Situación del proyecto
Conga al 2014
PELIGRO INMINENTE
PELIGRO INMINENTE
Por: Milton Sánchez*
 |
| Milton Sánchez, dirigente rondero de Celendín. |
Yanacocha en su afán de imponer el proyecto Conga ha establecido una estrecha alianza con el Gobierno y ambos quieren mostrar las manifestaciones legítimas de los pueblos de Celendín y Bambamarca como actos delincuenciales, terroristas, y es el Grupo El Comercio su instrumento para lograr sus objetivos.
El pasado 16 de enero las comunidades de Celendín, Bambamarca y Cajamarca retornaron a las lagunas amenazadas, este acto constituyó una respuesta contundente al Gobierno de Ollanta Humala, a sus ministros y a Vladimiro Huaroc, quienes salieron anunciando que existirían condiciones para reanudar el proyecto minero Conga; incluso Huaroc declaró que habrían 32 comunidades que están pidiendo su ejecución.
Solo
en la provincia de Celendín, que hizo su llegada a la laguna El Perol en señal
de rechazo a Yanacocha y al proyecto Conga, se concentraron 48 comunidades que
serán afectadas; similar número de manifestantes de la provincia
de Hualgayoc llegaron a la laguna Mamacocha.
Así se demostró una vez más que Conga
no tiene licencia social. Entonces, ¿quiénes son los que reclaman la ejecución
de Conga? Son un pequeño número de personas que vendieron algunos terrenos a
Yanacocha, la empresa les prometió que serían los nuevos empresarios de Conga;
estas personas formaron cerca de 180 empresas, algunos individuos y familias
cuentan con empresas por cada hijo.
Ellos se endeudaron comprando camionetas,
combis y volquetes para trabajar en la mina y se quedaron sin usarlas cuando se
detuvo el proyecto minero. Son estas personas que, usadas por Yanacocha, los
trasladan a Lima a reunirse con los ministros y tienen acceso directo a Radio Programas
del Perú y a los medios del Grupo El Comercio, y a la televisión nacional del
Perú.
Sin embargo son un grupo reducido de algunas zonas aledañas a Conga, que
saben que si el proyecto minero se realiza no podrán vivir en el lugar, pero
manifiestan que tendrían el suficiente dinero para ir a vivir a otro lugar.
Hace algunas semanas
Anonymous (ver aquí) filtró archivos del Ministerio del Interior en los que se
encuentran informes del reglaje que vienen realizando a dirigentes que, junto a
su pueblo, se oponen a este irracional proyecto minero Conga. En los documentos
filtrados también se encuentra un archivo que muestra que el Gobierno de
Ollanta Humala planifica toda una estrategia de militarización de las zonas
adyacentes al proyecto Conga, incluso plantean la construcción de
plataformas de aterrizaje de helicópteros para imponer a la fuerza el proyecto
minero.
Pero militarizar la
zona para imponer el proyecto Conga sería un escándalo. Para ello trazaron una
coartada contra los compañeros de Bambamarca, acusándolos de haber quemado el
día 16 de enero una caseta de telefonía móvil y un puesto de seguridad de la mina.
 |
| Campamento Dinoes. |
 |
| Imágenes de documento filtrado por anonymous que revela plan para imponer Conga. |
Este hecho
es de ocurrencia improbable, los puestos de seguridad se encuentran fuertemente
custodiados por numerosos contingentes de la Dinoes. Así mismo informaron que
habrían encontrado a personas armadas, pero no dijeron que a quienes intervinieron fue a la seguridad del alcalde de Hualgayoc que, al igual que la
seguridad del Presidente Ollanta Humala y de Roque Benavides, portan armas.
Esta
era la coartada perfecta y así lo difundió el grupo El Comercio, al que se sumaron
los reportes difamatorios de los corresponsales de Cajamarca para el diario La República.
Ellos tomaron como fuente de información a la misma empresa Yanacocha y a la
Policía Nacional del Perú, que se encontraba en el lugar contratada por la
minera para “prestarle seguridad”.
Como era de prever, los titulares fueron
como ellos nos llaman, radicales: “Antimineros siembran el terror en Conga”.
“Disturbios en Conga”. (ver aquí, aquí, aquí). Y los periodistas y congresistas
que defienden la inversión de Yanacocha reclamaban exaltados, casi vociferando: “el Gobierno debe poner mano dura en Cajamarca”. “Se debe restablecer el estado
de derecho”; palabra de moda dos semanas antes del 16 de enero para los ministros,
funcionarios de Yanacocha, la Confiep y periodistas asalariados.
Hasta el ex
Primer Ministro Oscar Valdés, responsable de la represión en Celendín y
Bambamarca, se pronunció: “el Estado peruano debe demostrar más firmeza y
seriedad para terminar con este tipo de manifestaciones”. “Estos antimineros le
están causando daño al país, han retrasado inversiones. Necesitamos que las
inversiones se den”. “Es vital que el Ministro del Interior, el titular de la
PCM e incluso el Presidente de la República vayan a la zona y desenmascaren a
estas personas que perjudican a miles de peruanos”. “Se necesita una actitud
valiente del gobierno”, sentenció. (ver aquí).
Del lado del Gobierno, el Ministro
de Energía y Minas, Jorge Merino, que se encuentra muy presionado por las
empresas mineras y la Confiep, quienes en algún momento pidieron su reemplazo, se
pronunció justamente en el tono que
Yanacocha, de acuerdo a su plan, requería: “ante los recientes hechos de
violencia registrados en las instalaciones de la empresa Yanacocha en
Cajamarca, inversiones en el país tendrán protección del Estado, afirma
ministro Merino”. “Apoyamos a la inversión privada; nuestra función como
gobierno es darle un marco legal a las inversiones que se hacen en el país no
solo en Cajamarca sino en todo el país”, dijo (ver aquí). Ahí está, justo lo
que quería Yanacocha.
Dos días antes de las
manifestaciones en las lagunas, Vladimiro Huaroc se fue de boca revelando las
intensiones y la coartada de Yanacocha, él manifestó para un diario: “Si no se
restablece el estado de derecho en Cajamarca, puede devenir el descontrol”,
quién probablemente ya sabía que el 16 de enero se iban a generar “desmanes”
por los “rojos ultra radicales que se oponen al progreso de nuestro país”. (ver
aquí)
Lo más indignante son
las declaraciones de la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del
distrito de Cajamarca, Esperanza León Deza; ella informó el día de ayer 2 de
febrero para Perú 21, diario del grupo El Comercio, que el Ministerio Público
implementará una serie de acciones preventivas con el propósito de evitar
desmanes en el marco de las protestas contra el proyecto minero Conga. Esto es
una sentencia para los manifestantes, pues sobre los hechos de los que se nos
acusa, haber causado lo del 16 de enero, se encuentran en investigación; sin embargo la
fiscal adelanta juicio al respecto. (ver aquí)
En la misma nota de Perú 21 anuncian que el proyecto Conga se reiniciaría el día de hoy, 3 de febrero, por lo que las comunidades de Sorochuco y Huasmín nuevamente han regresado a inspeccionar, cuidar y vigilar nuestras lagunas; ellos se enfrentan a un peligro latente pues la base militar en San Nicolás de Chaillhuagón, que anunciaron su construcción, ya se encuentra funcionando, la misma que cuenta con plataforma de aterrizaje para helicópteros.
 |
| Celendín, manifestación del 3 de febrero. |
En la misma nota de Perú 21 anuncian que el proyecto Conga se reiniciaría el día de hoy, 3 de febrero, por lo que las comunidades de Sorochuco y Huasmín nuevamente han regresado a inspeccionar, cuidar y vigilar nuestras lagunas; ellos se enfrentan a un peligro latente pues la base militar en San Nicolás de Chaillhuagón, que anunciaron su construcción, ya se encuentra funcionando, la misma que cuenta con plataforma de aterrizaje para helicópteros.
Esta es la nueva forma de
imposición de los proyectos que no tienen licencia social. Este peligro se
fundamenta más aún con la promulgación por parte del Gobierno de la Ley 30151
(ver aquí y aquí) que otorga inmunidad al terrorismo que viene del Estado y que
da licencia para reprimir o matar a los manifestantes (manifestantes para el Grupo El Comercio significa: rojos ultra radicales que se oponen al progreso
del país).
Mientras los
ministros del Gobierno y Vladimiro Huaroc, a través del monopolio mediático El
Comercio, anuncian que Yanacocha ha cambiado de actitud y ha recuperado la
confianza de los cajamarquinos (ver, aquí).
Esta empresa fue nuevamente
denunciada por otra familia aledaña al proyecto Conga, por despojo y apropiación
arbitraria, o mejor dicho de robo de sus terrenos (audio). Se suma a
ello la nueva denuncia que realiza la familia Chaupe sobre amenazas de muerte e
invasión por parte de la policía a sus terrenos, pidiéndoles que se retiren de
las supuestas propiedades de Yanacocha.
Como sabemos, la familia
Chaupe se negó a vender sus tierras a la minera, sus terrenos se ubican frente
a la laguna Azul y esta familia se ha constituido en el mayor obstáculo para el proyecto
Conga pues esta laguna es el corazón mismo del proyecto y se convertiría en el
botadero de desechos tóxicos. Así mismo, un trabajador de la empresa minera
Yanacocha denunció haber sido víctima de contaminación con mercurio en la
sangre y la empresa no se responsabiliza de su caso (ver video).
Otro hecho de
importancia durante estas semanas que pasaron ha sido el archivamiento por
parte del fiscal Víctor Pinillos Padilla, de la Primera Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Chiclayo, del caso de los asesinatos que ocasionaron las
represiones a manifestantes que mostraban su rechazo al proyecto Conga. Estas
muertes fueron causadas por disparos de parte de fuerzas conjuntas de policías
y militares los días 3 y 4 de julio del 2013, en Celendín y Bambamarca.
Incluso se reconoce que los disparos podían haber provenido de los helicópteros que
sobrevolaban la ciudad de Celendín (ver aquí y aquí). El fiscal Pinillos
alega que la justificación para el archivamiento del caso es la imposibilidad
de determinar quiénes dispararon; sin embargo creemos que alguien ha tenido que
ordenar la utilización no solo de armamento de disuasión (bombas lacrimógenas,
perdigones, balas de goma), sino también de armas letales como fusiles Galil,
AKM, etc., que fue lo que al final causó la muerte de 5 ciudadanos peruanos y no
las piedras que se tiraron entre ellos como anunció el Ministerio del Interior
en comunicado en su página web que luego retiraron.
CONCLUSIONES
-El proyecto Conga no
tiene licencia social, por lo que quieren imponerlo a la fuerza utilizando las
fuerzas especiales de la policía, y modificando las leyes para bañarlas de
impunidad en caso asesinen a los manifestantes.
-Yanacocha goza del
total rechazo de la población y nunca ha recuperado la confianza de los cajamarquinos.
-Que los monopolios
mediáticos son una amenaza para la población pues anteponen sus intereses
económicos antes de informar con la verdad.
-Vladimiro Huaroc no
cumple su función, la oficina de “diálogo” que él tiene a su cargo en la PCM
no resuelve los conflicto, los aviva, los agrava. Por ello este señor debe
renunciar.
-Es inminente el
peligro para la población cajamarquina, pues reclamar sus derechos y hacer
escuchar su voz podría causarles la muerte a manos de la policía que goza de la
impunidad por la ley que otorga licencia para matar.
-Es inminente el
peligro que corre la familia Chaupe por las amenazas de muerte y el constante
hostigamiento por parte de la Policía Nacional del Perú al servicio ya no de la
población sino de la empresa minera Yanacocha.
-Se hace necesaria la
intervención urgente de organismos de derechos humanos, nacionales e
internacionales, para garantizar los derechos de la población cajamarquina, puesto
que en el Perú el Gobierno y algunas de sus instituciones están sumamente
parcializadas y en franco apoyo a las mineras.
*Milton Sánchez Cubas,
Secretario General de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC).
¡ CONGA NO VA ! FUE UNA PROMESA Y LOS HOMBRES LAS CUMPLEN, salvo que desde su inicio se quizo engañar esa pobreza de honestidad y de entereza quedara registrada en la historia como un caso mas de cobardia , como los muchos que se han dado . asi son los vende patria
ResponderEliminar