplir con la consulta previa a las comunidades afectadas.
En medio del conflicto, en vez de gestionar una solución a la huelga indefinida en Puno, se mandó instalar un Cristo de fibra de vidrio en el Morro Solar de Lima, calificado en las redes sociales como el “Cristo de lo robado”, en alusión al carácter corrupto del Presidente saliente, a quien la plata le llega sola.
Amigo de grandes empresas, como Odebrech, que regaló el aludido Cristo, García se atrinchera en su política del perro del hortelano que en el 2009 lo llevó a provocar el levantamiento amazónico contra su intento de vender la Amazonía “en grandes lotes” a los consorcios transnacionales.
En Puno, García está alentando una nueva confrontación interna de imprevisibles consecuencias, no le importa, lo único que cuenta para él es la defensa cerrada de las empresas mineras y petroleras frente a las comunidades aymaras y quechuas que solo exigen se cumpla con las normas constitucionales que protegen sus derechos.
PRACTICA ANTICONSTITUCIONAL
El Convenio 169 de la OIT, norma internacional de derechos humanos, es parte del cuerpo constitucional del Perú desde 1995, año en que el Estado peruano lo ratifica. Dicho documento establece los derechos especiales que corresponden a los pueblos indígenas y que los estados tienen la obligación de respetar.
Uno de esos derechos es la consulta previa, libre e informada, que en Perú las autoridades estatales deben realizar a las comunidades en cuyos territorios pretendan otorgar una concesión, implementar un proyecto de desarrollo o dictar normas administrativas que puedan interferir su forma de vida.
Ni Fujimori, ni Toledo ni García han cumplido con esta norma constitucional. De allí nacen los actuales y numerosos conflictos que involucran a pueblos andinos, amazónicos y costeños. Esa fue, por ejemplo, la razón para el levantamiento del 2009 que terminó en el “Baguazo”. A García y sus ministros Simon, Cabanillas y Araoz les alcanza responsabilidad política y penal por este hecho que enlutó al país.
Los pueblos indígenas reclaman con toda razón que el Estado “se ponga a derecho” en base a dos acciones: 1) suspender todas las concesiones extractivas y de infraestructura otorgadas en territorio comunal sin haber cumplido con la consulta respectiva; 2) iniciar los procesos de diálogo para obtener el acuerdo o consentimiento de las comunidades y pueblos que correspondan.
En el caso de Puno, García debería disponer la cancelación de todas las concesiones mineras y petroleras, esa es la única fórmula legal y constitucional de resolver el actual conflicto con las naciones Aymara y Quechua. En cuanto a la concesión minera en Santa Ana, ubicada en zona de frontera, el Gobierno ha transgredido incluso la prohibición constitucional de otorgar licencias a empresas extranjeras dentro de los 50 kilómetros fronterizos.
Es falso que la cancelación por decreto supremo de las concesiones mineras y petroleras en el sur de Puno “afectaría la seguridad jurídica del país”, como sostiene el viceministro de Minas, Fernando Gala. Esas concesiones no tienen ninguna base jurídica porque han sido dadas sin respetar las normas constitucionales peruanas.
Tampoco es una solución que solo se suspenda, a partir de la fecha, los nuevos petitorios mineros en la región, como propone el Ejecutivo. Esa medida consagraría la afectación a los derechos indígenas y legitimaría las concesiones inconstitucionales.
LEY DE CONSULTA PREVIA
Otra propuesta que intenta desarmar la lucha aymara-quechua es la de “consultar a todo el pueblo de Puno” sobre si acepta minería o no en su región. Esa medida colisionaría con el Convenio 169 de la OIT.
Es sabido que las poblaciones no indígenas son mucho más numerosas y una consulta general, vía referendo, colocaría a los pueblos indígenas en situación de perdedores y sin posibilidades reales de ejercer sus derechos.
Por tal razón, el Convenio 169 es enfático en señalar que el derecho de consulta solo corresponde a los pueblos indígenas, no a toda la población o ciudadanía, en casos de medidas estatales que les afecten directamente. Además, la norma estipula que la consulta debe realizarse en el marco de las instituciones y costumbres indígenas, lo cual excluye mecanismos extraños como el voto universal y secreto.
La aprobación en el Congreso de la República, en mayo 2010, de la “Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios” constituyó un paso trascendental para que el Estado retorne al cause constitucional.
Sin embargo, el Presidente García Pérez la observó y devolvió al Parlamento con cambios que desnaturalizan su esencia, reafirmándose así en su política del perro del hortelano. Desde ese momento García y los grandes empresarios decidieron no acatar el Convenio 169 de la OIT.
La Sociedad de Minería y Petróleo pidió que se declare inconstitucional la Ley de consulta aprobada. Y la CONFIEP (central empresarial) propuso que se establezcan «leyes propias» que protejan las grandes inversiones y legalicen las falsas consultas y los manipulados estudios de impacto ambiental que realizan las transnacionales para instalarse.
GOBIERNO ALIENTA NUEVOS BAGUA
La consulta de buena fe es una herramienta valiosa para dejar atrás la conflictividad social que llevó a la muerte de 24 policías y 10 indígenas en Bagua. Pero García insiste en desconocer los derechos constitucionales indígenas. Con ello está reproduciendo las condiciones políticas y sociales que llevaron al “Baguazo”.
Para esta nueva cruzada de muerte y división García cuenta con el apoyo y complicidad de los empresarios, políticos y medios de comunicación que se atrincheraron con Keiko Fujimori. ¡El Presidente saliente complota con los derrotados del 5 de junio para sembrar el caos y entregar un país violentado a Ollanta Humala!
Hay que impedir que prospere esta nueva amenaza contra el estado de derecho y la seguridad de todos los peruanos, demandando la promulgación de la “Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios”, respaldando sin reservas las demandas de aymaras y quechuas, así como rodeando el levantamiento puneño de la más amplia solidaridad hasta que triunfe.
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