Ley de consulta previa a los pueblos indígenas: límites, retos y libre determinación

Por: Fernando Gutiérrez


El 23 de agosto último, parlamentarios fujimoristas, pepecistas y otros defensores del gran capital votaron por el proyecto de ley de consulta indígena que tenía el mismo texto que la autógrafa aprobada el 19 de mayo del 2010 y que habían rechazado en aquella ocasión. Por otra parte, el minúsculo voto aprista actual también sumó, dando la espalda a las observaciones de Alan García a las cuales se habían allanado el año pasado.


¿A qué se debe tal voltereta política? ¿Han dejado de creer en los grandes empresarios del oro y el petróleo? ¿Se han arrepentido de la política del perro del hortelano? Nada de eso.


La votación unánime en favor de la consulta indígena es resultado directo del estado de ‘insurrección social’ que existe en el país respecto del modelo económico excluyente y de la explotación frenética de nuestros recursos naturales.


De este modo, empresarios, gobierno y partidos han decidido enfrentar juntos el profundo descontento social, con la política de otorgar concesiones importantes a cambio de no tocar lo esencial del modelo neoliberal.


El aumento del salario mínimo, aceptado por la central empresarial CONFIEP, va de la mano con la continuidad del régimen de flexibilización laboral y las services. La ‘donación’ por parte de la patronal minera de una mayor porción de sus sobreganancias tiene de contraparte el respeto a los convenios de estabilidad y exoneraciones tributarias.

LOS PUEBLOS DELANTE DE LA LEY DE CONSULTA

La ley de la consulta previa es, sin duda, una herramienta jurídica que legitima ante el país y el mundo derechos básicos de las comunidades y pueblos del Perú que se consideran descendientes de las culturas originarias andinas y amazónicas.


Cuando dicha norma sea promulgada por el Ejecutivo, se dará inicio a un proceso de ruptura con la vieja relación tutelar colonialista que la república heredó del poder español. Sin embargo, hacer valer de verdad los derechos indígenas no depende solo de un papel.


Es preciso que las fuerzas indígenas y campesinas continúen luchando y fortaleciendo sus organizaciones, de modo que puedan vencer todos los obstáculos que el poder fáctico de la clase propietaria, sus políticos y medios de comunicación interpondrán para tratar de evadir, desprestigiar o rechazar las decisiones que tomen los pueblos frente a los proyectos empresariales.


Un importante primer paso en ese sentido es demandar que el presidente Ollanta Humala promulgue la ley de inmediato. Pero, junto con ello, es preciso tomar conciencia de los flancos del texto aprobado que ponen límites al derecho de libre determinación de los pueblos originarios. Existen tres puntos cruciales.


Primero: la decisión final de la consulta queda en manos del Estado. Esto puede implicar un severo límite a la libre determinación, derecho implícito en el Convenio 169 de la OIT que solo la ‘buena fe’ de las autoridades lo puede acoger. En cambio, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas sí establece con total claridad el derecho de libre determinación, pero esta norma no se quiso incorporar en la negociación del proyecto inicial de ley de consulta previa en el 2010.


Esto puede resultar en problemas graves para los casos de Tambogrande, Huancabamba, Ayabaca, Islay, Puno y otros en que los pueblos y las comunidades ya han decidido no aceptar proyectos mineros en sus territorios. En dichos ejemplos, la lucha ha impuesto la solución, lo cual significa que el derecho indígena ha sido ejercido más allá de la flamante ley de consulta previa: la palabra final la dieron los pueblos, no la autoridad estatal. ¿Respetará el Gobierno lo ya decidido?

LÍMITES Y RETOS

Segundo: las autoridades interesadas en llevar a cabo planes de desarrollo o dictaminar normas en territorio indígena serán quienes decidan si esas medidas son materia de consulta o no; y también a quiénes corresponde consultar. Dado el carácter colonial que todavía domina la mentalidad de la burocracia estatal y de los políticos tradicionales, los pueblos indígenas encontrarán muchos obstáculos en estas dos fases del proceso de consulta.


Tercero: como ya lo explicó en el 2010 el especialista Bartolomé Clavero*, la Disposición Complementaria Segunda de la ley es abiertamente contraria al derecho indígena a la consulta. Dicha disposición dice: “La presente ley no deroga o modifica las normas sobre el derecho a la participación ciudadana. Tampoco modifica o deroga las medidas legislativas, ni deja sin efectos las medidas administrativas dictadas con anterioridad a su vigencia”.


Lo anterior equivale a decir que como hay leyes sobre acceso a recursos con régimen de participación ciudadana (que no contempla el derecho indígena a la consulta), entonces la reciente ley de consulta previa no podría garantizar este derecho, pues las leyes anteriores prevalecerían.


Por otra parte, establecer la imposibilidad de dejar sin efecto las concesiones y normas ya decretadas y que favorecen a industrias extractivas, etc., significa que el derecho indígena a la consulta no tendrá valor frente a los proyectos en curso o programados, muchos de los cuales son objeto de serios conflictos sociales y ambientales.


El artículo 103 de la Constitución del Perú, modificado en el 2004, establece: “La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad”.


La ley de consulta, por tanto, según la Constitución se aplica a las relaciones y situaciones existentes con efectos derogatorios de otras normas que le antecedan, inclusive de las de su propio rango legislativo, y suspende o anula actos administrativos que la contradigan.


Así, la Disposición Complementaria Segunda resulta inconstitucional. También lo es porque contraviene la vigencia del Convenio 169 de la OIT que es parte del cuerpo constitucional del Perú desde 1995.

Para corregir este contrasentido, es preciso que la ley sea promulgada y luego cualquier autoridad local o regional podrá interponer recurso de inconstitucionalidad contra la referida disposición complementaria.


*Clavero, Bartolomé, miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. "Perú: Por la Promulgación Inmediata de la Ley de Consulta". 22 de mayo, 2010. http://clavero.derechosindigenas.org/

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Ollanta Humala: mensaje para la platea desde balcón neoliberal

Por: Fernando Gutiérrez

Quienes esperaban un mensaje de 28 de julio en el espíritu buena gente de la ‘hoja de ruta’, se sintieron alarmados cuando el nuevo Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, aludió a los ‘principios y valores’ de la Constitución de 1979. Sin embargo, muy pronto quedó claro que el líder de la ‘gran transformación’ solo había hecho un gesto para contentar a la platea, es decir a los millones de pobres que lo encumbraron esperanzados en un cambio de verdad, que habían sido sacudidos por el trago amargo de la concertación con los defensores del modelo excluyente y explotador.

No hay condiciones

Una forma muy manida ¬-y a veces inútil- de escabullirse de la pelea franca por parte de las direcciones consiste en decirle a sus bases que no hay condiciones. Ollanta y sus aliados ‘progres’ e izquierdistas, echaron mano de tal artificio para justificar su giro hacia el acuerdo con los neoliberales ‘decentes’ representados por Mario Vargas Llosa y Alejandro Toledo.

Ollanta Humala estaba advertido del apoyo condicionado que le habían dado los sectores pobres, que constituyen la mayoría de la población peruana. No había cheque en blanco y así se lo hicieron saber, por ejemplo en Puno, en donde aymaras y quechuas le dieron un plazo de 30 días para que atienda sus demandas.

Aún así, el ex comandante dio otro paso que lo distanció mucho más de su base electoral, entregó el control económico, financiero y productivo del Estado a personas de formación ideológica neoliberal a prueba de balas: Salomón Lerner Ghitis en el Premierato, Luis Miguel Castilla en Economía, José Luis Silva en Comercio Exterior, Kurt Burneo en Producción y Julio Velarde en el Banco Central de Reserva, entre otros.

Por tanto, un discurso algo radical en el Congreso era indispensable para contrapesar las posibles pérdidas políticas en el movimiento social. En realidad, el primer discurso presidencial de Humala fue un ‘balconazo’ que utilizó los apremios de la inclusión social para justificar su decisión de continuar con el modelo neoliberal que basa el crecimiento económico en la explotación intensiva de los recursos naturales entregándoselos al gran capital transnacional y nacional.

Consulta previa: olvido calculado

No fue casual, por ello, que el flamante Presidente no dijera nada sobre la reclamada ley de la consulta previa a las comunidades indígenas. Ese ‘olvido’ tiene que ver con su empeño en garantizar el nuevo ‘chorro’ de inversiones que las corporaciones mineras tienen en cartera para los próximos cinco años: cuarenta mil millones de dólares.

Humala era conciente de que las luchas desplegadas por las comunidades significaban una mala señal para esas nuevas inversiones. No era oportuno entonces aludir siquiera a la ley de consulta. No había que provocar a una agresiva patronal que estaba amenazando con irse a Chile si le cobraban más impuestos.

En ese marco, y pese a la buena voluntad de los ministros ‘progres’ que recomiendan la aprobación inmediata de la ley de consulta indígena, es probable que Ollanta, en la práctica, convierta dicha norma en un tren sin carriles.

Pobreza y contaminación

Por otra parte, dado el compromiso de la ’hoja de ruta’ de no espantar las inversiones, Humala fue cuidadoso en especificar que el impuesto a las sobreganancias mineras será negociado con los retrecheros señores del oro y el cobre.

Extraño camino escoge el Presidente, si se toma en cuenta que es de este sector de donde su gobierno espera obtener los recursos más importantes para financiar Pensión 65, Juntos, Cuna Más y Beca 18. El ex comandante tendrá que ablandar el corazón de los voraces accionistas que quieren aprovechar al máximo los precios altos de los metales.

En su discurso, el líder de Gana Perú insistió en el aliento a la inversión privada en la explotación de los recursos naturales pero con respeto a las poblaciones, a los trabajadores y al medio ambiente. Bonitas palabras que solo atornillan aún más la lucha contra la pobreza y la contaminación a un modelo económico que en 20 años de aplicación solo ha extendido la miseria rural, el desempleo, los bajos salarios y la afectación a la naturaleza.

En conclusión, el contenido de fondo del mensaje presidencial fue: se hará un cambio importante solo en la parte de las compensaciones sociales, pero estas dependerán de la estabilidad y continuidad del modelo neoliberal de desarrollo. Por tanto, la prioridad del nuevo régimen será atraer la inversión privada y en especial las grandes inversiones extractivistas, en infraestructura y agroexportación.

Sin mayor novedad en el frente interno

Dentro de este enfoque, ¿dónde ubicó Humala la agricultura mediana, pequeña y familiar, la producción comunal y a la micro y pequeña empresa? Como siempre, en la periferia de la economía nacional. La historia no cambiará gran cosa.

Gana Perú se propone construir una ‘economía nacional de mercado’, o sea, un mercado interno fuerte y prevalente. Este objetivo es imposible si no se hace protagonistas del desarrollo a los sectores que producen para adentro y ocupan a la mayoría de la población con capacidad de trabajo.

Para dichos sectores, Humala anunció la reactivación de Agrobanco, ayuda técnica, cultivos alternativos y un nuevo ministerio de desarrollo e inclusión social, todo ‘gradual y racional’.

Gradual y racional será también la restitución de derechos laborales, la atención al calamitoso estado de la salud y educación públicas, así como el mejoramiento de los salarios, que ha empezado con el incremento del salario mínimo en dos soles cincuenta por día hasta fin de año y otra cantidad igual en el 2012. Son gotas que tarde o temprano llenarán el vaso de la impaciencia social.

Su anuncio de que fortalecerá las empresas públicas Petroperú, Electroperú, Enapu y Sima genera dudas en tanto no tuvo la contrapartida de un cambio constitucional, sin lo cual no se podrá superar el rol subsidiario del Estado establecido en la Carta de 1993, norma que prohibe la inversión estatal productiva.

De otro lado, el nuevo mandatario también se esmeró en ratificar su respeto a los pactos y contratos suscritos por sus antecesores con los países industrializados, la banca internacional y las transnacionales, pese a que estos colocan al Perú en situación de subordinación como él mismo denunció en reiteradas ocasiones.

El discurso presidencial del 28 de julio dividió la cancha, pero no contra el Fujimorismo como algunos deducen impactados por el escándalo Martha Chávez. Ollanta Humala definió con total claridad que su gobierno está del lado del continuismo neoliberal y solo desde esa posición abordará la inclusión social en forma progresiva y racional, es decir sin poner en riesgo la estabilidad fiscal como lo exigen el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Media vuelta hacia Unasur

La obediencia a esas entidades financieras ya es anti histórica. La crisis que sacude Grecia, España, toda Europa y Estados Unidos es producto de la ideología monetarista defendida por dichas instituciones. Por ello, el vuelco hacia Unasur expresado en el mensaje de Ollanta Humala, es una buena señal frente a la amenaza creciente de la crisis internacional.

Es muy positivo que los presidentes sudamericanos hayan tomado el tema de defender en bloque nuestras economías ante el peligro de recesión en Europa y Estados Unidos, que fácilmente puede extenderse a China e India dada la dependencia de estos países emergentes de la capacidad de compra de las economías altamente industrializadas.

Sin embargo, la orientación positiva hacia Unasur es contradictoria con la política interna de continuar apostando prioritariamente a las grandes inversiones norteamericanas y europeas, así como exportar a dichos mercados. Los TLC se volverán obsoletos apenas empiece la recesión en el hemisferio norte desarrollado.

De allí que la defensa en bloque de las economías sudamericanas para impedir ser arrastrados por la crisis en los países capitalistas centrales, tiene que tener concordancia con una política de desarrollo que mire hacia nuestras fortalezas, recursos y capacidad de trabajo, con soberanía y según nuestras propias necesidades; dando prioridad al intercambio y proyectos conjuntos en Unasur y la Comunidad Andina.

Agenda para el cambio

En este nuevo escenario, los pueblos, movimientos y organizaciones que con sus luchas gestaron el espacio político que puso en el poder a Ollanta Humala y Gana Perú, tienen que organizarse para presionar por el cambio en los términos en que consideren legítimo, así como establecer una agenda que dé soporte en el diálogo con las autoridades y a la vez facilite la unidad indígena, campesina y popular para respaldar con acciones las demandas hacia el cambio, a nivel local, regional y nacional.

Los aspectos básicos en los cuales es urgente avanzar se pueden resumir en los siguientes:

1. Cambiar la relación tutelar y abusiva del Estado frente a los pueblos indígenas, por otra que implique un trato digno y de respeto a los derechos humanos.

Para ello, el Ejecutivo debe promulgar la Ley de consulta previa aprobada por el Congreso anterior en mayo del 2010, de conformidad con el Convenio 169 de la OIT que es parte del cuerpo constitucional del Perú desde 1995 en que fue ratificada por el Parlamento de entonces.

En virtud a lo anterior, las autoridades deben también reconocer carácter vinculante a las decisiones de las comunidades y pueblos respecto a la presencia de las industrias extractivas en sus territorios, así como frente a cualquier proyecto de ordenamiento territorial para la explotación minera, de hidrocarburos, forestal, proyectos de agroindustria e industria alimentaria, entre otros.

Así mismo, y para dar una buena señal a las comunidades en conflicto, se deben suspender todas las concesiones no consultadas hasta que se cumpla con dicho requisito, conforme lo recomienda el organismo competente de la OIT con la finalidad de evitar ocurran nuevos ‘Baguazos’. Aymaras y quechuas de Puno arrancaron esta medida al gobierno saliente para la región altiplánica; Humala debería ratificarla de inmediato.

También es urgente que el nuevo gobierno acabe con la impunidad de las empresas que contaminan el medio ambiente. Para ello debe fortalecer la vigilancia ambiental y aplicar sustantivas sanciones económicas en los casos de contaminación de ríos, páramos y ciudades.

En aspectos de mayor proyección, es preciso que se implementen nuevas políticas públicas que respeten los territorios, derechos y formas de vida de las comunidades y pueblos indígenas, así como favorezcan su desarrollo y participación permanente en las decisiones de gobierno a todo nivel. Para tal efecto es necesario no solo el irrestricto respeto al Convenio 169 sino, además, asumir como norma nacional la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

2. Cambiar la relación hostil, explotadora y excluyente del Estado respecto al agro nacional y a las familias campesinas que alimentan a todos los peruanos, para garantizar de ese modo la independencia y seguridad alimentaria del país.

Para avanzar en este propósito, el Ejecutivo debe asegurarse que Agrobanco realmente provea crédito suficiente y barato, así como apoyo tecnológico a las familias y comunidades campesinas dedicadas al cultivo de alimentos y productos artesanales.

Por lo mismo, asumir la defensa del agro nacional y en particular de los productores del campo que solo viven de su trabajo, frente a la competencia desleal que significan los alimentos importados subsidiados y protegidos por el TLC firmado con los Estados Unidos. Determinar para ello precios de refugio, justos y oportunos para los principales alimentos de consumo interno.

Es urgente, además, que se derogue la actual ley de aguas y se apruebe otra que defienda el carácter público y social de este recurso, respete la administración campesina autónoma para su uso y evite convertirlo en objeto de negocios privados.

En igual sentido, el gobierno Humala debe derogar la ley forestal alanista y aprobar otra que defienda los bosques de la privatización y deforestación, así como garantice los derechos ancestrales de las comunidades sobre los mismos.

3. Cambiar toda la legislación laboral del cholo barato y sin derechos.

Acabar de una vez con la oprobiosa figura del despido arbitrario que convierte a los empresarios en los señores feudales del siglo XXI. Eliminar también el sistema de las services y todas las disposiciones de flexibilización laboral heredadas del Fujimorato.

En su lugar, aprobar una nueva Ley del Trabajo que restituya la estabilidad laboral plena, garantice el respeto a la jornada de ocho horas y proteja y aliente la sindicalización, conquistas históricas que todavía se respetan en los países que se autodefinen modernos y civilizados.

Igualmente, acabar con las remuneraciones de hambre. Dictaminar en forma urgente un aumento general de sueldos, salarios y pensiones en un 100%, con el compromiso de reajustes en función del costo de la canasta básica familiar. Defender el poder adquisitivo de los trabajadores mediante el control de precios a los alimentos, gas y servicios esenciales.

Hacer justicia a los asegurados de las AFP garantizándoles la libre desafiliación, sin condiciones. Y obligar a las empresas y altos funcionarios a responsabilizarse por las pérdidas, bajar las cotizaciones y rendir cuentas públicas.

Iniciar el proceso de devolución de los aportes a los fonavistas, investigando y sancionando a los responsables del despilfarro y mal uso de este Fondo.

4. Elevar en forma urgente la calidad de los servicios de educación y salud públicos con los presupuestos que sean necesarios. Reimpulsar y ampliar el programa de educación intercultural bilingüe y los programas de salud intercultural. Aprobar una nueva ley universitaria para convertir las universidades públicas en centros de investigación y profesionalización al servicio del desarrollo interno y la demanda de los pueblos, en base a sistemas transparentes de acreditación.

5. Establecer un fuerte impuesto a las sobreganancias mineras e implementar una reforma tributaria para que paguen más impuestos las grandes empresas, los bancos y accionistas que negocian en bolsa, y sean disminuidos los impuestos que afectan al consumo popular en alimentos, vestido, vivienda, educación y servicios.

6. Destrabar y reimpulsar el sistema de lucha contra la corrupción empezando por dar curso inmediato a la investigación y sanción en los casos que involucran a personajes políticos y altos ex funcionarios, como el faenón, espionaje telefónico, lavado de dinero, tren eléctrico, robo de documentos en Salud y otros. Dar prioridad en el Congreso a la aprobación de las propuestas del Presidente Humala para que los delitos de corrupción sean imprescriptibles, no gocen de beneficios penitenciarios y los culpables sean inhabilitados a perpetuidad para la función pública.

7. Cambiar la relación autoritaria del Estado frente a la ciudadanía y los pueblos, expresada en la negativa sistemática a facilitar la participación popular en el debate de normas, políticas y tratados que comprometen el futuro del país a mediano y largo plazo, como es el caso de los denominados tratados de libre comercio y la deuda pública.

Para el efecto, revisar y someter a referendo nacional todos los tratados de libre comercio firmados o por firmar. Asimismo, someter a una auditoría y debate nacional la cuantiosa deuda externa, suspendiendo todo pago hasta que se realice un referendo que defina qué hacer con ella.

Acompañar estas primeras medidas democratizadoras con la convocatoria a una Asamblea Constituyente para implementar un nuevo pacto social basado en la realidad plurinacional, multicultural y plurilingue del Perú y el respeto irrestricto a los derechos humanos, especialmente de los sectores más vulnerables: las niñas, niños y adolescentes, las mujeres, las personas con discapacidad, los pueblos originarios y los sectores en situación de extrema pobreza.
El cambio constitucional es necesario también para acabar con la supremacía de los intereses transnacionales y privados sobre el país, recuperar la soberanía nacional sobre los recursos naturales y las finanzas públicas, restituir al Estado su capacidad de realizar inversiones productivas con objetivos sociales y recuperar el control público sobre los sectores económicos estratégicos. Es, además, imprescindible para la recuperación plena de todos los derechos democráticos, económicos, sociales y culturales afectados por la espúrea Constitución de 1993.
6 de agosto del 2011

Proyecto minero Tía María sigue amenazando Cocachacra

“La Southern todavía no se resigna a perder…”

Pepe Julio Gutiérrez.

En el marco del III Diálogo de Saberes y Movimientos realizado en Lima los días 22 y 23 de julio, entrevistamos a Pepe Julio Gutiérrez, presidente del Frente Amplio de Defensa del Valle del Tambo. La transnacional Southern Perú insiste en llevar a cabo su proyecto cuprífero Tía María, cancelado por el gobierno saliente ante la fuerza de la movilización social y las críticas de Naciones Unidas al estudio de impacto ambiental que resultó un fraude. La Southern saludó el triunfo de Ollanta Humala y le extendió su confianza. ¿Se cocina algo turbio o los nuevos ministros de Energía y Minas, Ambiente, Cultura y Agricultura harán valer los derechos de las comunidades afectadas como manda el Convenio 169 de la OIT?


¿Por qué razón el pueblo de Tambo se vio envuelto en el problema con la Southern?

La razón fundamental fue aquella agresión que se empezó a hacer para despojarnos de lo que consideramos un trabajo de varias generaciones. Nosotros somos un pueblo eminentemente agrícola. Por todos los estudios y jornadas de capacitación que hicimos vimos que una actividad diferente a la nuestra, como es la minería, iba a desaparecer el valle; es cuando realmente nos pusimos a pensar y allí nace el conflicto.

¿Cómo así lograron involucrar en la lucha a toda la población de Islay?

Se dieron tres escenarios diferentes. El primero, cuando nace el Frente del medio ambiente y los recursos naturales, con Cocachacra como zona de influencia directa. A partir de allí empezamos un sistema de capacitación en todo el valle del Tambo.
A raíz de eso, nace la idea de conformar una entidad mayor que es el Frente amplio de defensa del valle del Tambo, el mismo que en significativas asambleas populares logró convocar a tres mil, dos mil quinientas personas, por lo tanto era el momento de tomar una determinación con una medida social.
Lo hicimos a través del éxito del primer paro en abril del 2010, un paro medio timorato y fracasado en noviembre pero que fue contundente por los resultados de las elecciones regionales y municipales y, finalmente, cuando no nos quedó más que desencadenar en una lucha a nivel provincial, trasladándonos en dos oportunidades del campo a la ciudad. Hicimos una gran marcha de motivación hacia Arequipa, con más de cinco mil pobladores del valle del Tambo y, posteriormente, una movilización de aproximadamente ocho mil personas a la capital de la provincia.
Eso creo que motiva a la provincia. Y creo también, en el tercer escenario, tuvo mucho que ver la desmedida represión policial que sufrimos nosotros, que no solamente fue contra Cocachacra sino en todos los puntos de la movilización. Eso motivó aún más a la gente que realmente se unió y por primera vez en la historia de la provincia de Islay logramos unir la fuerza más grande, toda la provincia de Islay y lo que significa el valle del Tambo.

¿Este tipo de problemas se pueden resolver ahora con la ley de la consulta previa?

Creo que sí pero con una ley que no sea ambigua, como muchas de las leyes que se dan. Por ejemplo, en el 2004 se dio una norma de ordenamiento territorial, nadie le hacía caso; este año cuando se comienza a motivar a la gente, el Ministerio del Ambiente saca una norma recortándole importancia y haciendo no vinculantes las decisiones que se tomen al amparo de la misma. Se hace un reglamento del Convenio 169 en donde se da validés a la consulta pero se dice que si el proyecto es de necesidad nacional, no vale la decisión de la consulta.
Más que vinculante la consulta debe ser aceptada por las partes, lo que le llamo la consulta de partes, en donde las empresas y las comunidades que son parte de la licencia social se pongan de acuerdo y ambos respeten el resultado. Creo que si se da una norma de esta jerarquía pero con estas condiciones se evitarían muchos conflictos.

¿En otro escenario en donde exista la ley de consulta ustedes reevaluarían la presencia del proyecto minero Tía María?

Es imposible porque nosotros ya hicimos una consulta con todas las garantías del caso, y si vamos a una nueva consulta estoy convencido que le volvemos a ganar, pero con la zona de influencia directa porque qué tendría que hacer un arequipeño de la capital votando por un proyecto como Tía María. Yo creo que allí sí actuaría el poder del dinero.
Segundo, creo que hay otro escenario en Cocachacra: las heridas que todavía tenemos están sangrando, aún está fresco el recuerdo de los muertos, tenemos como dieciocho mutilados, una serie de heridos, tenemos persecusión policial, y sin embargo la empresa todavía no se resigna a perder.
En el ministerio de Energía y Minas el expediente Southern ha pasado al Consejo Consultivo de Minería. Cómo alguien que ha sido derrotado por un poder social y por un decreto eminentemente técnico-legal todavía se aferra a cosas de esta naturaleza. De manera que esas cosas tienen que cambiar para que realmente cambie el escenario. Mientras tanto, el poder social está mucho más fortalecido.

¿Han tenido ocasión de conversar con las comisiones de transferencia del nuevo gobierno?

Nosotros hemos hecho un Encuentro los días 24 y 25 de junio en Cocachacra, en donde hemos agrupado frentes de lucha como los de Majaz, Tambogrande, algunos del Centro y los del Sur que hemos tenido alguna experiencia en consultas y en las luchas. Pero nos dimos con una sorpresa.
Hicimos llegar un Pronunciamiento conjunto a las autoridades del gobierno, y por todos los canales posibles hemos buscado un acercamiento al nuevo gobierno para que escuche también la voz de un pueblo. Lastimosamente, siempre encontramos una respuesta: la agenda estaba llena. Pero no estaba llena para atender a los dueños del capital, a los dueños del Perú, a la oligarquía, ADEX, la Asociación de minería y a todas las organizaciones que simplemente maltrataron a la población en general.
Entonces, eso nos crea dudas, porque para decir, por ejemplo, que hace calor en la costa hay que sentir cómo pela la piel o como saca ampollas en los pies, o si digo hace frío en las alturas hay que sentirlo para saber cómo llegan a doler los huesos, pero desde un escritorio es muy diferente opinar cuando no se pisa una realidad.
Creo que los pueblos tenemos derecho a cuestionar cualquier aspecto, deben ser escuchados en todas las instancias de gobierno y eso evitaría también la posibilidad de los conflictos. ¡Se tiene que llegar a los muertos para que recién nos escuchen!

La Southern va a retomar su proyecto ¿ustedes van a esperar o algo ya están haciendo?

Nosotros estamos siguiendo el expediente general que tenemos en la vía legal. Teniendo la confirmación por el tribunal, estamos en la posibilidad de hacer nuestras acciones legales, no solamente por lo del expediente sino por lo de la falsedad ideológica y genérica, porque la empresa engañó no solo a Cocachacra sino al Perú entero, pretendiendo aprobar un proyecto con un estudio de impacto ambiental amañado. No lo digo yo, no lo dijeron los técnicos nacionales, lo dijo la UNOPS (Naciones Unidas).
El escenario cambia por los elementos técnicos que tenemos en nuestras manos, no solo por lo que plantea la UNOPS sino también por el trabajo socioeconómico y socioambiental que el Frente ha realizado, con lo que demostramos que en nuestro valle la agricultura tiene mucho más valor que la minería. Y, por otro lado, tenemos el aspecto social, que es la unión de nuestro pueblo, la férrea decisión de los pobladores de Cocachacra, quienes nunca nos vamos a postrar de rodillas sino que siempre los esperaremos de pie.