Perú: Tiempos de cambio en la minería

Comuneros y campesinos de Cajamarca enfrentan organizados a la poderosa transnacional minera Yanacocha.

Por Marco Arana*

08 de noviembre, 2011.- Fue gracias a las leyes e incentivos dados a la minería en 1992 por el gobierno de Alberto Fujimori que en el periodo 2007-2011 las exportaciones del sector primario llegaron a constituir en promedio el 70% de todas las exportaciones y han hecho que el Perú sea el principal productor de oro de América Latina.Las concesiones mineras se extienden por todo el país llegando (en junio de 2011) a constituir más de 24 millones de hectáreas. El gobierno celebra que las inversiones mineras previstas para los próximos años serán de más de 42 mil millones de dólares.

Regiones donde se ubican las operaciones mineras han comenzado a recibir importantes transferencias monetarias como parte del impuesto a la renta que recauda el gobierno central. Desarrollo de infraestructura vial y ampliación de las redes de aprovisionamiento eléctrica se promueven y amplían en diversas regiones del país facilitando una mayor expansión de las actividades mineras.

La publicidad minera y gubernamental señala que el Perú saldrá de la pobreza gracias al boom minero y hay hasta quienes piensan que con el gravamen que pagarán las mineras, calculado en más o menos 3 mil millones de nuevos soles, y la ley de consulta a los pueblos indígenas, recientemente promulgada por el presidente Ollanta Humala, la minería entra en una nueva etapa en que habrá menos conflictos socioambientales y se convertirá en el “diamante de la competitividad” como solían decir los neoliberales de los años 90 o como suelen decir hoy en la “locomotora del desarrollo”. Veamos de cerca estos temas.

No todo lo que brilla es oro

A nivel ambiental. Tanto la gran minería moderna como la pequeña minería vienen causando enormes daños ambientales. En la Oroya, donde opera la minera Doe Run, se ha contaminado con plomo a más del 90% de los niños de la localidad; está considerada entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo. En el puerto del Callao, por donde salen los minerales fuera del país, se ha contaminado a centenares de niños con particulado de plomo, los daños sobre su sistema neurológico es irreversible. En Cajamarca, Yanacocha, la mina de oro más grande de América Latina, contaminó en el año 2000 a más de un millar de campesinos con mercurio metálico, la secuela de los males continúa hasta hoy, y la ciudad que alberga a más de 170 mil habitantes bebe agua proveniente de procesos mineros, porque las fuentes naturales de agua (lagunas, quebradas y ríos) han desaparecido.

La Minera Southern ha contaminado la bahía de Ite en el mar de Moquegua y, en la región de Tacna, ha agotado las aguas subterráneas, motivo que ha llevado al gobierno regional a tener que dictar, por primera vez en la historia del Perú, dispositivos legales de veda de uso de aguas subterráneas para uso minero. En Madre de Dios, lo que comenzó como minería artesanal, hoy es una minería de gran escala que extrae oro con dragas de los ríos y deforesta miles de hectáreas amazónicas, virtiendo además miles de kilogramos mercurio a los ríos amazónicos. En Puno, la mina La Rinconada contamina con metales pesados el Río Ramis que es afluente del lago Titicaca, una cuenca endorreica, la más alta del mundo, y las protestas de los pueblos quechuas y aymaras que datan de muchos años siguen siendo ignoradas.

En Cajamarca, Piura y Huamachuco los mineros ilegales contrabandean insumos químicos que trasladan peligrosamente en vehículos de transporte público, contaminan ríos y pequeños poblados. A todos estos graves daños ambientales, se suman dieciséis de los 53 ríos de la costa que están contaminados por actividades mineras a pesar de que el inventario de pasivos ambientales, que aún no concluye, ha identificado ya más de cinco mil quinientos de ellos que están drenando aguas ácidas a las partes bajas de las cuencas.

La autoridad ambiental hace deficientes controles:

Las fiscalías ambientales se hallan abarrotadas de investigaciones que no se realizan por falta de recursos o presiones políticas y económicas, como lo denunció el coordinador de las mismas, y los juzgados ambientales no han sido instalados. Para colmo, no existen procuradorías ambientales que ayuden a las poblaciones a demostrar técnicamente las afectaciones de las que son víctimas. Los EIAs de las empresas mineras son aprobados por la propia autoridad encargada de promover la inversión minera, y las recomendaciones de las Defensoría del Pueblo de que sea el MINAM quien los evalúe y apruebe siguen cayendo en saco roto. Los límites máximos permisibles (LMPs) que son invocados por las empresas para decir que la calidad ambiental de su área de operaciones y de influencia está bien se hallan desactualizados (datan de 1996) y hasta el Banco Mundial afirma que no sirven para prevenir la contaminación, por lo demás el Ministro Brack, ardoroso defensor de la gran minería, dejó extrañamente pendientes la fijación de los LMPs de las emisiones y efluentes mineros.

A nivel social. Aunque la minería moderna desata grandes expectativas laborales, lo cierto es que por su alta tecnificación genera pocos puestos de trabajo (1.5% de la PEA nacional), y además está sometida a mecanismos de terciarización que recortan al máximo los derechos de los trabajadores. Se estima que más del 70% de los trabajadores de la gran minería están bajo la modalidad de services, lo que impide además su sindicalización y capacidad de negociación para proteger sus derechos. En cambio, en la pequeña minería se genera muchos más puestos de trabajo pero en condiciones infrahumanas, explotando mano de obra infantil, sin norma alguna de seguridad, evadiendo impuestos, contrabandeando insumos, etc.

Las pequeñas economías locales donde se ubican las actividades mineras experimentan rápidamente subidas de los precios debido a que el sector empleado en la gran minería suele tener ingresos económicos más altos que el promedio local, con lo cual los costos de vivienda, alimentación, educación suben exorbitantemente y ahondan las brechas de desigualdad entre los que pueden pagar esos servicios y los que quedan excluidos de los mismos.

Para nadie es un secreto que la ciudad de Cajamarca se ha convertido en una de las cuatro ciudades más caras del país, precisamente por el fenómeno inflacionario provocado por los ingresos de los trabajadores de la actividad minera o simplemente por las distorsiones de precios de mercado que genera las expectativas de venta de servicios locales. En el plano nacional, el crecimiento económico basado en los ingresos de las exportaciones mineras, que no contienen valor agregado, (como literalmente ha señalado Oscar Ugarteche, “estamos exportando piedras”) hace que la mayor parte de la riqueza minera se vaya fuera de nuestro país y que sigamos condenando nuestra economía a lo que se denomina “deterioro de términos de intercambio”, por el cual se repite la historia económica de la explotación de nuestros recursos naturales que se venden a precio barato para luego comprar productos manufacturados a precios más caros, quedando condenados a ser un país productor de materias primas (mientras éstas duren).

A todo ello, se suma el hecho de la extrema vulnerabilidad de nuestra economía, que, si bien sigue creciendo, lo hace debido a los altos precios de los metales en el mercado internacional, lo que implica que si hay una variación en los precios de los denominado commodities nuestra economía simplemente puede frenarse de golpe o aún colapsar, si es que no se diseñan e implementan políticas de diversificación económica, como incluso y repetidas veces lo ha señalado Michael Porter en sus dos visitas a Perú.

Pese a que en esta etapa se experimenta un ciclo internacional prolongado de precios extraordinariamente altos de los metales que, por lo demás, debido a las leyes fujimoristas y alanistas que otorgaron extraordinarias facilidades al desarrollo de la gran minería y, debido también a la alta riqueza de los yacimientos que permiten bajos costos de producción, las empresas mineras se niegan a hacer aportes fiscales adicionales apelando, para ello, a sus contratos de estabilidad jurídica y a su enorme poder para jaquear al Estado vía los medios de comunicación o sus poderosos lobbys directos o través de influyentes estudios de abogados del país (García Sayán, Osterling, Echecopar) como lo ha puesto en evidencia la periodista de IDL, Milagros Salazar, con relación a evadir las multas de Osinergmin.

Del lado gubernamental, incluido el nuevo gobierno de Ollanta Humala, se ha optado por seguir promoviendo prioritariamente la minería, y aunque se ha anunciado recién que habrá nuevas regulaciones, aún no se tiene claridad sobre cuáles y el alcance preciso de las mismas (aún falta reglamentar la ley de consulta previa y se ha anunciado la promulgación próxima de la ley de ordenamiento territorial). Lo cierto es que a partir de las recientes declaraciones del primer ministro y del ministro de minería y energía, lo que parece primar es apoyar sí o sí a las mineras para que éstas contribuyan con el gravamen minero que, en el corto plazo, permitan al gobierno nacionalista realizar las obras de infraestructura y la prestación de servicios sociales. No sería extraño que, en este contexto, el gobierno opte por inclinar la balanza del lado de las empresas, como claramente lo ha señalado Víctor Caballero de la unidad de conflictos de la PCM (“La ley de consulta se aplicará solo donde el diálogo previo no funcione” y sus advertencias a lo que el denomina “violentistas y contrarios al desarrollo” sin llamar curiosamente la atención a aquellas empresas social y ambientalmente irresponsables).

Tiempos de cambio

Aunque pueda ser prematuro, y prime aún la incertidumbre para saber en qué dirección van a venir los cambios del nuevo gobierno o cuáles van a ser las continuidades que se afirmen, todo parece indicar que, en el plano social, la minería seguirá siendo la mayor fuente de conflictividad socioambiental. Por otro lado, las grandes empresas buscarán someter al gobierno de Ollanta Humala a la demoledora presión de sus medios de prensa, de sus respaldos gubernamentales extranjeros, de sus poderosos lobbys, si no también de sus chantajes.

Desde la sociedad civil organizada que no se deja coptar o corromper o desde partidos políticos como Tierra y Libertad, seguiremos afirmando que si la minería en Perú, como ha ocurrido en otros países, quiere aportar al desarrollo de largo plazo, con justicia social y sostenibilidad ecológica, la política económica y específicamente la de las industrias extractivas tienen que transitar por otros caminos: el del desarrollo y la innovación tecnológica, el de la asignación de valor agregado, del cuidado y la fiscalización ambiental, de la consulta y respeto a los pueblos y de la utilización de la renta minera para la diversificación de la economía. De tal manera que dejemos de ser clasificados como un país minero y podamos convertirnos en lo que debemos ser: un país pluriproductor, megabiodiverso, que no depende de una única actividad como la minería. Son tiempos de crisis ecológica planetaria, de crisis financiera mundial, de nuevo gobierno, de esperanzas de cambio que no se deben defraudar. Y podemos hacerlo, si miramos el Perú como un país con futuro y si, generosa y responsablemente, pensamos en los derechos que tienen los peruanos que vendrán después de nosotros. Lo que no se puede perder de vista es que los cambios deben ocurrir ahora, no podemos seguir en la larga y penosa espera que fue defraudada por el régimen corrupto y genocida de Fujimori, insuficiente y miope de Alejandro Toledo o por el gobierno soberbio, depredador y corrupto de Alan García.

Minas Conga: un desafío en el horizonte

Este proyecto minero, anunciado el 28 de julio de 2011, unas horas antes de la asunción de mando del presidente Ollanta Humala, puede ser la prueba de fuego de los cambios o continuidades que el nuevo gobierno deberá mostrar al país que lo eligió. Los 4 mil 800 millones de dólares que se dice invertirá Yanacocha en este proyecto no pueden hacerse a cualquier costo social y ambiental. En tiempos de cambio climático, de que existe una conciencia ciudadana, cada vez más creciente, que no hay desarrollo verdadero sin justicia social y sostenibilidad ecológica, los nuevos gobernantes no pueden permitir que se destruyan más lagunas y sistemas hídricos y se subordine, cuando no ponga en grave peligro el desarrollo agrícola y ganadero del sur de una importante región como es Cajamarca, tan solo para garantizar que una controvertida empresa minera aurífera recupere su inversión en unos pocos años de los 17 que inicialmente calculan que durará su proyecto.

Revisar el EIA que fue aprobado dolosamente, escuchar las preocupaciones legítimas de las organizaciones y sus autoridades no coptadas o que no se han dejado corromper, acercarse los gobernantes a las poblaciones, fortalecer la institucionalidad ambiental nacional, regional y local; someter el proyecto al proceso de zonificación ecológica y económica regional y a un plan de ordenamiento territorial, están entre los requisitos mínimos que el nuevo gobierno debe observar para que este conflicto que, en los próximas días amenaza con extenderse y desbordarse, no termine generando un clima de zozobra social en una región que tradicionalmente ha sido pacífica, pero que también sabe ponerse dignamente de pie para defender su derecho al agua, a la tierra y decir ¡Basta!
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* Marco Arana, político, sociólogo, catedrático y ex-sacerdote peruano, fundador y militante del “Movimiento Tierra y Libertad”.
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Fuente: www.lamula.pe

Ley de consulta previa a los pueblos indígenas: límites, retos y libre determinación

Por: Fernando Gutiérrez


El 23 de agosto último, parlamentarios fujimoristas, pepecistas y otros defensores del gran capital votaron por el proyecto de ley de consulta indígena que tenía el mismo texto que la autógrafa aprobada el 19 de mayo del 2010 y que habían rechazado en aquella ocasión. Por otra parte, el minúsculo voto aprista actual también sumó, dando la espalda a las observaciones de Alan García a las cuales se habían allanado el año pasado.


¿A qué se debe tal voltereta política? ¿Han dejado de creer en los grandes empresarios del oro y el petróleo? ¿Se han arrepentido de la política del perro del hortelano? Nada de eso.


La votación unánime en favor de la consulta indígena es resultado directo del estado de ‘insurrección social’ que existe en el país respecto del modelo económico excluyente y de la explotación frenética de nuestros recursos naturales.


De este modo, empresarios, gobierno y partidos han decidido enfrentar juntos el profundo descontento social, con la política de otorgar concesiones importantes a cambio de no tocar lo esencial del modelo neoliberal.


El aumento del salario mínimo, aceptado por la central empresarial CONFIEP, va de la mano con la continuidad del régimen de flexibilización laboral y las services. La ‘donación’ por parte de la patronal minera de una mayor porción de sus sobreganancias tiene de contraparte el respeto a los convenios de estabilidad y exoneraciones tributarias.

LOS PUEBLOS DELANTE DE LA LEY DE CONSULTA

La ley de la consulta previa es, sin duda, una herramienta jurídica que legitima ante el país y el mundo derechos básicos de las comunidades y pueblos del Perú que se consideran descendientes de las culturas originarias andinas y amazónicas.


Cuando dicha norma sea promulgada por el Ejecutivo, se dará inicio a un proceso de ruptura con la vieja relación tutelar colonialista que la república heredó del poder español. Sin embargo, hacer valer de verdad los derechos indígenas no depende solo de un papel.


Es preciso que las fuerzas indígenas y campesinas continúen luchando y fortaleciendo sus organizaciones, de modo que puedan vencer todos los obstáculos que el poder fáctico de la clase propietaria, sus políticos y medios de comunicación interpondrán para tratar de evadir, desprestigiar o rechazar las decisiones que tomen los pueblos frente a los proyectos empresariales.


Un importante primer paso en ese sentido es demandar que el presidente Ollanta Humala promulgue la ley de inmediato. Pero, junto con ello, es preciso tomar conciencia de los flancos del texto aprobado que ponen límites al derecho de libre determinación de los pueblos originarios. Existen tres puntos cruciales.


Primero: la decisión final de la consulta queda en manos del Estado. Esto puede implicar un severo límite a la libre determinación, derecho implícito en el Convenio 169 de la OIT que solo la ‘buena fe’ de las autoridades lo puede acoger. En cambio, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas sí establece con total claridad el derecho de libre determinación, pero esta norma no se quiso incorporar en la negociación del proyecto inicial de ley de consulta previa en el 2010.


Esto puede resultar en problemas graves para los casos de Tambogrande, Huancabamba, Ayabaca, Islay, Puno y otros en que los pueblos y las comunidades ya han decidido no aceptar proyectos mineros en sus territorios. En dichos ejemplos, la lucha ha impuesto la solución, lo cual significa que el derecho indígena ha sido ejercido más allá de la flamante ley de consulta previa: la palabra final la dieron los pueblos, no la autoridad estatal. ¿Respetará el Gobierno lo ya decidido?

LÍMITES Y RETOS

Segundo: las autoridades interesadas en llevar a cabo planes de desarrollo o dictaminar normas en territorio indígena serán quienes decidan si esas medidas son materia de consulta o no; y también a quiénes corresponde consultar. Dado el carácter colonial que todavía domina la mentalidad de la burocracia estatal y de los políticos tradicionales, los pueblos indígenas encontrarán muchos obstáculos en estas dos fases del proceso de consulta.


Tercero: como ya lo explicó en el 2010 el especialista Bartolomé Clavero*, la Disposición Complementaria Segunda de la ley es abiertamente contraria al derecho indígena a la consulta. Dicha disposición dice: “La presente ley no deroga o modifica las normas sobre el derecho a la participación ciudadana. Tampoco modifica o deroga las medidas legislativas, ni deja sin efectos las medidas administrativas dictadas con anterioridad a su vigencia”.


Lo anterior equivale a decir que como hay leyes sobre acceso a recursos con régimen de participación ciudadana (que no contempla el derecho indígena a la consulta), entonces la reciente ley de consulta previa no podría garantizar este derecho, pues las leyes anteriores prevalecerían.


Por otra parte, establecer la imposibilidad de dejar sin efecto las concesiones y normas ya decretadas y que favorecen a industrias extractivas, etc., significa que el derecho indígena a la consulta no tendrá valor frente a los proyectos en curso o programados, muchos de los cuales son objeto de serios conflictos sociales y ambientales.


El artículo 103 de la Constitución del Perú, modificado en el 2004, establece: “La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad”.


La ley de consulta, por tanto, según la Constitución se aplica a las relaciones y situaciones existentes con efectos derogatorios de otras normas que le antecedan, inclusive de las de su propio rango legislativo, y suspende o anula actos administrativos que la contradigan.


Así, la Disposición Complementaria Segunda resulta inconstitucional. También lo es porque contraviene la vigencia del Convenio 169 de la OIT que es parte del cuerpo constitucional del Perú desde 1995.

Para corregir este contrasentido, es preciso que la ley sea promulgada y luego cualquier autoridad local o regional podrá interponer recurso de inconstitucionalidad contra la referida disposición complementaria.


*Clavero, Bartolomé, miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. "Perú: Por la Promulgación Inmediata de la Ley de Consulta". 22 de mayo, 2010. http://clavero.derechosindigenas.org/

Sicario económico de las transnacionales y EE.UU. confiesa cómo se libran de los gobiernos que defienden a sus países y pueblos

Ollanta Humala: mensaje para la platea desde balcón neoliberal

Por: Fernando Gutiérrez

Quienes esperaban un mensaje de 28 de julio en el espíritu buena gente de la ‘hoja de ruta’, se sintieron alarmados cuando el nuevo Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, aludió a los ‘principios y valores’ de la Constitución de 1979. Sin embargo, muy pronto quedó claro que el líder de la ‘gran transformación’ solo había hecho un gesto para contentar a la platea, es decir a los millones de pobres que lo encumbraron esperanzados en un cambio de verdad, que habían sido sacudidos por el trago amargo de la concertación con los defensores del modelo excluyente y explotador.

No hay condiciones

Una forma muy manida ¬-y a veces inútil- de escabullirse de la pelea franca por parte de las direcciones consiste en decirle a sus bases que no hay condiciones. Ollanta y sus aliados ‘progres’ e izquierdistas, echaron mano de tal artificio para justificar su giro hacia el acuerdo con los neoliberales ‘decentes’ representados por Mario Vargas Llosa y Alejandro Toledo.

Ollanta Humala estaba advertido del apoyo condicionado que le habían dado los sectores pobres, que constituyen la mayoría de la población peruana. No había cheque en blanco y así se lo hicieron saber, por ejemplo en Puno, en donde aymaras y quechuas le dieron un plazo de 30 días para que atienda sus demandas.

Aún así, el ex comandante dio otro paso que lo distanció mucho más de su base electoral, entregó el control económico, financiero y productivo del Estado a personas de formación ideológica neoliberal a prueba de balas: Salomón Lerner Ghitis en el Premierato, Luis Miguel Castilla en Economía, José Luis Silva en Comercio Exterior, Kurt Burneo en Producción y Julio Velarde en el Banco Central de Reserva, entre otros.

Por tanto, un discurso algo radical en el Congreso era indispensable para contrapesar las posibles pérdidas políticas en el movimiento social. En realidad, el primer discurso presidencial de Humala fue un ‘balconazo’ que utilizó los apremios de la inclusión social para justificar su decisión de continuar con el modelo neoliberal que basa el crecimiento económico en la explotación intensiva de los recursos naturales entregándoselos al gran capital transnacional y nacional.

Consulta previa: olvido calculado

No fue casual, por ello, que el flamante Presidente no dijera nada sobre la reclamada ley de la consulta previa a las comunidades indígenas. Ese ‘olvido’ tiene que ver con su empeño en garantizar el nuevo ‘chorro’ de inversiones que las corporaciones mineras tienen en cartera para los próximos cinco años: cuarenta mil millones de dólares.

Humala era conciente de que las luchas desplegadas por las comunidades significaban una mala señal para esas nuevas inversiones. No era oportuno entonces aludir siquiera a la ley de consulta. No había que provocar a una agresiva patronal que estaba amenazando con irse a Chile si le cobraban más impuestos.

En ese marco, y pese a la buena voluntad de los ministros ‘progres’ que recomiendan la aprobación inmediata de la ley de consulta indígena, es probable que Ollanta, en la práctica, convierta dicha norma en un tren sin carriles.

Pobreza y contaminación

Por otra parte, dado el compromiso de la ’hoja de ruta’ de no espantar las inversiones, Humala fue cuidadoso en especificar que el impuesto a las sobreganancias mineras será negociado con los retrecheros señores del oro y el cobre.

Extraño camino escoge el Presidente, si se toma en cuenta que es de este sector de donde su gobierno espera obtener los recursos más importantes para financiar Pensión 65, Juntos, Cuna Más y Beca 18. El ex comandante tendrá que ablandar el corazón de los voraces accionistas que quieren aprovechar al máximo los precios altos de los metales.

En su discurso, el líder de Gana Perú insistió en el aliento a la inversión privada en la explotación de los recursos naturales pero con respeto a las poblaciones, a los trabajadores y al medio ambiente. Bonitas palabras que solo atornillan aún más la lucha contra la pobreza y la contaminación a un modelo económico que en 20 años de aplicación solo ha extendido la miseria rural, el desempleo, los bajos salarios y la afectación a la naturaleza.

En conclusión, el contenido de fondo del mensaje presidencial fue: se hará un cambio importante solo en la parte de las compensaciones sociales, pero estas dependerán de la estabilidad y continuidad del modelo neoliberal de desarrollo. Por tanto, la prioridad del nuevo régimen será atraer la inversión privada y en especial las grandes inversiones extractivistas, en infraestructura y agroexportación.

Sin mayor novedad en el frente interno

Dentro de este enfoque, ¿dónde ubicó Humala la agricultura mediana, pequeña y familiar, la producción comunal y a la micro y pequeña empresa? Como siempre, en la periferia de la economía nacional. La historia no cambiará gran cosa.

Gana Perú se propone construir una ‘economía nacional de mercado’, o sea, un mercado interno fuerte y prevalente. Este objetivo es imposible si no se hace protagonistas del desarrollo a los sectores que producen para adentro y ocupan a la mayoría de la población con capacidad de trabajo.

Para dichos sectores, Humala anunció la reactivación de Agrobanco, ayuda técnica, cultivos alternativos y un nuevo ministerio de desarrollo e inclusión social, todo ‘gradual y racional’.

Gradual y racional será también la restitución de derechos laborales, la atención al calamitoso estado de la salud y educación públicas, así como el mejoramiento de los salarios, que ha empezado con el incremento del salario mínimo en dos soles cincuenta por día hasta fin de año y otra cantidad igual en el 2012. Son gotas que tarde o temprano llenarán el vaso de la impaciencia social.

Su anuncio de que fortalecerá las empresas públicas Petroperú, Electroperú, Enapu y Sima genera dudas en tanto no tuvo la contrapartida de un cambio constitucional, sin lo cual no se podrá superar el rol subsidiario del Estado establecido en la Carta de 1993, norma que prohibe la inversión estatal productiva.

De otro lado, el nuevo mandatario también se esmeró en ratificar su respeto a los pactos y contratos suscritos por sus antecesores con los países industrializados, la banca internacional y las transnacionales, pese a que estos colocan al Perú en situación de subordinación como él mismo denunció en reiteradas ocasiones.

El discurso presidencial del 28 de julio dividió la cancha, pero no contra el Fujimorismo como algunos deducen impactados por el escándalo Martha Chávez. Ollanta Humala definió con total claridad que su gobierno está del lado del continuismo neoliberal y solo desde esa posición abordará la inclusión social en forma progresiva y racional, es decir sin poner en riesgo la estabilidad fiscal como lo exigen el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Media vuelta hacia Unasur

La obediencia a esas entidades financieras ya es anti histórica. La crisis que sacude Grecia, España, toda Europa y Estados Unidos es producto de la ideología monetarista defendida por dichas instituciones. Por ello, el vuelco hacia Unasur expresado en el mensaje de Ollanta Humala, es una buena señal frente a la amenaza creciente de la crisis internacional.

Es muy positivo que los presidentes sudamericanos hayan tomado el tema de defender en bloque nuestras economías ante el peligro de recesión en Europa y Estados Unidos, que fácilmente puede extenderse a China e India dada la dependencia de estos países emergentes de la capacidad de compra de las economías altamente industrializadas.

Sin embargo, la orientación positiva hacia Unasur es contradictoria con la política interna de continuar apostando prioritariamente a las grandes inversiones norteamericanas y europeas, así como exportar a dichos mercados. Los TLC se volverán obsoletos apenas empiece la recesión en el hemisferio norte desarrollado.

De allí que la defensa en bloque de las economías sudamericanas para impedir ser arrastrados por la crisis en los países capitalistas centrales, tiene que tener concordancia con una política de desarrollo que mire hacia nuestras fortalezas, recursos y capacidad de trabajo, con soberanía y según nuestras propias necesidades; dando prioridad al intercambio y proyectos conjuntos en Unasur y la Comunidad Andina.

Agenda para el cambio

En este nuevo escenario, los pueblos, movimientos y organizaciones que con sus luchas gestaron el espacio político que puso en el poder a Ollanta Humala y Gana Perú, tienen que organizarse para presionar por el cambio en los términos en que consideren legítimo, así como establecer una agenda que dé soporte en el diálogo con las autoridades y a la vez facilite la unidad indígena, campesina y popular para respaldar con acciones las demandas hacia el cambio, a nivel local, regional y nacional.

Los aspectos básicos en los cuales es urgente avanzar se pueden resumir en los siguientes:

1. Cambiar la relación tutelar y abusiva del Estado frente a los pueblos indígenas, por otra que implique un trato digno y de respeto a los derechos humanos.

Para ello, el Ejecutivo debe promulgar la Ley de consulta previa aprobada por el Congreso anterior en mayo del 2010, de conformidad con el Convenio 169 de la OIT que es parte del cuerpo constitucional del Perú desde 1995 en que fue ratificada por el Parlamento de entonces.

En virtud a lo anterior, las autoridades deben también reconocer carácter vinculante a las decisiones de las comunidades y pueblos respecto a la presencia de las industrias extractivas en sus territorios, así como frente a cualquier proyecto de ordenamiento territorial para la explotación minera, de hidrocarburos, forestal, proyectos de agroindustria e industria alimentaria, entre otros.

Así mismo, y para dar una buena señal a las comunidades en conflicto, se deben suspender todas las concesiones no consultadas hasta que se cumpla con dicho requisito, conforme lo recomienda el organismo competente de la OIT con la finalidad de evitar ocurran nuevos ‘Baguazos’. Aymaras y quechuas de Puno arrancaron esta medida al gobierno saliente para la región altiplánica; Humala debería ratificarla de inmediato.

También es urgente que el nuevo gobierno acabe con la impunidad de las empresas que contaminan el medio ambiente. Para ello debe fortalecer la vigilancia ambiental y aplicar sustantivas sanciones económicas en los casos de contaminación de ríos, páramos y ciudades.

En aspectos de mayor proyección, es preciso que se implementen nuevas políticas públicas que respeten los territorios, derechos y formas de vida de las comunidades y pueblos indígenas, así como favorezcan su desarrollo y participación permanente en las decisiones de gobierno a todo nivel. Para tal efecto es necesario no solo el irrestricto respeto al Convenio 169 sino, además, asumir como norma nacional la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

2. Cambiar la relación hostil, explotadora y excluyente del Estado respecto al agro nacional y a las familias campesinas que alimentan a todos los peruanos, para garantizar de ese modo la independencia y seguridad alimentaria del país.

Para avanzar en este propósito, el Ejecutivo debe asegurarse que Agrobanco realmente provea crédito suficiente y barato, así como apoyo tecnológico a las familias y comunidades campesinas dedicadas al cultivo de alimentos y productos artesanales.

Por lo mismo, asumir la defensa del agro nacional y en particular de los productores del campo que solo viven de su trabajo, frente a la competencia desleal que significan los alimentos importados subsidiados y protegidos por el TLC firmado con los Estados Unidos. Determinar para ello precios de refugio, justos y oportunos para los principales alimentos de consumo interno.

Es urgente, además, que se derogue la actual ley de aguas y se apruebe otra que defienda el carácter público y social de este recurso, respete la administración campesina autónoma para su uso y evite convertirlo en objeto de negocios privados.

En igual sentido, el gobierno Humala debe derogar la ley forestal alanista y aprobar otra que defienda los bosques de la privatización y deforestación, así como garantice los derechos ancestrales de las comunidades sobre los mismos.

3. Cambiar toda la legislación laboral del cholo barato y sin derechos.

Acabar de una vez con la oprobiosa figura del despido arbitrario que convierte a los empresarios en los señores feudales del siglo XXI. Eliminar también el sistema de las services y todas las disposiciones de flexibilización laboral heredadas del Fujimorato.

En su lugar, aprobar una nueva Ley del Trabajo que restituya la estabilidad laboral plena, garantice el respeto a la jornada de ocho horas y proteja y aliente la sindicalización, conquistas históricas que todavía se respetan en los países que se autodefinen modernos y civilizados.

Igualmente, acabar con las remuneraciones de hambre. Dictaminar en forma urgente un aumento general de sueldos, salarios y pensiones en un 100%, con el compromiso de reajustes en función del costo de la canasta básica familiar. Defender el poder adquisitivo de los trabajadores mediante el control de precios a los alimentos, gas y servicios esenciales.

Hacer justicia a los asegurados de las AFP garantizándoles la libre desafiliación, sin condiciones. Y obligar a las empresas y altos funcionarios a responsabilizarse por las pérdidas, bajar las cotizaciones y rendir cuentas públicas.

Iniciar el proceso de devolución de los aportes a los fonavistas, investigando y sancionando a los responsables del despilfarro y mal uso de este Fondo.

4. Elevar en forma urgente la calidad de los servicios de educación y salud públicos con los presupuestos que sean necesarios. Reimpulsar y ampliar el programa de educación intercultural bilingüe y los programas de salud intercultural. Aprobar una nueva ley universitaria para convertir las universidades públicas en centros de investigación y profesionalización al servicio del desarrollo interno y la demanda de los pueblos, en base a sistemas transparentes de acreditación.

5. Establecer un fuerte impuesto a las sobreganancias mineras e implementar una reforma tributaria para que paguen más impuestos las grandes empresas, los bancos y accionistas que negocian en bolsa, y sean disminuidos los impuestos que afectan al consumo popular en alimentos, vestido, vivienda, educación y servicios.

6. Destrabar y reimpulsar el sistema de lucha contra la corrupción empezando por dar curso inmediato a la investigación y sanción en los casos que involucran a personajes políticos y altos ex funcionarios, como el faenón, espionaje telefónico, lavado de dinero, tren eléctrico, robo de documentos en Salud y otros. Dar prioridad en el Congreso a la aprobación de las propuestas del Presidente Humala para que los delitos de corrupción sean imprescriptibles, no gocen de beneficios penitenciarios y los culpables sean inhabilitados a perpetuidad para la función pública.

7. Cambiar la relación autoritaria del Estado frente a la ciudadanía y los pueblos, expresada en la negativa sistemática a facilitar la participación popular en el debate de normas, políticas y tratados que comprometen el futuro del país a mediano y largo plazo, como es el caso de los denominados tratados de libre comercio y la deuda pública.

Para el efecto, revisar y someter a referendo nacional todos los tratados de libre comercio firmados o por firmar. Asimismo, someter a una auditoría y debate nacional la cuantiosa deuda externa, suspendiendo todo pago hasta que se realice un referendo que defina qué hacer con ella.

Acompañar estas primeras medidas democratizadoras con la convocatoria a una Asamblea Constituyente para implementar un nuevo pacto social basado en la realidad plurinacional, multicultural y plurilingue del Perú y el respeto irrestricto a los derechos humanos, especialmente de los sectores más vulnerables: las niñas, niños y adolescentes, las mujeres, las personas con discapacidad, los pueblos originarios y los sectores en situación de extrema pobreza.
El cambio constitucional es necesario también para acabar con la supremacía de los intereses transnacionales y privados sobre el país, recuperar la soberanía nacional sobre los recursos naturales y las finanzas públicas, restituir al Estado su capacidad de realizar inversiones productivas con objetivos sociales y recuperar el control público sobre los sectores económicos estratégicos. Es, además, imprescindible para la recuperación plena de todos los derechos democráticos, económicos, sociales y culturales afectados por la espúrea Constitución de 1993.
6 de agosto del 2011

Proyecto minero Tía María sigue amenazando Cocachacra

“La Southern todavía no se resigna a perder…”

Pepe Julio Gutiérrez.

En el marco del III Diálogo de Saberes y Movimientos realizado en Lima los días 22 y 23 de julio, entrevistamos a Pepe Julio Gutiérrez, presidente del Frente Amplio de Defensa del Valle del Tambo. La transnacional Southern Perú insiste en llevar a cabo su proyecto cuprífero Tía María, cancelado por el gobierno saliente ante la fuerza de la movilización social y las críticas de Naciones Unidas al estudio de impacto ambiental que resultó un fraude. La Southern saludó el triunfo de Ollanta Humala y le extendió su confianza. ¿Se cocina algo turbio o los nuevos ministros de Energía y Minas, Ambiente, Cultura y Agricultura harán valer los derechos de las comunidades afectadas como manda el Convenio 169 de la OIT?


¿Por qué razón el pueblo de Tambo se vio envuelto en el problema con la Southern?

La razón fundamental fue aquella agresión que se empezó a hacer para despojarnos de lo que consideramos un trabajo de varias generaciones. Nosotros somos un pueblo eminentemente agrícola. Por todos los estudios y jornadas de capacitación que hicimos vimos que una actividad diferente a la nuestra, como es la minería, iba a desaparecer el valle; es cuando realmente nos pusimos a pensar y allí nace el conflicto.

¿Cómo así lograron involucrar en la lucha a toda la población de Islay?

Se dieron tres escenarios diferentes. El primero, cuando nace el Frente del medio ambiente y los recursos naturales, con Cocachacra como zona de influencia directa. A partir de allí empezamos un sistema de capacitación en todo el valle del Tambo.
A raíz de eso, nace la idea de conformar una entidad mayor que es el Frente amplio de defensa del valle del Tambo, el mismo que en significativas asambleas populares logró convocar a tres mil, dos mil quinientas personas, por lo tanto era el momento de tomar una determinación con una medida social.
Lo hicimos a través del éxito del primer paro en abril del 2010, un paro medio timorato y fracasado en noviembre pero que fue contundente por los resultados de las elecciones regionales y municipales y, finalmente, cuando no nos quedó más que desencadenar en una lucha a nivel provincial, trasladándonos en dos oportunidades del campo a la ciudad. Hicimos una gran marcha de motivación hacia Arequipa, con más de cinco mil pobladores del valle del Tambo y, posteriormente, una movilización de aproximadamente ocho mil personas a la capital de la provincia.
Eso creo que motiva a la provincia. Y creo también, en el tercer escenario, tuvo mucho que ver la desmedida represión policial que sufrimos nosotros, que no solamente fue contra Cocachacra sino en todos los puntos de la movilización. Eso motivó aún más a la gente que realmente se unió y por primera vez en la historia de la provincia de Islay logramos unir la fuerza más grande, toda la provincia de Islay y lo que significa el valle del Tambo.

¿Este tipo de problemas se pueden resolver ahora con la ley de la consulta previa?

Creo que sí pero con una ley que no sea ambigua, como muchas de las leyes que se dan. Por ejemplo, en el 2004 se dio una norma de ordenamiento territorial, nadie le hacía caso; este año cuando se comienza a motivar a la gente, el Ministerio del Ambiente saca una norma recortándole importancia y haciendo no vinculantes las decisiones que se tomen al amparo de la misma. Se hace un reglamento del Convenio 169 en donde se da validés a la consulta pero se dice que si el proyecto es de necesidad nacional, no vale la decisión de la consulta.
Más que vinculante la consulta debe ser aceptada por las partes, lo que le llamo la consulta de partes, en donde las empresas y las comunidades que son parte de la licencia social se pongan de acuerdo y ambos respeten el resultado. Creo que si se da una norma de esta jerarquía pero con estas condiciones se evitarían muchos conflictos.

¿En otro escenario en donde exista la ley de consulta ustedes reevaluarían la presencia del proyecto minero Tía María?

Es imposible porque nosotros ya hicimos una consulta con todas las garantías del caso, y si vamos a una nueva consulta estoy convencido que le volvemos a ganar, pero con la zona de influencia directa porque qué tendría que hacer un arequipeño de la capital votando por un proyecto como Tía María. Yo creo que allí sí actuaría el poder del dinero.
Segundo, creo que hay otro escenario en Cocachacra: las heridas que todavía tenemos están sangrando, aún está fresco el recuerdo de los muertos, tenemos como dieciocho mutilados, una serie de heridos, tenemos persecusión policial, y sin embargo la empresa todavía no se resigna a perder.
En el ministerio de Energía y Minas el expediente Southern ha pasado al Consejo Consultivo de Minería. Cómo alguien que ha sido derrotado por un poder social y por un decreto eminentemente técnico-legal todavía se aferra a cosas de esta naturaleza. De manera que esas cosas tienen que cambiar para que realmente cambie el escenario. Mientras tanto, el poder social está mucho más fortalecido.

¿Han tenido ocasión de conversar con las comisiones de transferencia del nuevo gobierno?

Nosotros hemos hecho un Encuentro los días 24 y 25 de junio en Cocachacra, en donde hemos agrupado frentes de lucha como los de Majaz, Tambogrande, algunos del Centro y los del Sur que hemos tenido alguna experiencia en consultas y en las luchas. Pero nos dimos con una sorpresa.
Hicimos llegar un Pronunciamiento conjunto a las autoridades del gobierno, y por todos los canales posibles hemos buscado un acercamiento al nuevo gobierno para que escuche también la voz de un pueblo. Lastimosamente, siempre encontramos una respuesta: la agenda estaba llena. Pero no estaba llena para atender a los dueños del capital, a los dueños del Perú, a la oligarquía, ADEX, la Asociación de minería y a todas las organizaciones que simplemente maltrataron a la población en general.
Entonces, eso nos crea dudas, porque para decir, por ejemplo, que hace calor en la costa hay que sentir cómo pela la piel o como saca ampollas en los pies, o si digo hace frío en las alturas hay que sentirlo para saber cómo llegan a doler los huesos, pero desde un escritorio es muy diferente opinar cuando no se pisa una realidad.
Creo que los pueblos tenemos derecho a cuestionar cualquier aspecto, deben ser escuchados en todas las instancias de gobierno y eso evitaría también la posibilidad de los conflictos. ¡Se tiene que llegar a los muertos para que recién nos escuchen!

La Southern va a retomar su proyecto ¿ustedes van a esperar o algo ya están haciendo?

Nosotros estamos siguiendo el expediente general que tenemos en la vía legal. Teniendo la confirmación por el tribunal, estamos en la posibilidad de hacer nuestras acciones legales, no solamente por lo del expediente sino por lo de la falsedad ideológica y genérica, porque la empresa engañó no solo a Cocachacra sino al Perú entero, pretendiendo aprobar un proyecto con un estudio de impacto ambiental amañado. No lo digo yo, no lo dijeron los técnicos nacionales, lo dijo la UNOPS (Naciones Unidas).
El escenario cambia por los elementos técnicos que tenemos en nuestras manos, no solo por lo que plantea la UNOPS sino también por el trabajo socioeconómico y socioambiental que el Frente ha realizado, con lo que demostramos que en nuestro valle la agricultura tiene mucho más valor que la minería. Y, por otro lado, tenemos el aspecto social, que es la unión de nuestro pueblo, la férrea decisión de los pobladores de Cocachacra, quienes nunca nos vamos a postrar de rodillas sino que siempre los esperaremos de pie.

Surge la identidad aymara ante la prepotencia del Estado que otorga concesiones sin la consulta indígena

Sorpresa: nación aimara en el escenario político (1)*

Por: Rodrigo Montoya Rojas

Los recientes sucesos de Puno han puesto en el escenario peruano una sorpresa: la nación aimara como sujeto político. Antes, con la rebelión de Bagua de 2009, el movimiento político indígena de la Amazonía, surgió con su propia voz. La palabra nación debe ser entendida como sinónimo de pueblo, en el preciso sentido con el que Garcilaso Inca de la Vega -pensando en los Incas y en España- escribió una frase feliz en sus Comentarios reales: “en ambas naciones tengo prendas”. En 2009, José Luis Ayala, el poeta y escritor puneño, escribió el libro “Aymar marka, Nación aimara”. Hoy, una masa de miles de personas se reconoce como parte de una nación aimara, entendida como signo de una identidad colectiva.

 

En tiempos de la lucha por la tierra, (1888-1980) lo más importante en Puno fue recuperar parte de las tierras comunales que los hacendados y las reformas agrarias expropiaron. En ese largo período la nación aimara no era aún un término de identidad colectiva.

 

Desde 1999, la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, CONACAMI, surgió para asumir la defensa de derechos de pueblos como Tambo Grande en Piura, que decidió democráticamente con el apoyo de un 97 % de las personas consultadas, no ceder frente a la empresa canadiense que, si seguía adelante en su proyecto de sacar el oro y otros minerales de su subsuelo, habría hecho desaparecer el pueblo y parte de sus terrenos de cultivo. En 2005, las movilizaciones surgieron a partir de la corrupción en el municipio de Puno. Luego, siguieron las grandes movilizaciones en Arequipa, Moquegua y parte de Cusco.

 

Hoy, el punto de partida para los aimaras tiene directa conexión con lo anterior: defender los cerros tutelares donde nacen las aguas que los pueblos y la tierra beben; impedir que las empresas mineras continúen con sus concesiones, proyectos y explotaciones que envenenan los ríos y las tierras; y, defender el río Ramis, para evitar que el lago Titicaca se convierta en un pantano muerto. Frente a esa realidad reaccionan los pueblos aimara y quechua. Dos frases que expresan la novedad política de nuestros últimos años son: “El gobierno no consultó a la Nación aimara” y “El pueblo quechua apoya a los aimaras”.

 

Defender la Amazonía sudamericana y los ríos que nacen en los Andes, significa defender la vida, estar al lado de la humanidad entera y no solo de los pueblos indígenas, tal como piensan y sienten los movimientos políticos indígenas de toda la cuenca amazónica. Esta es la cuestión de fondo. Plantearla supone admitir una inevitable confrontación con el Estado, por su presencia efectiva en todos los Andes y toda la Amazonía a través de leyes y decretos que autorizan las concesiones y benefician a las empresas, que con su complicidad deja que los mineros informales hagan lo que quieran, y que con su colonial soberbia no toma en cuenta la opinión y los derechos que los pueblos tienen para que sus tierras, aguas y ríos no se envenenen. Planteado el problema de este modo es inevitable optar. En términos de largo plazo de los próximos cien años: ¿estamos del lado de la vida o del lado de la muerte?

 

Martha Giraldo, mi amiga puneña de muchos años, ha autorizado que se publique en algunos de los medios de comunicación una carta dirigida a un grupo de amigos, expresando su profundo malestar por lo que ocurre en Puno y por las enormes dificultades que tiene para seguir siendo una empresaria que yo podría llamar progresista, categoría que podría ser extraña si se tiene en cuenta la tristísima historia de los empresarios y la enorme distancia que los separa del país en general y de los pueblos indígenas en particular. Volveré sobre el tema.

*Publicado en La Primera, 2 de julio de 2011

Gobierno y empresarios alientan nuevo "Baguazo" en Puno

Ni el “Cristo de lo robado” salvará a García si no promulga Ley de consulta a las comunidades

Por: Fernando Gutiérrez

Alan García viene provocando a los pueblos Aymara y Quechua en Puno, pese a que está en falta por haber otorgado concesiones mineras sin cumplir con la consulta previa a las comunidades afectadas.

En medio del conflicto, en vez de gestionar una solución a la huelga indefinida en Puno, se mandó instalar un Cristo de fibra de vidrio en el Morro Solar de Lima, calificado en las redes sociales como el “Cristo de lo robado”, en alusión al carácter corrupto del Presidente saliente, a quien la plata le llega sola.

Amigo de grandes empresas, como Odebrech, que regaló el aludido Cristo, García se atrinchera en su política del perro del hortelano que en el 2009 lo llevó a provocar el levantamiento amazónico contra su intento de vender la Amazonía “en grandes lotes” a los consorcios transnacionales.

En Puno, García está alentando una nueva confrontación interna de imprevisibles consecuencias, no le importa, lo único que cuenta para él es la defensa cerrada de las empresas mineras y petroleras frente a las comunidades aymaras y quechuas que solo exigen se cumpla con las normas constitucionales que protegen sus derechos.

PRACTICA ANTICONSTITUCIONAL

El Convenio 169 de la OIT, norma internacional de derechos humanos, es parte del cuerpo constitucional del Perú desde 1995, año en que el Estado peruano lo ratifica. Dicho documento establece los derechos especiales que corresponden a los pueblos indígenas y que los estados tienen la obligación de respetar.

Uno de esos derechos es la consulta previa, libre e informada, que en Perú las autoridades estatales deben realizar a las comunidades en cuyos territorios pretendan otorgar una concesión, implementar un proyecto de desarrollo o dictar normas administrativas que puedan interferir su forma de vida.

Ni Fujimori, ni Toledo ni García han cumplido con esta norma constitucional. De allí nacen los actuales y numerosos conflictos que involucran a pueblos andinos, amazónicos y costeños. Esa fue, por ejemplo, la razón para el levantamiento del 2009 que terminó en el “Baguazo”. A García y sus ministros Simon, Cabanillas y Araoz les alcanza responsabilidad política y penal por este hecho que enlutó al país.

Los pueblos indígenas reclaman con toda razón que el Estado “se ponga a derecho” en base a dos acciones: 1) suspender todas las concesiones extractivas y de infraestructura otorgadas en territorio comunal sin haber cumplido con la consulta respectiva; 2) iniciar los procesos de diálogo para obtener el acuerdo o consentimiento de las comunidades y pueblos que correspondan.

En el caso de Puno, García debería disponer la cancelación de todas las concesiones mineras y petroleras, esa es la única fórmula legal y constitucional de resolver el actual conflicto con las naciones Aymara y Quechua. En cuanto a la concesión minera en Santa Ana, ubicada en zona de frontera, el Gobierno ha transgredido incluso la prohibición constitucional de otorgar licencias a empresas extranjeras dentro de los 50 kilómetros fronterizos.

Es falso que la cancelación por decreto supremo de las concesiones mineras y petroleras en el sur de Puno “afectaría la seguridad jurídica del país”, como sostiene el viceministro de Minas, Fernando Gala. Esas concesiones no tienen ninguna base jurídica porque han sido dadas sin respetar las normas constitucionales peruanas.

Tampoco es una solución que solo se suspenda, a partir de la fecha, los nuevos petitorios mineros en la región, como propone el Ejecutivo. Esa medida consagraría la afectación a los derechos indígenas y legitimaría las concesiones inconstitucionales.

LEY DE CONSULTA PREVIA

Otra propuesta que intenta desarmar la lucha aymara-quechua es la de “consultar a todo el pueblo de Puno” sobre si acepta minería o no en su región. Esa medida colisionaría con el Convenio 169 de la OIT.

Es sabido que las poblaciones no indígenas son mucho más numerosas y una consulta general, vía referendo, colocaría a los pueblos indígenas en situación de perdedores y sin posibilidades reales de ejercer sus derechos.

Por tal razón, el Convenio 169 es enfático en señalar que el derecho de consulta solo corresponde a los pueblos indígenas, no a toda la población o ciudadanía, en casos de medidas estatales que les afecten directamente. Además, la norma estipula que la consulta debe realizarse en el marco de las instituciones y costumbres indígenas, lo cual excluye mecanismos extraños como el voto universal y secreto.

La aprobación en el Congreso de la República, en mayo 2010, de la “Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios” constituyó un paso trascendental para que el Estado retorne al cause constitucional.

Sin embargo, el Presidente García Pérez la observó y devolvió al Parlamento con cambios que desnaturalizan su esencia, reafirmándose así en su política del perro del hortelano. Desde ese momento García y los grandes empresarios decidieron no acatar el Convenio 169 de la OIT.

La Sociedad de Minería y Petróleo pidió que se declare inconstitucional la Ley de consulta aprobada. Y la CONFIEP (central empresarial) propuso que se establezcan «leyes propias» que protejan las grandes inversiones y legalicen las falsas consultas y los manipulados estudios de impacto ambiental que realizan las transnacionales para instalarse.

GOBIERNO ALIENTA NUEVOS BAGUA

La consulta de buena fe es una herramienta valiosa para dejar atrás la conflictividad social que llevó a la muerte de 24 policías y 10 indígenas en Bagua. Pero García insiste en desconocer los derechos constitucionales indígenas. Con ello está reproduciendo las condiciones políticas y sociales que llevaron al “Baguazo”.

Para esta nueva cruzada de muerte y división García cuenta con el apoyo y complicidad de los empresarios, políticos y medios de comunicación que se atrincheraron con Keiko Fujimori. ¡El Presidente saliente complota con los derrotados del 5 de junio para sembrar el caos y entregar un país violentado a Ollanta Humala!

Hay que impedir que prospere esta nueva amenaza contra el estado de derecho y la seguridad de todos los peruanos, demandando la promulgación de la “Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios”, respaldando sin reservas las demandas de aymaras y quechuas, así como rodeando el levantamiento puneño de la más amplia solidaridad hasta que triunfe.

La prensa pro Keiko azuza el miedo que hizo ganar a Alan García en el 2006

Invitación al suicidio moral

Por: Nelson Manrique

La agresión sufrida por el periodista Jaime de Althaus a la salida de su programa debe ser condenada sin atenuantes como una manifestación de intolerancia repudiable que perjudica en primer lugar a aquel que los perpetradores de este hecho proclaman defender.

A menos de un mes de las elecciones las encuestas muestran un empate técnico entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori. Humala está estancado, mientras que Fujimori viene creciendo, especialmente en Lima, entre los jóvenes y las mujeres. El crecimiento de Fujimori muestra que viene logrando convencer a los votantes de los sectores modernos de que un eventual gobierno suyo les ofrecería mayores garantías de estabilidad. Se trata de sectores sociales que han visto mejorar su situación socioeconómica durante la última década gracias a la prosperidad generada por los elevados precios de las materias primas que el Perú exporta y que temen perder lo ganado.

La tremenda campaña de miedo desarrollada por los grupos de poder económico a través de los medios que controlan, anunciando un futuro apocalíptico si Humala es elegido, viene llevando, como certeramente ha anotado Jorge Bruce, a un adormecimiento de la conciencia moral de sectores de clase media ilustrada que normalmente condenarían los atropellos cometidos por el fujimorismo contra los DDHH durante los años 90, la corrupción, el latrocinio generalizado y la destrucción de las instituciones democráticas. Pero el cargamontón mediático ha tenido efecto y estos sectores sociales temen que un gobierno nacionalista haga peligrar su situación. A esto se suma la sostenida campaña de diversos voceros de los grupos de poder para dorar la píldora invitando a los ciudadanos mejor informados –que precisamente por ese hecho tienen una mayor responsabilidad– a cometer un suicidio moral respaldando al mismo régimen culpable de la peor crisis moral de la historia del Perú.

La estrategia utilizada busca mostrar a la señora Fujimori como distinta y separada de su padre. Una estrategia que silencia la obvia responsabilidad que le cabe en las acciones del gobierno del que ella fue Primera Dama, luego de que usurpara el puesto que le correspondía a su madre, Susana Higuchi, avalando el secuestro y los maltratos de los que fue víctima. Se silencia sus reiteradas promesas de liberar a Alberto Fujimori en cuanto llegue al poder, proclamando que su gobierno fue el mejor de la historia del Perú.

Fernando Rospigliosi, hasta ayer uno de los más acérrimos críticos del fujimorismo y hoy uno de los promotores de su candidatura, sostiene que, en tanto Montesinos está en prisión y Keiko no va a poder disponer de sus servicios, no hay peligro de que se repitan los hechos del 90, lo cual es una especie de premio consuelo para quienes decidan abdicar de su responsabilidad moral. Lo cierto es que el fujimorismo hoy es una organización política como no lo fue en los años 90. La prisión de Alberto Fujimori permitió lograr algo que su personalismo había impedido: crear un verdadero aparato político, sostenido con muchísimo dinero, con dirigentes experimentados, cuadros y estructura orgánica y que hoy es apoyado por la derecha económica y sus medios de comunicación, dispuestos a avalar la impunidad con tal de salvaguardar sus intereses.

Esta maquinaria partidaria es dirigida por los responsables de los atropellos de los 90: los Fujimori, Martha Chávez, Luz Salgado, Jaime Yoshiyama, los Trelles, Aguinaga, Morelli, etc., los ejecutores y los cómplices del robo de más de 6.000 millones de dólares, de la esterilización forzada de 300.000 mujeres pobres, de la corrupción y envilecimiento de todos los aparatos de gobierno, del PJ, las FFAA, etc. Si en un país económicamente destruido pudieron saquear el Estado, es fácil imaginar qué sucederá si llegan al poder ahora que las arcas fiscales están llenas.

Según Ipsos/Apoyo, Fujimori le lleva 16 puntos de ventaja a Humala en intención de voto entre las mujeres. Hay aquí una evidente debilidad en la campaña electoral de Humala: la ausencia de mujeres capaces de defender y desarrollar públicamente las propuestas del nacionalismo. No basta poner a Nadine Heredia como elemento decorativo.

La República, 10/05/2011 - www.nelson.manrique.com

Elite neoliberal de Perú intenta hacer elegir a un norteamericano Presidente de la República

Perú: PPK on the rocks

Por: Nelson Manrique

El 10% de respaldo que ha obtenido PPK, según la última encuesta del IOP de la PUCP, ha sido un tónico que le ha refrescado la memoria con relación a una solemne promesa que hizo al proclamarse candidato presidencial: que renunciaría a su nacionalidad norteamericana.

Mientras anduvo anclado en un 5%, PPK hablaba del tema más bien remolonamente: hay que hacer consultas, es engorroso llenar las formas, nunca se sabe cuánto tiempo se va a tomar la burocracia, etc. Y fue llenando los vacíos con mentiras manifiestas, como afirmar que se nacionalizó porque los gringos lo presionaron a hacerlo, o que al naturalizarse gringo no renunció a su nacionalidad peruana.

En los EEUU no te presionan para hacerte ciudadano por llevar mucho tiempo viviendo allí, y eso pueden ratificarlo miles de peruanos que radican por esos lares. Esto puede ser un argumento a favor si uno quiere hacerse norteamericano, pero no es un motivo para que te pongan un cuchillo al cuello para obligarte a hacerte gringo.

Por otra parte, es requisito imprescindible –explícitamente señalado por la Guía para la Naturalización, el documento oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración del Departamento de Homeland Security de EEUU– renunciar a toda nacionalidad previa: “usted no puede convertirse en ciudadano americano hasta que haga el Juramento de Lealtad…

Cuando usted hace el juramento usted promete a hacer tres cosas: 1) Renunciar a lealtades extranjeras… 2) Apoyar a la Constitución (de los EEUU)… 3) Prestar servicio militar o civil a los EEUU”.El juramento que PPK ha leído en el acto público de su nacionalización como ciudadano de EEUU es suficientemente explícito: “renuncio absolutamente y por completo y abjuro toda lealtad y fidelidad a cualquier… Estado o soberanía extranjera, de quien o de cual haya sido sujeto o ciudadano antes de esto… apoyaré y defenderé a la Constitución y las leyes de los EEUU de América contra todo enemigo extranjero y nacional… profesaré fe y lealtad reales hacia el mismo… portaré armas bajo la bandera de los EEUU… prestaré servicio como no combatiente en las FFAA de los EEUU… asumo esta obligación libremente, sin ninguna reserva mental ni intención de evasión; lo juro ante Dios” (http://www.uscis.gov/files/article/M-476_Spanish.pdf, p. 28).

El texto tiene también versión en inglés, así que PPK no puede alegar que no entendió qué era lo que estaba jurando. Abjurar, según el DRAE, es: “Retractarse, renegar, a veces públicamente, de una creencia o compromiso que antes se ha profesado o asumido”.

El empeño de PPK en negar que ha renunciado voluntariamente a la ciudadanía peruana, “sin ninguna reserva mental ni intención de evasión”, recuerda la historia de la nacionalidad de Alberto Fujimori. Mientras fue presidente, negó categóricamente tener la nacionalidad japonesa, y este fue un secreto muy bien guardado, hasta por el gobierno japonés, que solo reveló que Fujimori San era un leal súbdito del emperador cuando el gobierno peruano solicitó su extradición para que respondiera ante la justicia por sus crímenes y robos. Y cuando –luego de cometer el mayor error de su vida al embarcarse hacia Chile, donde fue detenido– se vio confrontado con la perspectiva de su inminente extradición al Perú, recurrió a su nacionalidad escondida para presentarse como candidato al Senado japonés.

De acuerdo con el artículo 118º de la Constitución, el Presidente tiene la potestad de representar al Estado, dentro y fuera de la República, dirigir la política general del Gobierno, dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar y ratificar tratados, administrar la hacienda pública, negociar los empréstitos y dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, presidir el Sistema de Defensa Nacional, organizar, distribuir y disponer el empleo de las FFAA y de la PNP, adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, de la integridad del territorio y de la soberanía del Estado, declarar la guerra y firmar la paz. Supongo que siempre y cuando le deje tiempo su obligación de “portar armas bajo la bandera de los EEUU”, claro.

Ser presidente de la República debe ser el sueño de todo lobbysta.

La República, 18-03-11