Por: Nelson Manrique
Columnista de La República - 17 de diciembre de 2013
El 2013 fue proclamado por el gobierno el “Año del Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”. Pero hoy sorprendentemente el mismo gobierno está intentando bloquear la aprobación de una ley que consagra este compromiso.
El crecimiento económico de los años recientes no ha resuelto el severo problema alimentario y nutricional que el Perú padece. El Ministerio de Desarrollo estimó el año 2010 que 13 millones 800 mil peruanos y peruanas –casi la mitad de la población– estaban expuestos a la inseguridad alimentaria debido factores como la pobreza, bajos ingresos, insuficiente acceso a servicios básicos, entre otros. Un estudio del MIDIS del 2012 encontró que la inseguridad alimentaria es extrema en Huancavelica, Cajamarca, Huánuco, Apurímac y Amazonas. Solo cuatro regiones –Lima, Ica, Tacna y Tumbes– muestran una vulnerabilidad que puede considerarse “muy baja”, mientras que 734 distritos la tienen “alta” o “muy alta”; de estos el 81% pertenece a la sierra (593 distritos), el 16% a la selva (118), y apenas el 3% a la costa (23).
Un estudio del CEPES constata que el Perú tiene una tasa de desnutrición crónica infantil de 18,1% entre los menores de 5 años (INS-CENAN, 2012). En Huancavelica, la mitad de los niños sufre de desnutrición crónica (50,2%), en Cajamarca el 34,2%, en Loreto el 32,3%, Apurímac 32,2%, Huánuco 30,5%, Ayacucho 29,5% y Amazonas 29,2%. Están en esta lista varias de las regiones más castigadas por la violencia durante la década del 80 del pasado siglo. Un 44,5% de los niños y niñas de entre 0 y 3 años y el 17,4% de las mujeres en edad fértil padece de anemia, cebándose esta plaga en las regiones más pobres y rurales (ENDES, 2012).
Es imperativo fortalecer la pequeña agricultura, no solo porque es la activad que genera la mayor cantidad de puestos de trabajo sino por su contribución a la producción nacional. La agricultura familiar y campesina aporta la mayor parte de los alimentos en nuestro país. Un análisis del Censo Agrario 2012 realizado por el CEPES muestra que los pequeños productores agropecuarios son responsables del 82% del cultivo de leguminosas, el 76% de los tubérculos, 74% de los cereales, 72% de las hortalizas y 63% de las frutas. Pero el 89,2% de los productores agropecuarios (1 millón 972 mil) posee apenas el 9,6% de la superficie agropecuaria total, mientras que el 1,1% de los propietarios posee el 77%. Se ha producido un proceso de concentración de la tierra que nos devuelve a la situación anterior a la reforma agraria.
No es mejor la situación en términos de desarrollo humano. El 45,2% de los productores no llegó a completar su educación primaria. En apenas el 23,8% de las unidades agropecuarias el propietario puede cubrir sus gastos solo con la actividad agropecuaria. Y la postergación del agro golpea especialmente a las mujeres: 692 mil mujeres productoras encabezan una unidad agropecuaria y son 6,7 millones las trabajadoras del sector, entre permanentes y eventuales.
La semana pasada la congresista Claudia Coari presentó a debate el dictamen de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, una iniciativa de varias organizaciones campesinas y sociales como la CCP, FEMUCARINAP, CONAMOVIDI, CNA, etc., que demandan que el Estado invierta en sus productores locales sin condicionar su apoyo a los tratados de libre comercio. El dictamen recoge aportes de once proyectos de ley de casi todas las bancadas y ha sido aprobado por unanimidad en julio por las comisiones agraria y de inclusión social después de dos años de discusión, con el voto de todas las bancadas.
Se postergó el debate del dictamen. Aparentemente Palacio no quiere una ley que instituya el derecho a la alimentación de los peruanos y, menos, que incorpore el término “soberanía”.
Aparentemente está en juego la defensa de los intereses de las transnacionales consagrados en los tratados de libre comercio. Los voceros del gobierno han advertido que si no hay consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo no se dará “luz verde” al proyecto en el Pleno. Encabezan la oposición al proyecto el ministerio de Agricultura y –¡oh sorpresa!– el Ministerio de Economía y Finanzas. Ya sabemos dónde tienen fuerza los neoliberales.
El proyecto debe debatirse esta semana. Está de por medio el derecho a la alimentación, la soberanía y la seguridad alimentaria, la participación de la sociedad civil organizada, con representantes de los productores, comercializadores y consumidores, de manera paritaria con las instituciones competentes del Estado.
Es necesario estar atentos a este debate y presionar porque esta vez primen los intereses de los peruanos, especialmente los más excluidos.
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