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| Foto: Gonzalo Castañeda. |
Por: Fernando Gutiérrez
47 comunidades quechuahablantes de Cotabambas y Grau,
en la región Apurímac, reclaman por los daños ambientales y económicos que les
está ocasionando el megaproyecto minero Las Bambas de la empresa transnacional
china MMG Limited.
Los problemas se han agudizado con el inicio de la
fase de explotación y el transporte del mineral cobre en pesados camiones que levantan
polvaredas infernales y atraviesan los territorios comunales sin permiso de los
campesinos.
El malestar de las comunidades se debe también a los
cambios que se hicieron al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Las Bambas sin
cumplirse con el requisito de la consulta previa.
El gobierno de Ollanta Humala creó la figura del “Informe
Técnico Sustentatorio” con el propósito de evadir la consulta y aprobar, en
tiempo récord, los pedidos de cambio a los EIA que presenten las empresas
dueñas de concesiones extractivas.
Una de las cuatro modificaciones solicitadas por Las
Bambas, autoriza el traslado de la construcción de las plantas de molibdeno y
de filtros de Espinar a Cotabambas, con lo cual crece el riesgo de
contaminación ambiental en esa provincia.
Otro cambio importante cancela la construcción del
mineroducto que iba a servir para enviar el concentrado de cobre hacia el Cusco
(Espinar). Ahora unos 300 camiones de gran tonelaje cruzan, casi a diario, los
caminos comunales sin asfaltar, contaminan el aire y alteran el apasible
paisaje rural.
A nueve meses de haberse iniciado la fase de
explotación del proyecto, las familias del distrito de Challhuahuacho denuncian
que la mina está contaminando el río del mismo nombre y disminuyendo su caudal,
afectando al ganado y a las cosechas.
16 familias del caserío de Taquiruta, de la comunidad
de Fuerabamba que ya fue trasladada a Nueva Fuerabamba, se niegan a salir hasta
que la empresa les pague “lo justo” por sus mil hectáreas de terreno.
Las familias campesinas están acostumbradas a vivir en
casas distantes unas de otras, en medio del campo y en construcciones semi
enterradas para evitar los vientos helados a 3,800 msnm. Sin embargo, han sido
llevadas a residir en bloques de casas de cemento de dos pisos, expuestas a las
bajas temperaturas y alejadas de sus chacras, pastizales y ganado.
La población tiene que soportar las explosiones
diarias que construyen el tajo abierto Ferrobamba, en Fuerabamba, que crece y
devora cerros, campos, cultivos, corrales, caminos y nacientes de agua. El
proyecto contempla otros dos tajos más: Chalcobamba y Sulfobamba. La concesión
minera cubre un total de 35 mil hectáreas.
DAÑOS NUNCA IMAGINADOS
La multimillonaria inversión que supone el proyecto
minero Las Bambas había despertado grandes esperanzas en esta región ubicada en
el sur alto andino del Perú, una zona de pobreza endémica y abandono estatal
centenarios.
Pero los pobladores nunca pudieron imaginar los daños
que ocasiona una mina de enorme envergadura. Al parecer, se estaría produciendo
un cambio sustantivo en el sistema de vida de estos pueblos, debido al corte
abrupto con sus fuentes de subsistencia tradicionales y la alteración de su base
cultural y social.
La mina ha significado un veloz crecimiento urbano de
Challhuahuacho y un movimiento comercial y elevación de precios inusitados, que
hacen inalcanzables para muchas familias y jornaleros los productos de primera
necesidad. La salud, educación y movilidad también se vienen encareciendo.
Las fiestas costumbristas han sido transformadas en
eventos comerciales por la empresa minera, cuyos gerentes contratan orquestas
de moda, regalan cientos de cajas de cerveza y traen prostitutas para los
solteros.
En Fuerabamba, Qoylluqui, Tambulla, Chuicuni y otras
comunidades de Challhuahuacho es notoria la división que alienta la empresa
minera, enfrentando a comuneros contra comuneros, lo cual debilita la
organización social y daña su espíritu colectivista y solidario.
REEVALUAR LAS BAMBAS
Ante esta complejidad de serios problemas, el Estado tiene
que asumir la protección de los pueblos originarios y reevaluar la continuidad de
Las Bambas en diálogo directo con las comunidades. Sin embargo, hasta ahora el gobierno
nacional actúa de espaldas a los reclamos desesperados que vienen desde las
alturas de Cotabambas y Grau.
En el último lustro tanto el Ejecutivo como el Parlamento
han venido aprobando nuevas normas para facilitar el ingreso y despojo de
tierras por parte de los grandes inversionistas. Los dueños de Las Bambas están
entre los principales beneficiados por estas nuevas medidas que buscan “atraer
la inversión extranjera”.
Las autoridades judiciales han puesto en práctica un
plan incriminatorio contra centenares de comuneros por haber dirigido o
participado de las protestas, pese a que el artículo 149 de la Constitución les
reconoce funciones jurisdiccionales “dentro de su ámbito territorial de
conformidad con el derecho consuetudinario”.
En junio de este año la Sala Penal Liquidadora de
Abancay abrió juicios contra 34 comuneras y comuneros de Cotabambas y Grau,
para quienes el fiscal pide 35, 30 y 6 años de cárcel, según el caso, por las protestas
realizadas hace cinco años en Challhuahuacho, acusándoles de secuestro,
disturbios, entorpecimiento de servicios públicos, daños al Estado y robo
agravado.
Unos 300 comuneros más están siendo citados para abrirles
procesos judiciales por los acontecimientos luctuosos del 2015, que dejaron
tres personas muertas y numerosos de heridos por disparos de bala de la policía.
DIÁLOGO DIRECTO
Las 47 comunidades solicitan al Ejecutivo la apertura del
diálogo directo, el cese inmediato de los daños ambientales, reparaciones
económicas, la anulación de los cambios inconsultos al EIA de Las Bambas y el
corte de todos los procesos judiciales.
La Mesa de Diálogo formalizada por el gobierno central
el 8 de setiembre con la resolución ministerial Nº 187-2016-PCM, no garantiza
la participación plena de las comunidades como sujetos de derecho e identidad
propia; las disuelve en el rubro “sociedad civil organizada”, lo cual constituye
una actitud discriminatoria y de rebelión contra las normas internacionales de
pueblos indígenas.
Un soplo de democracia viene desde la Comisión de
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de
la República, que preside María Elena Foronda Farro, de la bancada del Frente
Amplio. La Comisión sesionará el 11 y 12 de noviembre en el departamento de
Apurímac, para escuchar a las comunidades y poblaciones en conflicto con el
proyecto Las Bambas, así mismo se informará en directo de la situación real de
la minería ilegal y de las carencias que existen en agricultura, agua,
saneamiento, salud y educación.
Para el caso del Perú, el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), que forma parte del cuerpo constitucional peruano
desde 1995, ordena la consulta previa, el consentimiento informado, la
participación permanente, la compensación justa por daños y el desarrollo de
las comunidades como objetivo supremo de todo proyecto que el Estado planee ejecutar
en territorios comunales.
Ninguna norma de menor jerarquía puede evadir, impedir
o desconocer el ejercicio de estos derechos que asisten a las comunidades
campesinas y nativas y son parte del sistema de derechos humanos universales
avalados por las Naciones Unidas.
Lima, 30 de setiembre de 2016
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