Por: Rodrigo Montoya Rojas
Los recientes sucesos de Puno han puesto en el escenario peruano una sorpresa: la nación aimara como sujeto político. Antes, con la rebelión de Bagua de 2009, el movimiento político indígena de la Amazonía, surgió con su propia voz. La palabra nación debe ser entendida como sinónimo de pueblo, en el preciso sentido con el que Garcilaso Inca de la Vega -pensando en los Incas y en España- escribió una frase feliz en sus Comentarios reales: “en ambas naciones tengo prendas”. En 2009, José Luis Ayala, el poeta y escritor puneño, escribió el libro “Aymar marka, Nación aimara”. Hoy, una masa de miles de personas se reconoce como parte de una nación aimara, entendida como signo de una identidad colectiva.
En tiempos de la lucha por la tierra, (1888-1980) lo más importante en Puno fue recuperar parte de las tierras comunales que los hacendados y las reformas agrarias expropiaron. En ese largo período la nación aimara no era aún un término de identidad colectiva.
Desde 1999, la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, CONACAMI, surgió para asumir la defensa de derechos de pueblos como Tambo Grande en Piura, que decidió democráticamente con el apoyo de un 97 % de las personas consultadas, no ceder frente a la empresa canadiense que, si seguía adelante en su proyecto de sacar el oro y otros minerales de su subsuelo, habría hecho desaparecer el pueblo y parte de sus terrenos de cultivo. En 2005, las movilizaciones surgieron a partir de la corrupción en el municipio de Puno. Luego, siguieron las grandes movilizaciones en Arequipa, Moquegua y parte de Cusco.
Hoy, el punto de partida para los aimaras tiene directa conexión con lo anterior: defender los cerros tutelares donde nacen las aguas que los pueblos y la tierra beben; impedir que las empresas mineras continúen con sus concesiones, proyectos y explotaciones que envenenan los ríos y las tierras; y, defender el río Ramis, para evitar que el lago Titicaca se convierta en un pantano muerto. Frente a esa realidad reaccionan los pueblos aimara y quechua. Dos frases que expresan la novedad política de nuestros últimos años son: “El gobierno no consultó a la Nación aimara” y “El pueblo quechua apoya a los aimaras”.
Defender la Amazonía sudamericana y los ríos que nacen en los Andes, significa defender la vida, estar al lado de la humanidad entera y no solo de los pueblos indígenas, tal como piensan y sienten los movimientos políticos indígenas de toda la cuenca amazónica. Esta es la cuestión de fondo. Plantearla supone admitir una inevitable confrontación con el Estado, por su presencia efectiva en todos los Andes y toda la Amazonía a través de leyes y decretos que autorizan las concesiones y benefician a las empresas, que con su complicidad deja que los mineros informales hagan lo que quieran, y que con su colonial soberbia no toma en cuenta la opinión y los derechos que los pueblos tienen para que sus tierras, aguas y ríos no se envenenen. Planteado el problema de este modo es inevitable optar. En términos de largo plazo de los próximos cien años: ¿estamos del lado de la vida o del lado de la muerte?
Martha Giraldo, mi amiga puneña de muchos años, ha autorizado que se publique en algunos de los medios de comunicación una carta dirigida a un grupo de amigos, expresando su profundo malestar por lo que ocurre en Puno y por las enormes dificultades que tiene para seguir siendo una empresaria que yo podría llamar progresista, categoría que podría ser extraña si se tiene en cuenta la tristísima historia de los empresarios y la enorme distancia que los separa del país en general y de los pueblos indígenas en particular. Volveré sobre el tema.
*Publicado en La Primera, 2 de julio de 2011
De acuerdo con todo. Y quiero agregar algo: Cuando hay un enemigo al frente, todos nos unimos, pero, igual, quedan pendientes internos. Uno de ellos es la inmensa complicidad con la corrupción entre los mismos dirigentes populares. Por ejemplo, sustituyendo representaciones, negociando parcialmente con las empresas depredadoras. También es señal de ello es el (mal) uso de los fondos que están recibiendo las regiones y agudizan la sensación de un Estado nacional inexistente
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