Por: Fernando Gutiérrez
Quienes esperaban un mensaje de 28 de julio en el espíritu buena gente de la ‘hoja de ruta’, se sintieron alarmados cuando el nuevo Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, aludió a los ‘principios y valores’ de la Constitución de 1979. Sin embargo, muy pronto quedó claro que el líder de la ‘gran transformación’ solo había hecho un gesto para contentar a la platea, es decir a los millones de pobres que lo encumbraron esperanzados en un cambio de verdad, que habían sido sacudidos por el trago amargo de la concertación con los defensores del modelo excluyente y explotador.
No hay condiciones
Una forma muy manida ¬-y a veces inútil- de escabullirse de la pelea franca por parte de las direcciones consiste en decirle a sus bases que no hay condiciones. Ollanta y sus aliados ‘progres’ e izquierdistas, echaron mano de tal artificio para justificar su giro hacia el acuerdo con los neoliberales ‘decentes’ representados por Mario Vargas Llosa y Alejandro Toledo.
Ollanta Humala estaba advertido del apoyo condicionado que le habían dado los sectores pobres, que constituyen la mayoría de la población peruana. No había cheque en blanco y así se lo hicieron saber, por ejemplo en Puno, en donde aymaras y quechuas le dieron un plazo de 30 días para que atienda sus demandas.
Aún así, el ex comandante dio otro paso que lo distanció mucho más de su base electoral, entregó el control económico, financiero y productivo del Estado a personas de formación ideológica neoliberal a prueba de balas: Salomón Lerner Ghitis en el Premierato, Luis Miguel Castilla en Economía, José Luis Silva en Comercio Exterior, Kurt Burneo en Producción y Julio Velarde en el Banco Central de Reserva, entre otros.
Por tanto, un discurso algo radical en el Congreso era indispensable para contrapesar las posibles pérdidas políticas en el movimiento social. En realidad, el primer discurso presidencial de Humala fue un ‘balconazo’ que utilizó los apremios de la inclusión social para justificar su decisión de continuar con el modelo neoliberal que basa el crecimiento económico en la explotación intensiva de los recursos naturales entregándoselos al gran capital transnacional y nacional.
No fue casual, por ello, que el flamante Presidente no dijera nada sobre la reclamada ley de la consulta previa a las comunidades indígenas. Ese ‘olvido’ tiene que ver con su empeño en garantizar el nuevo ‘chorro’ de inversiones que las corporaciones mineras tienen en cartera para los próximos cinco años: cuarenta mil millones de dólares.
Humala era conciente de que las luchas desplegadas por las comunidades significaban una mala señal para esas nuevas inversiones. No era oportuno entonces aludir siquiera a la ley de consulta. No había que provocar a una agresiva patronal que estaba amenazando con irse a Chile si le cobraban más impuestos.
En ese marco, y pese a la buena voluntad de los ministros ‘progres’ que recomiendan la aprobación inmediata de la ley de consulta indígena, es probable que Ollanta, en la práctica, convierta dicha norma en un tren sin carriles.
Pobreza y contaminación
Por otra parte, dado el compromiso de la ’hoja de ruta’ de no espantar las inversiones, Humala fue cuidadoso en especificar que el impuesto a las sobreganancias mineras será negociado con los retrecheros señores del oro y el cobre.
Extraño camino escoge el Presidente, si se toma en cuenta que es de este sector de donde su gobierno espera obtener los recursos más importantes para financiar Pensión 65, Juntos, Cuna Más y Beca 18. El ex comandante tendrá que ablandar el corazón de los voraces accionistas que quieren aprovechar al máximo los precios altos de los metales.
En conclusión, el contenido de fondo del mensaje presidencial fue: se hará un cambio importante solo en la parte de las compensaciones sociales, pero estas dependerán de la estabilidad y continuidad del modelo neoliberal de desarrollo. Por tanto, la prioridad del nuevo régimen será atraer la inversión privada y en especial las grandes inversiones extractivistas, en infraestructura y agroexportación.
Dentro de este enfoque, ¿dónde ubicó Humala la agricultura mediana, pequeña y familiar, la producción comunal y a la micro y pequeña empresa? Como siempre, en la periferia de la economía nacional. La historia no cambiará gran cosa.
Gana Perú se propone construir una ‘economía nacional de mercado’, o sea, un mercado interno fuerte y prevalente. Este objetivo es imposible si no se hace protagonistas del desarrollo a los sectores que producen para adentro y ocupan a la mayoría de la población con capacidad de trabajo.
Para dichos sectores, Humala anunció la reactivación de Agrobanco, ayuda técnica, cultivos alternativos y un nuevo ministerio de desarrollo e inclusión social, todo ‘gradual y racional’.
Gradual y racional será también la restitución de derechos laborales, la atención al calamitoso estado de la salud y educación públicas, así como el mejoramiento de los salarios, que ha empezado con el incremento del salario mínimo en dos soles cincuenta por día hasta fin de año y otra cantidad igual en el 2012. Son gotas que tarde o temprano llenarán el vaso de la impaciencia social.
Su anuncio de que fortalecerá las empresas públicas Petroperú, Electroperú, Enapu y Sima genera dudas en tanto no tuvo la contrapartida de un cambio constitucional, sin lo cual no se podrá superar el rol subsidiario del Estado establecido en la Carta de 1993, norma que prohibe la inversión estatal productiva.
De otro lado, el nuevo mandatario también se esmeró en ratificar su respeto a los pactos y contratos suscritos por sus antecesores con los países industrializados, la banca internacional y las transnacionales, pese a que estos colocan al Perú en situación de subordinación como él mismo denunció en reiteradas ocasiones.
El discurso presidencial del 28 de julio dividió la cancha, pero no contra el Fujimorismo como algunos deducen impactados por el escándalo Martha Chávez. Ollanta Humala definió con total claridad que su gobierno está del lado del continuismo neoliberal y solo desde esa posición abordará la inclusión social en forma progresiva y racional, es decir sin poner en riesgo la estabilidad fiscal como lo exigen el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Media vuelta hacia Unasur
La obediencia a esas entidades financieras ya es anti histórica. La crisis que sacude Grecia, España, toda Europa y Estados Unidos es producto de la ideología monetarista defendida por dichas instituciones. Por ello, el vuelco hacia Unasur expresado en el mensaje de Ollanta Humala, es una buena señal frente a la amenaza creciente de la crisis internacional.
Es muy positivo que los presidentes sudamericanos hayan tomado el tema de defender en bloque nuestras economías ante el peligro de recesión en Europa y Estados Unidos, que fácilmente puede extenderse a China e India dada la dependencia de estos países emergentes de la capacidad de compra de las economías altamente industrializadas.
Sin embargo, la orientación positiva hacia Unasur es contradictoria con la política interna de continuar apostando prioritariamente a las grandes inversiones norteamericanas y europeas, así como exportar a dichos mercados. Los TLC se volverán obsoletos apenas empiece la recesión en el hemisferio norte desarrollado.
De allí que la defensa en bloque de las economías sudamericanas para impedir ser arrastrados por la crisis en los países capitalistas centrales, tiene que tener concordancia con una política de desarrollo que mire hacia nuestras fortalezas, recursos y capacidad de trabajo, con soberanía y según nuestras propias necesidades; dando prioridad al intercambio y proyectos conjuntos en Unasur y la Comunidad Andina.
En este nuevo escenario, los pueblos, movimientos y organizaciones que con sus luchas gestaron el espacio político que puso en el poder a Ollanta Humala y Gana Perú, tienen que organizarse para presionar por el cambio en los términos en que consideren legítimo, así como establecer una agenda que dé soporte en el diálogo con las autoridades y a la vez facilite la unidad indígena, campesina y popular para respaldar con acciones las demandas hacia el cambio, a nivel local, regional y nacional.
Los aspectos básicos en los cuales es urgente avanzar se pueden resumir en los siguientes:
1. Cambiar la relación tutelar y abusiva del Estado frente a los pueblos indígenas, por otra que implique un trato digno y de respeto a los derechos humanos.
Para ello, el Ejecutivo debe promulgar la Ley de consulta previa aprobada por el Congreso anterior en mayo del 2010, de conformidad con el Convenio 169 de la OIT que es parte del cuerpo constitucional del Perú desde 1995 en que fue ratificada por el Parlamento de entonces.
En virtud a lo anterior, las autoridades deben también reconocer carácter vinculante a las decisiones de las comunidades y pueblos respecto a la presencia de las industrias extractivas en sus territorios, así como frente a cualquier proyecto de ordenamiento territorial para la explotación minera, de hidrocarburos, forestal, proyectos de agroindustria e industria alimentaria, entre otros.
Así mismo, y para dar una buena señal a las comunidades en conflicto, se deben suspender todas las concesiones no consultadas hasta que se cumpla con dicho requisito, conforme lo recomienda el organismo competente de la OIT con la finalidad de evitar ocurran nuevos ‘Baguazos’. Aymaras y quechuas de Puno arrancaron esta medida al gobierno saliente para la región altiplánica; Humala debería ratificarla de inmediato.
También es urgente que el nuevo gobierno acabe con la impunidad de las empresas que contaminan el medio ambiente. Para ello debe fortalecer la vigilancia ambiental y aplicar sustantivas sanciones económicas en los casos de contaminación de ríos, páramos y ciudades.
En aspectos de mayor proyección, es preciso que se implementen nuevas políticas públicas que respeten los territorios, derechos y formas de vida de las comunidades y pueblos indígenas, así como favorezcan su desarrollo y participación permanente en las decisiones de gobierno a todo nivel. Para tal efecto es necesario no solo el irrestricto respeto al Convenio 169 sino, además, asumir como norma nacional la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
2. Cambiar la relación hostil, explotadora y excluyente del Estado respecto al agro nacional y a las familias campesinas que alimentan a todos los peruanos, para garantizar de ese modo la independencia y seguridad alimentaria del país.
Para avanzar en este propósito, el Ejecutivo debe asegurarse que Agrobanco realmente provea crédito suficiente y barato, así como apoyo tecnológico a las familias y comunidades campesinas dedicadas al cultivo de alimentos y productos artesanales.
Por lo mismo, asumir la defensa del agro nacional y en particular de los productores del campo que solo viven de su trabajo, frente a la competencia desleal que significan los alimentos importados subsidiados y protegidos por el TLC firmado con los Estados Unidos. Determinar para ello precios de refugio, justos y oportunos para los principales alimentos de consumo interno.
Es urgente, además, que se derogue la actual ley de aguas y se apruebe otra que defienda el carácter público y social de este recurso, respete la administración campesina autónoma para su uso y evite convertirlo en objeto de negocios privados.
En igual sentido, el gobierno Humala debe derogar la ley forestal alanista y aprobar otra que defienda los bosques de la privatización y deforestación, así como garantice los derechos ancestrales de las comunidades sobre los mismos.
Acabar de una vez con la oprobiosa figura del despido arbitrario que convierte a los empresarios en los señores feudales del siglo XXI. Eliminar también el sistema de las services y todas las disposiciones de flexibilización laboral heredadas del Fujimorato.
En su lugar, aprobar una nueva Ley del Trabajo que restituya la estabilidad laboral plena, garantice el respeto a la jornada de ocho horas y proteja y aliente la sindicalización, conquistas históricas que todavía se respetan en los países que se autodefinen modernos y civilizados.
Igualmente, acabar con las remuneraciones de hambre. Dictaminar en forma urgente un aumento general de sueldos, salarios y pensiones en un 100%, con el compromiso de reajustes en función del costo de la canasta básica familiar. Defender el poder adquisitivo de los trabajadores mediante el control de precios a los alimentos, gas y servicios esenciales.
Hacer justicia a los asegurados de las AFP garantizándoles la libre desafiliación, sin condiciones. Y obligar a las empresas y altos funcionarios a responsabilizarse por las pérdidas, bajar las cotizaciones y rendir cuentas públicas.
Iniciar el proceso de devolución de los aportes a los fonavistas, investigando y sancionando a los responsables del despilfarro y mal uso de este Fondo.
4. Elevar en forma urgente la calidad de los servicios de educación y salud públicos con los presupuestos que sean necesarios. Reimpulsar y ampliar el programa de educación intercultural bilingüe y los programas de salud intercultural. Aprobar una nueva ley universitaria para convertir las universidades públicas en centros de investigación y profesionalización al servicio del desarrollo interno y la demanda de los pueblos, en base a sistemas transparentes de acreditación.
5. Establecer un fuerte impuesto a las sobreganancias mineras e implementar una reforma tributaria para que paguen más impuestos las grandes empresas, los bancos y accionistas que negocian en bolsa, y sean disminuidos los impuestos que afectan al consumo popular en alimentos, vestido, vivienda, educación y servicios.
6. Destrabar y reimpulsar el sistema de lucha contra la corrupción empezando por dar curso inmediato a la investigación y sanción en los casos que involucran a personajes políticos y altos ex funcionarios, como el faenón, espionaje telefónico, lavado de dinero, tren eléctrico, robo de documentos en Salud y otros. Dar prioridad en el Congreso a la aprobación de las propuestas del Presidente Humala para que los delitos de corrupción sean imprescriptibles, no gocen de beneficios penitenciarios y los culpables sean inhabilitados a perpetuidad para la función pública.
7. Cambiar la relación autoritaria del Estado frente a la ciudadanía y los pueblos, expresada en la negativa sistemática a facilitar la participación popular en el debate de normas, políticas y tratados que comprometen el futuro del país a mediano y largo plazo, como es el caso de los denominados tratados de libre comercio y la deuda pública.
Para el efecto, revisar y someter a referendo nacional todos los tratados de libre comercio firmados o por firmar. Asimismo, someter a una auditoría y debate nacional la cuantiosa deuda externa, suspendiendo todo pago hasta que se realice un referendo que defina qué hacer con ella.
Acompañar estas primeras medidas democratizadoras con la convocatoria a una Asamblea Constituyente para implementar un nuevo pacto social basado en la realidad plurinacional, multicultural y plurilingue del Perú y el respeto irrestricto a los derechos humanos, especialmente de los sectores más vulnerables: las niñas, niños y adolescentes, las mujeres, las personas con discapacidad, los pueblos originarios y los sectores en situación de extrema pobreza.
El cambio constitucional es necesario también para acabar con la supremacía de los intereses transnacionales y privados sobre el país, recuperar la soberanía nacional sobre los recursos naturales y las finanzas públicas, restituir al Estado su capacidad de realizar inversiones productivas con objetivos sociales y recuperar el control público sobre los sectores económicos estratégicos. Es, además, imprescindible para la recuperación plena de todos los derechos democráticos, económicos, sociales y culturales afectados por la espúrea Constitución de 1993.
6 de agosto del 2011
Excelente artículo!!
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